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El Consell solicita al Gobierno una solución que evite que la Comunitat deje de ingresar 138 millones al año por el Impuesto de Patrimonio que abonan las rentas más altas

El Consell, reunido en sesión plenaria y a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha acordado solicitar formalmente al Gobierno una solución que evite que la Comunitat Valenciana deje de ingresar cerca de 138 millones de euros al año por el Impuesto de Patrimonio como consecuencia de la decisión del Ejecutivo central de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado.

La situación se produce porque los Presupuestos Generales de 2016 incluyen una disposición mediante la que se prorrogó hasta el 1 de enero de 2017 la suspensión de la bonificación del 100% sobre este tributo. Esta suspensión se acordó por primera vez con efectos desde el 1 de enero de 2008 y se renovó cada año a través de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

La inacción estatal en este tema supondrá que la administración tributaria de la Generalitat se verá privada desde el 1 de enero de 2017 de los ingresos derivados del Impuesto de Patrimonio, cuyas competencias de gestión, recaudación e inspección tiene cedidas.

En la Comunitat Valenciana la regulación del Impuesto de Patrimonio estableció la exención de la empresa familiar, la vivienda habitual (hasta un máximo de 300.000 euros) y además otros 600.000 euros en bienes (el mínimo exento).

En línea con la política de redistribución de la riqueza que viene aplicando el actual Consell, en el primer año de gobierno se rebajó la cuantía mínima exenta del Impuesto de Patrimonio de 700.000 a 600.000 euros, lo que amplió el número de contribuyentes obligados a declarar en 1.832. Por el contrario, para personas con movilidad funcional el mínimo exento se elevó a un millón de euros.

Además, desde el Consell también se creó una tarifa propia autonómica que incrementaba el tipo de gravamen en un porcentaje próximo al 25%. De este modo, se aumentó de forma notable el carácter progresivo de la tarifa de tramos.

“Es necesario utilizar la política fiscal para redistribuir la renta, porque con la crisis económica las desigualdades han crecido y son la clase media y baja quienes más están sufriendo las consecuencias de esta situación”, ha señalado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

“El Gobierno de Rajoy tiene ahora la posibilidad de demostrar a quién quiere ayudar con sus políticas: A aquellos que más tienen o a aquellos con menos recursos y que más están sufriendo en sus carnes la pobreza o el desempleo”, ha señalado Vicent Soler, quien ha emplazado al Gobierno central a actuar porque la pelota está ahora en su tejado. “El margen de maniobra de las autonomías llega hasta donde llega y el Gobierno central es el único con competencias para evitar que el Impuesto de Patrimonio quede sin eficacia”, ha lamentado el conseller.

“En las sociedades democráticas avanzadas, quien más tiene, debe realizar una mayor contribución. A eso es a lo que aspiramos y por lo que estamos trabajando en el Consell”, ha explicado Soler.

Malestar con el Ejecutivo

Además de la Comunitat Valenciana, varias autonomías han mostrado ya su malestar en las últimas semanas por la actitud del Gobierno central en varios temas clave (techo de gasto, Impuesto de Patrimonio, convocatoria del CPFF, etc.) durante su periodo en funciones. Para Vicent Soler, “según de qué tema se trate, el Gobierno central esgrime que está en funciones y evita actuar, o bien toma cartas en el asunto si considera que le interesa. Siempre, en todo caso, en función de sus intereses partidistas, sin que la prioridad sea el bienestar general de los valencianos”.

El conseller de Hacienda ha recodado que son los gobiernos autonómicos los que gestionan el estado del bienestar en sus territorios, y los que atienden la sanidad, la educación y el bienestar social de sus ciudadanos. “Por eso no entendemos que en temas cruciales para la financiación de estos servicios, no se cuente con nuestra opinión”, ha lamentado Vicent Soler.

El acuerdo del Consell de la Generalitat reclama al Gobierno la “inmediata modificación” del real decreto ley 13/2011, de 16 de septiembre, con la finalidad de prorrogar desde el 1 de enero de 2017 la exigencia del gravamen de este impuesto.

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