El Constitucional da la razón al Congreso frente a los vetos presupuestarios del Gobierno

Madrid/.- El Tribunal Constitucional ha resuelto a favor del Congreso el conflicto de atribuciones que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo relativos a la LOMCE y a la reforma laboral.

Así, el fallo recorta los límites que, a través del veto, puede imponer el Gobierno al Parlamento a partir de las prerrogativas que la Constitución le confiere para defender el equilibrio presupuestario.

El conflicto fue planteado en enero de 2017 por el ejecutivo cuando la Mesa del Congreso no aceptó los vetos citados. La sentencia de este martes, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Valdés-Re y que se ha resuelto por unanimidad, se refiere en concreto al veto relativo a la LOMCE, aunque será de aplicación a otros.

Veto en base a gastos o ingresos presupuestarios

El Gobierno argumentó que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos y que el Congreso había ignorado sus atribuciones.

Tras reconocer que “ésta es la primera ocasión en la que debe abordarse la interpretación del artículo 134 de la Constitución” en el marco de un conflicto entre órganos constitucionales, el alto tribunal descarta una “interpretación extensiva” de ese precepto, que fue el esgrimido por el Gobierno en su conflicto.

El artículo 134 de la Constitución establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Para el TC, la limitación que, en defensa del control del ejecutivo sobre los presupuestos, fija ese artículo, “sólo es predicable de medidas que incidan directamente sobre el Presupuesto aprobado, esto es, sobre los gastos e ingresos del sector público estatal”, sin que quepa una “interpretación extensiva”.

“Lógicamente, rara vez las iniciativas parlamentarias serán enteramente neutrales en relación con las cuentas públicas, de modo que cualquier propuesta de medida legislativa es susceptible de tener un impacto sobre el volumen de los ingresos y gastos públicos, siquiera de forma hipotética o indirecta o, en todo caso, un impacto económico sobre alguna política pública”, dice la sentencia.

“Ahora bien”, añade, “la prerrogativa del Ejecutivo a que se refiere el artículo 134 de la Constitución, cuyo efecto limitador de la actividad misma del Legislativo es evidente, se ciñe a aquellas medidas cuya incidencia sobre el Presupuesto del Estado sea real y efectiva”.

Propuesta del PSOE para paralizar la LOMCE

Los antecedentes de este conflicto en concreto, cuya resolución se aplicará a otros, arrancaron cuando la Mesa del Congreso aprobó el 18 de octubre de 2016 la toma en consideración por el Congreso de la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.

El Gobierno vetó esa proposición del PSOE para detener el calendario de aplicación de la LOMCE, con el argumento de que la Constitución se lo permite, en defensa del equilibrio presupuestario, y el Congreso no atendió su imposición. El ejecutivo acudió al TC y ahora el alto tribunal le ha dado la razón a la Mesa del Parlamento

El Gobierno argumentó, en un conflicto de competencias presentado ante el alto tribunal en enero de 2017, que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos.

El Gobierno: el TC no pone en cuestión la capacidad de veto

El Gobierno ha recordado este martes que la sentencia del Tribunal Constitucional no pone en cuestión la competencia del Gobierno a oponerse a la tramitación de esas iniciativas.

La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación parlamentaria de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios, tal y como esgrimió en su día.

Fuentes del Gobierno consultadas por Efe han subrayado que la sentencia del TC no cuestiona su derecho de acogerse a este precepto constitucional que el Ejecutivo del PP ha ejercido ya en medio centenar de ocasiones a lo largo de esta legislatura. Idea que ha repetido también el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando ha destacado que lo único que arguye el Constitucional es que en el caso concreto de la reforma de la LOMCE, el veto del Gobierno no justificaba adecuadamente esa disminución o aumento de los gastos presupuestarios del ejercicio en curso.

“Nada tiene que ver con otras leyes que ha vetado el Gobierno que tienen un coste presupuestario”, ha remarcado.

Precisamente, la Mesa del Congreso ha avalado este martes, con la mayoría del PP y Cs, dos vetos presentados por el Gobierno a una proposición sobre la ley de aguas y a otra sobre discapacidad, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

PSOE y Podemos se muestran satisfechos

Las portavoces del PSOE y Unidos Podemos en el Congreso, Margarita Robles e Irene Montero, han mostrado hoy su satisfacción por la sentencia del Constitucional.

Para la portavoz socialista, esta decisión es un “correctivo muy importante” para el Gobierno y puede “dar oxígeno a una legislatura apagada por el bloqueo sistemático” del Ejecutivo a las iniciativas de la oposición. “Es un golpe duro para el Gobierno”, ha concluido y ha considerado “grave” que el Poder Ejecutivo plantee un conflicto de atribuciones al Legislativo.

Ha criticado además a Ciudadanos, partido al que ha instado a explicar su apoyo a la política “arbitraria” de vetos del PP y a dejar de seguir sus acciones en este sentido.

La portavoz de Unidos Podemos ha recordado que el Gobierno vetó las iniciativas, pero que tanto el PP como Cs ratificaron los vetos y ha subrayado que con la decisión del TC el Ejecutivo puede tener su propio criterio, pero el Congreso puede ir en contra.

Y, por tanto, ha añadido, la Mesa puede facilitar el debate de cuestiones como la actualización del IPC para que quien esté en contra de ella lo diga en sede parlamentaria.

Montero ha pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que están “impidiendo” ese debate, que reconsideren su posición. “Esperamos, no nos cabe duda de que con la sentencia podamos proceder a ese debate”, ha dicho la portavoz de Unidos Podemos.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha señalado, por su parte, que la sentencia del Constitucional no solo sienta un precedente, sino que también da un “tirón de orejas” a Rajoy para que no vuelva a “extralimitarse” en sus funciones.Ha advertido de que el fallo “da la razón” a Cs porque no es lo mismo frenar una ley que afecta a los Presupuestos Generales del Estado como otra que no afecta, como es el caso que defendía Ciudadanos al pedir la paralización de la LOMCE “en pos de un pacto educativo”, que es lo que se pretendía y se pretende, ha subrayado Rodríguez.

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