Catalá anuncia que Justicia estudia ya la solicitud de extradición de Hamza Yalçi

_97264950_216763_1921099029046_254507_nDurante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado el estado de situación de los expedientes de extradición del ciudadano de origen turco y nacionalidad sueca, Hamza Yalçin, y de Erdogan Akhanli, también de origen turco y de nacionalidad alemana, detenidos en agosto en Barcelona y Granada respectivamente. Hamza Yalçin se encuentra en prisión provisional mientras que Erdogan Akhanli está actualmente en libertad condicional. El ministro ha subrayado que en ambos casos se trata de decisiones judiciales en las que no cabe intervención alguna por parte del Gobierno.

 

Hamza Yalçin fue detenido el 3 de agosto en Barcelona en virtud de una orden internacional de detención expedida por el Tribunal Correccional de Ankara para su enjuiciamiento por presuntos delitos de formación y dirección de organización terrorista. Tras su detención fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional tal y como establece la Ley de Extradición Pasiva. La causa recayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 que decretó su ingreso en prisión provisional. Desde ese momento, la Ley de Extradición Pasiva establece un plazo de 40 días para que el país requirente, en este caso Turquía, remita la solicitud formal de extradición al Ministerio de Justicia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 

Catalá ha informado de que ayer miércoles se recibió la documentación remitida por las autoridades turcas que ya están estudiando los servicios del Ministerio de Justicia. Se abre ahora un nuevo plazo de 40 días para que el Ministerio de Justicia y el Gobierno determinen si se cumplen los requisitos establecidos en el Convenio Europeo de Extradición (del que tanto España como Turquía son parte) y en la Ley de Extradición Pasiva. El ministro ha señalado que no corresponde en esta fase al Gobierno hacer valoraciones sobre los motivos o circunstancias alegados por las autoridades turcas para solicitar la extradición, sino comprobar si se cumplen los requisitos formales que exige la legislación.

 

En caso de que la solicitud estuviera incompleta o contuviera aspectos que necesitaran concreción, Justicia procederá a pedir aclaraciones o ampliación de la documentación a Turquía. Si se cumplen todos los requisitos, Justicia analizará si concurre alguna de las causas de denegación de la extradición previstas en la legislación y elevará una propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros que decidirá si procede dar continuidad al procedimiento. Si éste acordara su no continuación deberá fundamentar su decisión en alguna de las causas de denegación previstas en la Ley de Extradición Pasiva y en el Convenio Europeo de Extradición: falta de doble incriminación, delito militar, prescripción del delito, reconocimiento de la condición de asilado del reclamado, entre otras, lo que conllevaría la puesta en libertad del reclamado.

 

Si por el contrario el Consejo de Ministros acordara dar continuidad al procedimiento de extradición, se iniciaría en la Audiencia Nacional la segunda fase, de naturaleza judicial, en la que se habrán de valorar y resolver las cuestiones técnicas penales y procesales para determinar la procedencia o no de la extradición. Si la Audiencia Nacional es desfavorable a la extradición, esa decisión vincula al Gobierno que deberá denegarla. Si por el contrario su decisión fuera favorable, el Ejecutivo podrá conceder o denegar la extradición en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad y tomando en consideración también razones de orden público y demás intereses esenciales para España.

 

Durante su comparecencia, el ministro ha explicado también la situación de Erdogan Akhanli, detenido el 19 de agosto en Granada en virtud de una orden internacional de detención emitida por Turquía para su enjuiciamiento por la presunta comisión de un delito de pertenencia a la organización terrorista THKP. El Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional acordó la libertad provisional de Akhanli con la  obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y de designar un domicilio en Madrid donde estar localizado. Asimismo, decretó la prohibición de salir del territorio nacional. En relación a este caso, el ministro ha explicado que nos encontramos dentro del plazo de 40 días previsto en la legislación para que el Estado requirente remita por vía diplomática la solicitud formal de extradición al Ministerio de Justicia.

 

Al término de su intervención, el ministro ha querido reiterar el compromiso firme del Gobierno con los derechos humanos, las libertades y la democracia en el mundo.

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