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Dentro de la agenda de señalamientos en la Comunidad Valenciana se destacan varios juicios

El periodista Juan Ramon Lucas  a su salida del Juzgado de Instruccion numero 9 de Valencia .jpg  1385×1000
Agenda de señalamientos en la Comunidad Valenciana. (Sigue el 25). Juzgan a un empresario, responsable de una empresa de áridos, por explotar una cantera sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental y vulnerando la normativa autonómica. La parcela sobre la que intervino el acusado está calificada como suelo no urbanizable común y, en algunas zonas, goza de protección por la existencia de masas arboladas y matorral. El fiscal pide seis años de cárcel por un delito contra el medio ambiente.

Juzgan a un hombre acusado de apuñalar a otro al que acababa de robar la bicicleta que tenía estacionada en la calle sin candar. El propietario de la bici le reprochó su acción. El acusado, al verse sorprendido, sacó un objeto punzante y se lo clavó. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2013 en Valencia. El fiscal pide tres años de cárcel por un delito de lesiones.

Juzgan al gerente de un local de alterne de Valencia acusado de utilizar las tarjetas de crédito con las que le pagaban algunos clientes para realizar importantes extracciones de dinero o pagar compras en otros establecimientos. El fiscal pide dos años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado por falsificación de moneda y estafa. Los hechos ocurrieron en 2011.

Juzgan al director de una sucursal bancaria de Sollana por cobrar y quedarse con el dinero de los pagarés que algunas empresas presentaban para hacer frente a los pagos comprometidos con otras. En alguna ocasión, el acusado contó con la connivencia de un empresario, también acusado, que libró varios pagarés a favor de una sociedad a sabiendas de que no iba a atender el pago de los mismos porque ya había cesado su actividad y no tenía contraída ninguna deuda con dicha mercantil. El fiscal pide dos años de cárcel por un delito de estafa y falsedad para el responsable de la entidad bancaria y un año de cárcel para el empresario por estafa.

En la Audiencia Provincial de Castellón

Juzgan a cinco personas acusadas de traficar con droga. Fueron detenidos a punto de cerrar una operación para comprar un kilo de cocaína. Los hechos ocurrieron en febrero de 2012. El fiscal pide penas que oscilan entre los tres años y diez meses de cárcel y los cuatro años y diez meses por un delito de tráfico de drogas.

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