El TSJCV autoriza la retirada de la Cruz de los Caídos de Callosa pero ordena conservarla hasta la sentencia firme

fotonoticia_20180205143420_640 (1)La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado dos resoluciones en las que autoriza al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) a concluir los trabajos de retirada de la Cruz de los Caídos y el pedestal ubicados en la plaza de la Iglesia del municipio. No obstante, ordena que se conserve la cruz hasta que se dicte una sentencia firme que fije “definitivamente” su destino.
La retirada de la cruz se llevó a cabo en la madrugada del pasado 29 de enero, bajo un importante despliegue de seguridad para evitar incidentes ya que desde el 26 de diciembre de 2016, un total de 401 días, permanecían concentrados junto a ella miembros de la Plataforma en Defensa de la Cruz. Durante el dispositivo, dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidos por supuestamente alterar el orden público al lanzar petardos a la zona donde estaban trabajando los operarios. Además, un agente resultó herido leve porque uno de los petardos le ha afectado a un oído.
Ese mismo día, el TSJCV ordenó al Ayuntamiento de Callosa del Segura “el cese inmediato de los trabajos de destrucción/retirada de la Cruz de los Caídos, y/o su traslado a cualquier lugar” al estimar un recurso de la parte contraria a la retirada.
Ahora, en sus resoluciones, el alto tribunal valenciano ha levantado las medidas cautelarísimas acordadas, rechaza adoptar las medidas cautelares pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e impone al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para que sea “perfectamente viable” la reconstrucción del conjunto si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a entidad recurrente.
Según ha informado el TSJCV, los magistrados entienden que la retirada de la Cruz no produce daños irreparables; que no concurre el requisito legal de peligro en la ‘mora procesal’, ya que “no se está produciendo (por lo que se conoce), ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la Cruz, sino una deconstrucción, que debe hacerse con cuidado”.
Para ello, requiere “especialmente” a la Administración, no solo en lo que se refiere al desmontaje, sino también su custodia con el objeto de que, en el supuesto de que definitivamente triunfara la tesis de la Plataforma Ciudadana, pueda reconstruirse “a costa de la corporación” municipal.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, que tramita el recurso interpuesto por el colectivo contra el acuerdo del pleno que desestimó una moción del PP del 13 de enero de 2017, será el que deberá determinar las cuestiones de fondo: si la supresión de la Cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa; si la Cruz es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de San Martín y la llamada Cruz de los Caídos.
El grupo municipal ‘popular’ pedía mantener la Cruz porque se habían realizado obras de remodelación y modificación del monumento, del que se habían eliminado placas y menciones conmemorativas y no creía aplicable la Ley de la Memoria Histórica. La moción fue rechazada por mayoría en el pleno municipal. Ese acuerdo fue recurrido ante el juzgado de lo Contencioso de Elche, que lo tramita como un procedimiento especial de derechos fundamentales, por vulneración de la libertad religiosa.
La sentencia de ese juzgado podrá ser recurrida ante el TSJCV, y según ha señalado el alto tribunal, será la sentencia firme que en su día se dicte cuando se determine “definitivamente” el destino de la Cruz.
Asimismo, la sala rechaza la petición de la Plataforma Ciudadana para que la Cruz sea depositada en una nave cerrada y con vigilancia electrónica. Al tribunal, “le parecen suficientes las prevenciones que de cuidado y custodia se han impuesto a la administración, mientras dura el proceso”, concluye el auto.
DESMONTAJE
En su resolución, el TSJCV reprocha al Ayuntamiento que comenzara los trabajos de retirada del conjunto objeto del litigio sin esperar dos días a que se celebrara la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares, y que lo hiciera sin comunicarlo al tribunal en los términos en que le había sido requerido el día 24, enviando un fax el viernes 26 “sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje”.
“No se entiende por qué la Administración, que había esperado dos años para proceder al desmontaje de la Cruz no puede esperar dos días, que eran los que quedaban para resolver la apelación”, subraya el auto.
La sección primera de lo Contencioso Administrativo recuerda que ya se había pronunciado, en sentencia firme, sobre la inexistencia de riesgo en la retirada del monumento, decisión que, según argumentan los jueces, “no contradice la paralización de los trabajos por la vía de urgencia acordada la semana pasada porque el objeto de los procedimientos judiciales era distinto”: aquel se centraba en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica; éste, en el principio de libertad religiosa.
A este respecto, subraya que aquella sentencia “constituye un antecedente, pero no un precedente determinante, porque el objeto del proceso en el que se dictó, aunque parecido, no es idéntico” al actual y tampoco lo son las partes, distintas en uno y otro caso.
De manera que, entre aquel y este proceso, existe una “fundamental diferencia” ya que en aquel, lo que se cuestionaba, desde la legalidad ordinaria, era la aplicación o no de la Ley de Memoria Histórica a la denominada Cruz de los Caídos de Callosa y en este, lo que en principio se cuestiona, es si la supresión de la cruz atenta, contraría o vulnera el principio de libertad religiosa “porque se dice que, los signos que recordaban entonces al franquismo han sido actualmente eliminados”.
VOTO PARTICULAR
Las dos resoluciones del TSJCV notificadas este lunes sobre la Cruz de Callosa cuentan con el voto particular de uno de los cinco magistrados, que defendía la necesidad de adoptar medidas cautelares por considerar que la retirada de la Cruz antes de que se resuelva el fondo del pleito puede causar daños morales “irreparables”. En este sentido, subraya el hecho de que en 2016 ya se eliminaron del monumento las placas que pudieran considerarse elementos de exaltación colectiva de la Guerra Civil.
“La situación preexistente consiste en la presencia de un monumento en el lugar durante setenta años, y que su desmantelamiento no se presenta socialmente pacífica y consensuada, sino fuente de conflictos, por lo que la ponderación de intereses en juego habría de conducir a la estimación del recurso, con revocación del auto y adopción de la medida cautelar”, apunta el magistrado discrepante en su voto particular.
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El PSPV, “satisfecho” por la decisión del TSJCV de autorizar la retirada de la Cruz de Callosa del Segura

