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Admitido el recurso del Consell sobre la inconstitucionalidad de los PGE

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El President de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, formalizó ante el Tribunal Constitucional la presentación del recurso de inconstitucionalidad del Consell de la Generalitat contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, en el que se considera que esta norma impide a la Administración autonómica la prestación de servicios públicos fundamentales en las condiciones establecidas por la Constitución.

El President señaló, tras la presentación del recurso, que, con él, se busca “rescatar una parte de lo que lo les pertenece a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, y ha recordado que existen “cinco millones de españoles -los valencianos- que se sienten discriminados” por una ley que sitúa los servicios públicos de forma desigual entre unas comunidades y otras.

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Generalitat contra la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.

Concretamente el recurso se refiere a las secciones y capítulos relacionados con las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado, los sistemas de financiación de entes territoriales y el fondo de suficiencia global.

Así, se acuerda dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso y al Senado, así como al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

    El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presentó el pasado 28 de enero el recurso de inconstitucionalidad por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

El principal motivo es que los PGE para este ejercicio “mantienen unos ingresos insuficientes para mantener nuestros servicios públicos fundamentales” –sanidad, educación y servicios sociales–, a pesar de que “la Constitución establece que deben estar suficientemente financiados”, destacaron desde el Consell.

Además, indicaron las mismas fuentes, en la reforma del sistema de financiación de 2009 se fijó un fondo de suficiencia global para “ajustar las diferencias” entre las autonomías, pero éste “no corrige la insuficiencia que tenemos en servicios públicos fundamentales” los valencianos, dado que a la Comunitat Valenciana “le cuesta dinero”.

Del mismo modo, la Generalitat recordó que el sistema de financiación tiene una vigencia quinquenal, por lo que en 2013 tenían que haber comenzado las negociaciones con las comunidades autónomas para actualizarlo, pero no se ha hecho. Así, “en 2014, 2015 y ahora en 2016 se ha prorrogado unilateralmente por parte del Gobierno sin contar con las comunidades autónomas”.

En concreto, el recurso se dirige contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016. En concreto, la iniciativa reclama al Tribunal Constitucional la anulación de las previsiones de saldo del Fondo de Suficiencia regulado en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, que se desarrollan en varias secciones y programas anexos.

El cálculo del fondo de suficiencia realizado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos indica que la Comunitat Valenciana debe ingresar al Estado en 2016 un total de 1.329,53 millones de euros. Pero no se trata de una cantidad a devolver al final del año, ya que el Ejecutivo central la descuenta de su previsión de entregas a cuenta a la Generalitat para el presente ejercicio, que queda fijada en 7.875,24 millones de euros.

1.329 MILLONES DE EUROS

Si el Constitucional atendiese la reclamación valenciana, la financiación de la Comunitat procedente de las transferencias estatales debería aumentarse en esos 1.329,53 millones de euros. Esa cantidad es la misma que la insuficiencia financiera que reconoce la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016.

El pasado 3 de diciembre, Ximo Puig ya avanzó en la sesión de control del pleno de las Corts que iba a proponer al pleno Consell que iniciara al procedimiento para presentar un recuso de inconstitucionalidad contra los PGE y, asimismo, anunció que el Gobierno valenciano recurrirá por la vía contencioso-administrativa “los actos que, por acción u omisión, atentan contra la igualdad de los valencianos”.

Vulneración de principios constitucionales

Existen dos motivos que avalan el recurso. En primer lugar, el recurso argumenta que el Fondo de Suficiencia Global no cumple con su objetivo para el desarrollo de las competencias propias de la Comunitat, ni siquiera de los servicios publicos fundamentales, con lo que se produce una vulneración de los artículos 31.2, 157 y 158 de la Constitución, entre otros.

Cabe recordar en este sentido que la Carta Magna, en su artículo 158, prevé la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, que, en el caso de la Comunitat Valenciana, no podrá cumplirse con la financiación aportada por el Estado.

El Consell de la Generalitat entiende que se incumplen los principios y garantías que rigen el modelo territorial diseñado por la Constitución en lo que se refiere a suficiencia financiera, asignación equitativa de recursos públicos, solidaridad y equilibrio económico adecuado y justo en todo el territorio español, por lo que estima que la discrecionalidad propia del Ejecutivo no puede quebrar toda esa arquitectura constitucional.

Con la aplicación del Fondo de Suficiencia Global de la ley de Presupuestos, la Comunitat debe ingresar al Estado 1.329 millones en concepto de Fondo de Suficiencia negativo. Esta obligación se deriva de que la Ley 22/2009, que establecía el sistema de financiación de las comunidades autónomas, lo configura con el fin de garantizar a cada comunidad sus recursos anteriores. Ese criterio de cálculo perjudicó y perjudica a la Comunitat Valenciana, pues la mantiene con un nivel de recursos y gastos claramente inferiores a la media y le obliga en 2016 incluso a devolver unos ingresos que necesita para financiar su menor nivel de gasto por habitante.

A este respecto, en los Presupuestos del Estado para 2016 no se establece una asignación a la Comunitat Valenciana en función del volumen de los servicios y actividades estatales que ha asumido, con lo que se produce un evidente desvío respecto del nivel medio en el resto del territorio nacional.

En definitiva, a la Comunitat se le aplica un Fondo de Suficiencia negativo, a pesar de que las consignaciones de los Presupuestos no llegan a cubrir los servicios públicos fundamentales.

Prórroga arbitraria del sistema de financiación

En segundo lugar, el recurso también se funda en que la prórroga del sistema de financiación vulnera el bloque de constitucionalidad y no da amparo a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado 2016 en relación con los fondos de financiación y sus partidas de ingresos y gastos, lo que constituye una arbitrariedad y vulnera el artículo 9.3 de la Constitución.

En este sentido, el Consell alega que el sistema de financiación actual tiene un carácter quinquenal y está prolongando sus efectos más allá de lo previsto en la Ley 22/2009 sin base jurídica. Este carácter quinquenal se ve reforzado por diferentes artículos de la ley en los que se hace referencia exclusivamente al periodo 2009-2013. Por tanto, un nuevo modelo debería tener efectos desde el 1 de enero de 2014, pero la realidad no ha sido esa y el modelo de 2009 se ha seguido aplicando en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por decisión unilateral y no consensuada con las comunidades autónomas.

La prórroga injustificada y unilateral, por parte del Estado, de un modelo previsto para el quinquenio 2009-2013, supone perpetuar un sistema de financiación que no garantiza la financiación, a nivel medio, de los servicios públicos fundamentales en la Comunitat Valenciana, y pone en peligro la suficiencia financiera de la Generalitat.

El recurso argumenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 incumple las previsiones del art. 158.1 de la Constitución y del art. 67 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y su normativa de desarrollo, al no garantizar el nivel de ingresos que asegure la financiación de los servicios públicos fundamentales a un nivel medio equiparable al del conjunto del Estado.

Por tanto, para dar cumplimiento a los preceptos del bloque constitucional sobre suficiencia financiera e igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales de todos los españoles, resulta imprescindible que el Tribunal Constitucional anule la cuantía prevista en el presupuesto de ingresos del Estado, por lo que se refiere a la aportación de esta comunidad en el importe de 1.329,53 millones de euros, lo que implica que la transferencia de ingresos efectivos a la misma se incremente en ese mismo importe, al no descontarse dicha aportación de las entregas a cuenta previstas.

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