El ministro del Interior, explica en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explica en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

Jorge Fernández Díaz,

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Presentación del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana

 

 

Señor Presidente, Señorías,

Tengo el honor de subir a esta tribuna para presentar el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que inicia ahora su tramitación ante este Pleno.

Pero quiero incidir en que el inicio es ante este Pleno, porque el trabajo sobre este Proyecto es fruto de una larga labor anterior: primero, con los estudios realizados en el seno del Ministerio del Interior; a continuación, con su aprobación, como Anteproyecto, el 29 de noviembre del pasado año. Casi ocho meses después, el texto fue aprobado como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y fue publicado, el 25 de julio pasado, en el Boletín Oficial de esta Cámara. Cerca de tres meses después de su publicación, por fin, se produce este debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.

 

Introducción

 

Señorías, el principal objetivo del Proyecto que les expongo es el dirigido a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del adecuado marco jurídico para  que  puedan  cumplir  con  la  mayor  eficacia  el  mandato  que,  de manera  expresa,  les  confiere  nuestra  Constitución,  al  decir,  en  su artículo 104, que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (…) tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Siguiendo este mismo argumento constitucional, el propio Proyecto recoge en su artículo Primero que “la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las leyes”.

Y en esta línea, quiero destacar, al inicio de mi intervención, lo señalado por el Consejo de Estado en su dictamen. Dice textualmente: “Lo que merece una consideración general (…) es si el Anteproyecto –ahora Proyecto- consultado guarda la prudente ponderación y contrapeso entre los valores de libertad y seguridad, cuestión que, a juicio del Consejo, merece una respuesta positiva”.

Y el informe del Consejo General del Poder Judicial, al analizar, precisamente ese artículo número 1 del Proyecto, que he citado, dice, también textualmente, que se puede afirmar que “se adecúa a la doctrina constitucional, al definir la seguridad ciudadana como condición esencial para el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales.”

 

Tramitación del Anteproyecto

Como Sus Señorías saben, entre la aprobación del Anteproyecto de esta ley –a los efectos de lo dispuesto por la Ley del Gobierno-, hasta su aprobación  definitiva  ya  como  Proyecto  de  ley  por  el  Consejo  de Ministros, transcurrieron casi 8 meses en los que el texto originario ha sido  enriquecido  por  el  contenido  de  los  dictámenes  e  informes  de órganos institucionales –como el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal o Agencia Española de Protección de Datos-, sino  también  por  las  aportaciones  realizadas  por  la  Institución  del Defensor del Pueblo, la Federación Española de Municipios y Provincias o entidades y asociaciones de especial sensibilidad hacia esta materia a los que quiero agradecer sus observaciones.

 

El Proyecto incorpora todas las observaciones esenciales formuladas por los órganos informantes y la mayor parte de las recibidas sin ese carácter, además de varias aportaciones de esas otras instituciones y entidades que he señalado.

Como consecuencia de todas ellas, hemos presentado a esta Cámara un texto con mayor calidad jurídica, profundamente garantista y con perfecto encaje en nuestro sistema constitucional.

 

Actualización de la ley

 

Señorías, como ustedes conocen, la primera Ley que -tras la aprobación de la Constitución de 1978-, reguló la intervención de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana fue la actualmente vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. Y ello se hizo en cumplimiento del ya citado artículo 104 de nuestra Carta Magna.

Han transcurrido más de 22 años desde la entrada en vigor de esta norma y  se  ha  manifestado  patente  la  necesidad de  actualizarla y  mejorarla, recogiendo, por una parte, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional y la jurisdicción Contencioso-Administrativa a lo largo de estos  casi  cinco  lustros  y  que  delimita  y  configura  el  ejercicio  de  la potestad sancionadora de la Administración, rodeándola de mayores garantías para el ciudadano.

Y, por otra parte, la necesidad también de recoger la experiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las nuevas circunstancias y conductas incívicas que afectan a la seguridad ciudadana.

 

En definitiva, este Proyecto de Ley pretende:

 

En primer lugar, puesto que la reforma en trámite ante esta Cámara del  Código  Penal despenaliza las faltas en él  tipificadas, determinadas  conductas  merecedoras  de  reproche  quedarían  en una suerte de limbo jurídico, si no se recogieran en una disposición legal  adecuada.  Por  esta  razón,  esas  conductas  y  actuaciones pasarán   a   estar   sancionadas   en   una   norma   administrativa, partiendo  de  la  base,  en  todo  caso,  de  que  el  procedimiento administrativo sancionador goza de todas las garantías y está siempre sometido a control judicial.

