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Caso Nóos: Este lunes exaltos cargos valencianos se sentarán en el banquillo

 

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Agencias El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarín o como Operación Babel,1 es un caso de presunta corrupción política que comienza en 2010 como un caso derivado del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, ex duque consorte de Palma de Mallorca, y su ex socio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos

La Fiscalía cifra que de la suma total 3.519.533,90 euros fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y los otros 2.285.000 euros por el Gobierno balear a través de la Fundación Illespor

En febrero swl 2013, el Síndic major de Comptes de la Generalidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declara en relación a los Valencia Summit gestionados por Nóos: “No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación

El 27 de febrero se filtra a la prensa que La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no habrían aportado prueba alguna que avalara una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma. Asimismo, el ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron por la celebración de los Valencia Summit

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales en el marco del caso Nóos y las que, por tanto, estarán presentes en el juicio que dará comienzo este lunes con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros 16 procesados en el banquillo, entre ellos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau .

También se encuentra personada la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que en su caso únicamente ejercita acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas. En concreto, el foco de la causa lo centra el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunitat Valenciana en distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.

En concreto, el Ministerio Público acusa a 14 de los inculpados -entre quienes no se encuentra la hermana del Rey Felipe VI-, para quienes reclama más de 100 años de prisión. La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido los años 2007 y 2008.

En el caso de Urdangarin, éste se enfrenta a una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, mientras que Manos Limpias reclama para él 26 años y medio, el PSPV once años, y el Govern balear ocho. El Ministerio Público le imputa un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales, y un último de blanqueo de capitales.

Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach pide 16 y medio para su exsocio Diego Torres, para quien Manos Limpias reclama 22 años y medio, el PSPV once y el Govern balear ocho. Sobre él pesan los mismos delitos que Urdangarin, pero con un delito fiscal menos.

Las acusaciones sostienen que ambos urdieron y lideraron una trama empresarial con la que lograron acceder a los fondos manejados por las Administraciones y eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública para apoderarse del dinero público, todo ello mediante “una maraña de facturación ficticia” entre empresas de su propiedad.

Para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles del entramado a fin de que todas ellas “operasen al servicio de sus intereses comerciales”, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

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RESTO DE ACUSADOS

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel -por parte de Fiscalía, Manos Limpias y Abogacía balear- por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad y otro de fraude, Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Los otros exaltos cargos de Baleares son el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester (se enfrenta a una petición máxima de dos años); el exdirector gerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal (la Fiscalía pide ocho años y Manos Limpias, once); el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía (la Fiscalía le pide un año y nueve meses) y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet (cuatro años de prisión).

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunitat Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Por su parte, Manos Limpias reclama 10 años de prisión para el exsecretario de la junta directivo del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, mientras que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por parte de Manos Limpias y ocho por parte del PSPV, y Salvador Trinxet, abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal internacional, a una solicitud de tres años por parte de la entidad sindical.

6,2 MILLONES DE EUROS EN FIANZAS Y 8,7 EN MULTAS

En lo que a cantidades de dinero se refiere, Anticorrupción reclama una fianza civil de 587.413 euros para la Infanta, a la que ésta ya hizo frente en su día. También sobre la mujer de Torres pesa una caución de 1.144.240 euros, correspondientes a las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

Mientras tanto, Urdangarin, Torres y el resto de inculpados deberán hacer frente asimismo a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros, que Mercedes Coghen ya abonó).

Las multas que el fiscal reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al marido de la Infanta.

LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

LOS FONDOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARON A NÓOS

En concreto, las entidades se hicieron con 1,2 millones de euros por un convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones del segundo (2006); 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, las acusaciones apuntan a las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detallan cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

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La Fiscalía y otras cuatro acusaciones dirigen acciones penales contra los 18 procesados del caso Nóos

   La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales en el marco del caso Nóos y las que, por tanto, estarán presentes en el juicio que dará comienzo este lunes con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros 16 procesados en el banquillo, entre ellos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau .

También se encuentra personada la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que en su caso únicamente ejercita acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas. En concreto, el foco de la causa lo centra el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunitat Valenciana en distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.

En concreto, el Ministerio Público acusa a 14 de los inculpados -entre quienes no se encuentra la hermana del Rey Felipe VI-, para quienes reclama más de 100 años de prisión. La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido los años 2007 y 2008.

En el caso de Urdangarin, éste se enfrenta a una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, mientras que Manos Limpias reclama para él 26 años y medio, el PSPV once años, y el Govern balear ocho. El Ministerio Público le imputa un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales, y un último de blanqueo de capitales.

Mientras tanto, el fiscal Pedro Horrach pide 16 y medio para su exsocio Diego Torres, para quien Manos Limpias reclama 22 años y medio, el PSPV once y el Govern balear ocho. Sobre él pesan los mismos delitos que Urdangarin, pero con un delito fiscal menos.

Las acusaciones sostienen que ambos urdieron y lideraron una trama empresarial con la que lograron acceder a los fondos manejados por las Administraciones y eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública para apoderarse del dinero público, todo ello mediante “una maraña de facturación ficticia” entre empresas de su propiedad.

Para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles del entramado a fin de que todas ellas “operasen al servicio de sus intereses comerciales”, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

RESTO DE ACUSADOS

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel -por parte de Fiscalía, Manos Limpias y Abogacía balear- por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad y otro de fraude, Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Los otros exaltos cargos de Baleares son el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester (se enfrenta a una petición máxima de dos años); el exdirector gerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal (la Fiscalía pide ocho años y Manos Limpias, once); el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía (la Fiscalía le pide un año y nueve meses) y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet (cuatro años de prisión).

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunitat Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

Por su parte, Manos Limpias reclama 10 años de prisión para el exsecretario de la junta directivo del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, mientras que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por parte de Manos Limpias y ocho por parte del PSPV, y Salvador Trinxet, abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal internacional, a una solicitud de tres años por parte de la entidad sindical.

6,2 MILLONES DE EUROS EN FIANZAS Y 8,7 EN MULTAS

En lo que a cantidades de dinero se refiere, Anticorrupción reclama una fianza civil de 587.413 euros para la Infanta, a la que ésta ya hizo frente en su día. También sobre la mujer de Torres  pesa una caución de 1.144.240 euros, correspondientes a las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

Mientras tanto, Urdangarin, Torres y el resto de inculpados deberán hacer frente asimismo a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros, que Mercedes Coghen ya abonó).

Las multas que el fiscal reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al marido de la Infanta.

LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

LOS FONDOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARON A NÓOS

En concreto, las entidades se hicieron con 1,2 millones de euros por un convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones del segundo (2006); 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, las acusaciones apuntan a las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detallan cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

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