El grupo socialista en las Corts Valencianes ha expresado este lunes su “satisfacción” por las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que autorizan al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) la retirada de la Cruz de los Caídos, una decisión que considera que “avala” al alcalde de la localidad, Fran Maciá (PSPV).
Asimismo, el PSPV, a través de la portavoz de Memoria Democrática, Mercedes Caballero, ha denunciado los “ataques de odio” que ha sufrido el primer edil pese a que “siempre ha actuado siguiendo lo establecido en la legislación nacional y autonómica”.
La decisión del TSJCV incluye la orden de conservar la Cruz hasta que se dicte una sentencia firme que fije “definitivamente” su destino. Caballero ha señalado que la ley que las Corts aprobaron en noviembre obliga a la “eliminación de elementos conmemorativos contrarios a la memoria democrática” y ha incidido en que la exhibición pública de escudos, placas y otros elementos situados en la vía pública “realizados en conmemoración y exaltación del franquismo y del régimen dictatorial están claramente considerados contrarios a la memoria democrática”.
De esta manera, la dirigente socialista ha sostenido en un comunicado que la decisión del TSJCV de retirar la “cruz franquista” avala al primer edil de Callosa porque se trata de un elemento que “atacaba claramente la dignidad de las víctimas del régimen”.
El grupo socialista ha anunciado que presentará en los próximos días una declaración institucional al pleno de las Corts en la que solicitarán a todas las administraciones públicas de la Comunitat “su compromiso para que en el ejercicio de sus competencias y de conformidad a los establecido en la Ley de Memoria Democrática adopten las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de todos aquellos símbolos que incumplen la ley”.
Asimismo, la declaración busca manifestar el “total desacuerdo” de las Corts con la presencia de símbolos franquistas en cualquier municipio de la Comunitat, por lo que se ha mostrado convencida de que “no habrá ningún problema en que sea respaldada por el resto de fuerzas parlamentarias”, ha indicado la diputado.
“Hablamos del respeto y del cumplimiento de una ley que habla del derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria y que cumple con el derecho internacional al tiempo que reconoce y amplía derechos y medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, ha sentenciado Caballero.

El alcalde socialista de Callosa de Segura (Alicante), Fran Maciá, se ha felicitado por la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que autoriza al consistorio a continuar con la retirada de la Cruz de los Caídos de la fachada de la iglesia de San Martín, y ha asegurado que era el razonamiento que se esperaba.
Maciá ha explicado en declaraciones a Europa Press que ahora el consistorio puede continuar con el desmantelamiento de la cruz y “si en un futuro la Plataforma ganase podría plantear que se tuviera que devolver el monumento”.
El alcalde se ha referido a la causa que por derechos fundamentales interpuso la Plataforma en Defensa de la Cruz contra la decisión del pleno de retirar la Cruz de los Caídos y que está abierta en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche.
“Se han mezclado varios juicios, uno por memoria histórica y otro por libertad religiosa, hemos ganado por memoria histórica y ahora lo que hay que dilucidar es si la Plataforma, en el juicio pendiente, tiene posibilidades o no sobre si esto va contra la libertad religiosa”, ha sustanciado.
Fran Maciá ha señalado que el Ayuntamiento ha ganado todos los juicios sin la existencia de medidas cautelares que paralizasen la retirada de la cruz. Asimismo, ha indicado que el proyecto contempla medidas para evitar que el monumento se rompiera. “Al final, han alzado la medida cautelar para que podamos terminar de desmontar el pedestal”, ha seguido.

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