 

En segundo lugar, -y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo acumulada a lo largo de todos estos años de vigencia de la actual ley- se establece una nueva regulación de las potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad ciudadana (identificaciones policiales, cacheo, controles en vías públicas, etc.) mucho más garantista.

 

En tercer lugar, la nueva regulación mejora la tipificación de las infracciones,  con  definiciones  precisas, incrementando notablemente la seguridad jurídica.

 

Asimismo, se reduce el margen de discrecionalidad en la imposición de las sanciones, pues se detallan los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de concretar la cuantía de las multas. Es decir, esta Ley, como verán

Sus Señorías, no trata de sancionar más, sino de sancionar con mayores garantías y menor discrecionalidad.

En definitiva, Señorías, puedo asegurarles que este Proyecto pretende ser la ley de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos.

 

Nueva Ley

Señorías, por todo lo expuesto, la constatación de que las modificaciones legales afectarían a la práctica totalidad de los artículos de la Ley vigente, así  como  la  conveniencia  de  adoptar  una  sistemática  en  gran  parte distinta, han aconsejado -por  razones de  seguridad, certeza  y  claridad jurídicas-, elaborar una nueva ley, en lugar de que la iniciativa se limitara a una muy extensa reforma legal.

En definitiva, el Gobierno ha creído llegado el momento de proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana acorde con las exigencias del siglo XXI.

 

Moción 26 julio 2012

Y debo, también, recordar que con este Proyecto, el Gobierno da cumplimiento a un mandato de esta Cámara, realizado por medio de la Moción consecuencia de Interpelación aprobada el 26 de julio de 2012, por  iniciativa  del  Grupo  Parlamentario  Catalán  –  CiU  que,  entre  otras cosas, instaba al Gobierno a promover la modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, para la Protección de la Seguridad Ciudadana, en el sentido de “ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de violencia urbana” y “actualizar el catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlo a nuevas conductas”.

 

tulo competencial y estructura

Señorías, el Proyecto que estoy defendiendo se ha elaborado al amparo de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública que atribuye al Estado el artículo 149. 1. 29ª de la Constitución.

Se estructura en cinco capítulos divididos en cincuenta y cinco artículos, siete disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales.

Paso  a  continuación  a  describir  el  contenido,  incidiendo,  de  manera especial, en las principales novedades aportadas por este texto.

 

Disposiciones Generales

 

El proyecto de Ley Orgánica contiene, en su Capítulo I, Disposiciones Generales  ausentes  de  la  Ley  vigente.  Define,  por  primera  vez,  un concepto legal de seguridad ciudadana, ofrecido por la jurisprudencia constitucional, e identifica los fines que deben perseguir los poderes públicos al actuar en este ámbito y los principios que deben respetar.

Cabe señalar la referencia que, por ejemplo, el Consejo Fiscal, realiza al artículo  4,  donde  se  plasman  los  principios  rectores  de  los  poderes públicos, al decir textualmente que “el artículo merece ser destacado positivamente   ya   que,   en   definitiva,   supone   la   configuración   de parámetros con arreglo a los cuales deberá valorarse en cada caso la adecuación de las diferentes actuaciones de intervención”.

 

Documentación e identificación personal

 

El Capítulo II se dedica -con mayor extensión que la vigente Ley -, a la acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles, regulando el Documento Nacional de Identidad (con referencia al DNI electrónico), estableciendo la obligación de exhibirlo y permitir su comprobación a requerimiento de los agentes de la autoridad.

 

Esto último es una novedad pues se establece la obligación no solo de exhibir  el  DNI  a  los  agentes  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad, sino también la de permitirles comprobar las medidas de seguridad, a fin de evitar la negativa a que pueda verificarse su autenticidad alegando que el documento es personal e “intransferible” (como ha sucedido en no pocas ocasiones durante la identificación de implicados en episodios de “kale borroka”).

 

También regula el pasaporte, así como la competencia del Ministerio del Interior en materia de documentación.

 

Actuaciones para el mantenimiento y el restablecimiento de la seguridad ciudadana

 

El   Capítulo   III   regula   las   actuaciones   para   el   mantenimiento   y restablecimiento de la seguridad ciudadana. En este Capítulo, el Proyecto

crea un marco jurídico adecuado para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que regula con mayor detalle y, por tanto, con mayores garantías para los ciudadanos, las potestades de intervención policial (identificaciones, cacheos, controles en vías públicas, etc.).

