Continúa la tensión en Cataluña: estudiantes tomaron la universidad de Barcelona mientras la fiscalía denuncia sedición

dkxmpbdv4aacs3b.jpg_1718483347A medida que se aproxima el 1 de octubre, fecha prevista para la realización del referéndum independentista, se agudiza la crisis en la región. La juventud se sumó y desafía al estado español

El conflicto institucional entre el Estado español y la región de Cataluña dio el viernes un paso más, con la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) de denunciar por sedición a dos organizaciones independentistas por los disturbios durante la operación para evitar el referéndum del 1 de octubre, donde fueron detenidos 14 altos cargos de la Generalitat.

Mientras tanto, las protestas impulsadas por sectores independentistas se multiplican, y el viernes se sumó la juventud. Unos 3.000 estudiantes tomaron el histórico edificio de la Universidad de Barcelona (UB), donde preven quedarse todo el fin de semana.

Bajo el lema “Llenemos las calles, en defensa de la democracia”, la manifestación fue organizada por la plataforma Universidades por la República. Los organizadores leyeron un manifiesto en el que rechazaron la actuación del Estado, y defendieron que el referéndum convocado para el 1 de octubre “no se puede parar” y es la única salida democrática.

Según el diario El País, los manifestantes aseguraron que al Estado español “se le acaba el tiempo”, y llamaron a ocupar “pacíficamente” la UB como forma de protesta por la actuación del Gobierno tras la detención de 14 altos cargos de la Generalitat, relacionados con la organización del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

 Con cánticos como “Votarem”, “Los catalanes hacen cosas” o “Els carrers seran sempre nostres”, los estudiantes se dirigieron a la sede histórica de la UB, en la céntrica plaza de la Universitat, donde han ocupado uno de los claustros, así como los pasillos del edificio.
Desde esta plataforma, aseguran que tienen previsto ocupar el centro universitario hasta, “al menos”, el martes. Tras una breve reunión con los portavoces estudiantiles, el jefe de gabinete de la Universidad, Ernest Ponts, aceptó que los manifestantes ocupen el Edificio Histórico de plaza Universitat, “siempre y cuando sea una protesta pacífica y se respete el patrimonio y el espacio”.

Sediciosos

Por su parte, la denuncia presentada por la fiscalía por sedición apunta a que en la noche del miércoles, “individuos que no han podido ser identificados, aprovechando la situación, pues ya se encontraban unas 2.000 personas, pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas frente a la Conselleria de Economia, a fin de impedir su legítima actuación”.

También recuerda que “voluntarios de la ANC”, con petos de color verde, y “conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial”, hicieron un cordón ante la puerta de la Consellería de Economía, “para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos” en aquella jornada.

“Sobre las 20:20 horas Jordi Sánchez, presidente de la ANC, ante las 40.000 personas (según Guardia Urbana) que se concentraban ya en ese momento en Rambla Catalunya frente a la sede del departamento de Economía manifestó: “El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos”. “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, recoge la denuncia de sus dichos.

La sedición se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

El jueves, miles de personas volvieron a marchar este jueves para pedir la liberación de los miembros del Gobierno catalán detenidos el miércoles por impulsar el referéndum, que Madrid Considera ilegal, al tiempo que el primer ministro español, Mariano Rajoy, comenzó el envío de fuertes contingentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar la seguridad.

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