 

Tres cuestiones: identificación, retención, cacheos

 

Señor Presidente, Señorías, por la importancia y trascendencia de determinados artículos que contiene el este Capítulo, me voy a detener de manera particular en tres diligencias de especial sensibilidad, como son la identificación de personas, la retención y el registro corporal externo o cacheo.

 

Identificación de personas

 

En primer lugar, quisiera indicar que, en lo que hace referencia a la identificación de personas, en tanto que la Ley vigente habilita genéricamente a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para practicar esta diligencia “para el ejercicio de las funciones de prevención de la seguridad”, el Proyecto exige que se respeten los principios de no discriminación y proporcionalidad. De tal manera que, por primera vez una norma con rango de Ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o basadas en perfiles étnicos.

Se plasma así, en una norma de rango legal, una prohibición que, desde el año 2012, ya existe en el orden administrativo, en virtud de la Circular de la Dirección General de la Policía 2/2012, de 16 de mayo, en la que ya se prohíbe  “el  establecimiento de  cupos  de  identificación o  detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose, igualmente, actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”.

En definitiva, se da respuesta a su vez a una demanda formulada por numerosos organismos de derechos humanos.

 

Retención

En  segundo  lugar,  y  por  primera  vez  en  nuestro  Ordenamiento,  el Proyecto regula la denominada “retención”, supuesto de limitación de la libertad personal que no reviste los caracteres de la detención al que se ha referido con profusión la jurisprudencia y que ya prevé el artículo 20 de la vigente  Ley.  Sin  embargo,  el  Proyecto  incorpora  nuevas  garantías que deben acompañar a los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para la identificación personal.

Ante todo, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia   sobre   la   Ley   de   1992   (STC   341/1993)   se   pronunció expresamente sobre la constitucionalidad de esta medida.

Como   Sus   Señorías   conocerán,   la   legislación   vigente   contenía   las siguientes garantías para le práctica de esta diligencia:

–   Sólo  puede  practicarse  cuando  no  sea  posible  la  identificación personal in situ.

–   Y, en tal caso puede requerirse a las personas cuya identificación sea precisa para sancionar una infracción (penal o administrativa) o evitar un delito (nunca una infracción administrativa – TEDH), para que acompañen a los agentes a las dependencias policiales más próximas en las que pueda efectuarse la identificación.

 

Estas garantías se mantienen en el Proyecto y se añaden otras nuevas:

Se   prevé   –como   en   la   vigente   Ley-   que   la   permanencia   en   las dependencias policiales dure lo estrictamente necesario, pero –y esta es la novedad-, ahora se concreta que, en ningún caso, nunca ese tiempo será superior a las seis horas.

Asimismo se recogen otras tres garantías ausentes de la vigente Ley:

 

–   Que se informe al ciudadano de forma inmediata y comprensible de las razones de la retención.

–   Que,  a  la  salida  de  las  dependencias  policiales  se  entregue  al ciudadano un volante acreditativo de la causa de la retención, su duración y la identidad de los agentes actuantes.

–   Y se establece una tercera garantía nueva, y es que se cancelaran de oficio a los tres años los asientos del libro-registro que existirán en las dependencias policiales para constancia de las diligencias relacionadas con la seguridad ciudadana (libro-registro ya previsto en la legislación actual)

 

Registros corporales externos

En tercer lugar, también se regulan por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico los registros corporales externos (los comúnmente denominados “cacheos”). Los requisitos y garantías para su práctica son los siguientes:

1º) Podrán practicarse sólo cuando existan indicios racionales para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención delictiva.

2º) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique.

3º) Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.

4º) Los registros deberán respetar el principio de no discriminación, así como el de injerencia mínima [Amnistía Internacional], y se realizarán con pleno respeto a la intimidad y dignidad de la persona afectada.

5º) La persona afectada será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de su realización.

Medidas para el mantenimiento y el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones

Señor Presidente, Señorías, por otra parte, en lo que se refiera a las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones -que ya regula la Ley vigente-, el Proyecto incorpora expresamente dos importantes previsiones: La exigencia de que las medidas de intervención policial sean graduales y proporcionadas a las circunstancias, y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituya el último recurso.

 

Potestades especiales de policía administrativa de seguridad

Señorías, en el capítulo IV del Proyecto se regulan las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre diferentes actividades relevantes para la seguridad ciudadana y, singularmente, las relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos.

Las novedades, en estos campos, con respecto a la vigente Ley obedecen básicamente a la aparición de nuevas conductas incívicas vinculadas a los avances tecnológicos, así como a la necesidad de suplir algunas carencias y lagunas de la actual regulación.

 

gimen sancionador

Señorías, el capítulo V del Proyecto tiene una especial importancia por cuento se refiere al régimen sancionador y ha sido el que, con relación a la ley vigente, ha necesitado una revisión en mayor profundidad por varias razones:

Ante todo, la necesidad de tipificar con la precisión que demanda el principio de legalidad las conductas sancionables. Con el transcurso del tiempo han aparecido nuevos comportamientos o conductas reprochables que la Ley vigente no contempla, o bien obliga a subsumirlos en tipos infractores excesivamente genéricos.

Por otra parte, la reforma penal que se está tramitando en esta Cámara, con la que -como he señalado anteriormente- desaparecerán del Código Penal las faltas (Libro III), obliga a llevar al ámbito administrativo sancionador las que hasta ahora se calificaban como faltas contra el orden público.

Se establece también un elenco claro de infracciones muy graves (cosa que no ocurría en la ley actual) y se regulan, también por primera vez, normas para la graduación de las sanciones, medidas provisionales anteriores al procedimiento, instrumentos para poder apreciar la reincidencia como agravante de la responsabilidad, así como un procedimiento abreviado, entre otras novedades.

 

Sujetos responsables

 

Por lo que se refiere a los sujetos responsables –y recogiendo una constante y reiterada sugerencia de la Institución del Defensor del Pueblo, el Proyecto establece, por primera vez, la exención de responsabilidad de los menores de 14 años. En caso de que la infracción sea cometida por un menor de 14 años, la autoridad competente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas.

 

Garantías  del  procedimiento  sancionador.  Valor   probatorio  de  las declaraciones de los agentes de la autoridad

 

Por   otro   lado,   el   Proyecto   mantiene   el   valor   probatorio   de   las declaraciones de los agentes. Y va incluso más allá, pues en el nuevo texto se extrema la diligencia de los agentes, al exigírseles que el valor de sus atestados se entiende “sin perjuicio del deber de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”; una obligación ausente en la Ley vigente.

Se  trata  pues  de  una  muestra  adicional  de  la  vocación  garantista  del Proyecto.

 

Clasificación de las infracciones

Señorías, en el Proyecto las infracciones se clasifican en tres grupos, que son: muy graves, graves y leves.

El Proyecto de Ley Orgánica tipifica cuatro infracciones muy graves. La Ley vigente no contiene una relación de infracciones muy graves, aunque permite calificar como tales, es decir, como muy graves, hasta 12 infracciones graves y ello en función de las circunstancias que rodean a la infracción,   las   cuales   quedan   sometidas   al   juicio   discrecional   del instructor, dotando a la Administración, por tanto, de un amplio margen para esa apreciación.

Infracciones muy graves

Como decía, sólo se tipifican como infracciones muy graves cuatro conductas especialmente lesivas para la seguridad ciudadana, es decir, conductas susceptibles de causar gravísimos daños a personas y bienes. Por su importancia, se las voy a enumerar:

–   Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas que se realicen en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento. Estoy hablando de centrales nucleares y térmicas, puertos, aeropuertos, refinerías, depósitos de combustible, servicios de suministro de gas, electricidad y agua, es decir, en definitiva, infraestructuras críticas para el normal desenvolvimiento de las actividades de nuestra sociedad.

–   La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando   la   prohibición   o   suspensión   ordenada   por   la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

–   La   proyección   de   haces   de   luz,   mediante   cualquier   tipo   de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. Se trata de una nueva forma de vandalismo aeronáutico que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, como reflejan los informes de la Agencia Española de Seguridad Aérea: en 2010: 120 casos, en 2011: 446 casos, en 2012: 490 casos y en 2013: 634 casos.

–   Y, por último, la fabricación, comercio, distribución, adquisición o utilización de armas, explosivos, cartuchería o artículos pirotécnicos incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas, siempre que se causen perjuicios muy graves.

 

Otras infracciones

Señorías,  también  se  tipifican  26  infracciones  graves,  relacionadas con actos o conductas de violencia, vandalismo y actuaciones incívicas.

En lo relativo a las conductas violentas que se producen con ocasión de manifestaciones, el texto sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas, como por ejemplo la provocación de incendios en la vía pública.

Además, el Proyecto protege expresamente el ejercicio del derecho fundamental  de  reunión  y  manifestación  y,  por  ello,  sanciona  como infracción  grave  “la  perturbación  del  desarrollo  de  una  manifestación”. A este respecto, el informe del Consejo General del Poder Judicial, al analizar, precisamente el artículo 36.3 del Proyecto, señala, textualmente, que ese precepto “supone una protección del ejercicio del derecho de reunión”.

También se tipifica como infracción grave (art. 36.11) la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores,  o  cuando  estas  conductas,  por  el  lugar  en  que  se  realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial.

A este respecto, quiero recalcar que el Proyecto no pretende sancionar el ejercicio de la prostitución –ni entrar en ese debate-, sino que su intención es proteger unos bienes jurídicos que consideramos prevalentes, como son la protección de la infancia y, también, la seguridad vial.

Señorías,  se  tipifican,  por  último,  17  infracciones  leves,  considerando como tales, por ejemplo, la celebración de manifestaciones sin comunicación previa. Esta actuación, repito, es calificada en el Proyecto como infracción leve, a diferencia de lo que ocurre en la Ley vigente que la sanciona como infracción grave.

Debido a la repercusión que en el debate público ha tenido esta cuestión, quiero hacer una especial referencia a las reuniones o manifestaciones que se realicen en las proximidades del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Lo   cierto   es   que   en   el   Proyecto   únicamente   se   sancionan   como infracciones graves las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana que se produzcan con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes  de  esos Órganos  Legislativos,  celebradas,  además,  con inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.

Y, a diferencia de la regulación actual, en el Proyecto, las manifestaciones en las proximidades de esos Organismos, cuando simplemente no hayan sido comunicadas a la Delegación del Gobierno,-y no se produzcan ningún tipo de altercados u otras circunstancias contrarias a la seguridad ciudadana-constituyen una simple falta leve y no grave como se prevé en la Ley vigente.

 

Sanciones

Por otra parte, y en lo relativo a las sanciones, sí me parece importante poner de manifiesto que el importe de las multas previstas por la comisión de las infracciones prácticamente no se modifica respecto a lo ya establecido en la vigente Ley, a pesar del transcurso de casi 23 años.

Señorías, en la línea de las novedades y refuerzo de garantías que he ido resaltando en este Proyecto, quisiera destacar, por su especial relevancia, la que a continuación voy a exponerles y que afecta, precisamente, a la cuestión que estamos tratando, que es la de las sanciones.

Esta novedad supone una importante limitación a la discrecionalidad de la Administración en esta materia al tiempo que incorpora más garantías y mayor seguridad jurídica a los presuntos infractores.

Lo que quiero destacar es que:

Primero: Dentro de los límites previstos para las infracciones muy graves y graves, las sanciones se dividirán en tres tramos de igual extensión, correspondientes a los grados mínimo, medio y máximo.

Segundo, asimismo, dentro de cada grado se individualizará la sanción a través de  unos  criterios  recogidos  en la Ley, entre  los  cuales   está la capacidad económica del infractor, lo cual quiero destacar especialmente.

Tercero, la sanción se impondrá, siempre como regla general, en grado mínimo.

Cuarto, se impondrá en grado medio solo cuando concurra, al menos, una circunstancia agravante de las que expresamente se relacionan (reincidencia, violencia o amenaza y rostro cubierto).

Y quinto, únicamente se impondrá  en grado máximo cuando los hechos revistan  especial  gravedad  y  así  se  justifique  teniendo  en  cuenta  el número y la entidad de las circunstancias concurrentes.

Me permito recordar, frente a esta nueva regulación que realiza el Proyecto, que la vigente legislación permite a la Administración sancionar conductas calificadas como graves o muy graves con multas entre 301 y 600.000 euros, sin ninguna regla para su graduación.

 

Conclusión

En definitiva, Señorías, mediante la remisión al Congreso de este Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Gobierno cumple el compromiso emanado de esta Cámara, en julio de 2012, de revisar y actualizar la legislación en materia de seguridad ciudadana, no alterada desde 1992.

Se trata de una reforma legal que –por las razones que he expuesto al comienzo de mi intervención- es necesaria, conveniente y oportuna. Y que,  como  ha  señalado  el  Consejo  de  Estado  en  su  Dictamen,  -y  me permito repetirlo- respeta el necesario equilibrio entre los valores de la libertad y la seguridad.

En  síntesis,  considero  que  el  Proyecto  aprobado  por  el  Consejo  de Ministros hace compatible una política pública eficaz de protección del libre ejercicio de derechos y garantía de la seguridad ciudadana, con el pleno disfrute de las libertades públicas que la Constitución garantiza.

Y estoy seguro, además, de que el  texto que ahora defiendo, se verá enriquecido, en su caso, con las aportaciones de los distintos Grupos Parlamentarios de esta Cámara.

 

Muchas gracias.

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