El exalcalde de Montroi (PP), condenado a 1 año y 10 meses de cárcel y a pagar a víctimas de ilegalidades urbanísticas

Francisco Javier Carrión (PP), exalcalde de Montroi (Valencia), ha sido condenado a un año y 10 meses de prisión y a indemnizar a decenas de perjudicados por irregularidades urbanísticas en el municipio. Junto a él, otras 15 personas también han sido condenadas a prisión de hasta dos años y al pago de multas.
Así consta en la sentencia, en la que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia condena a estas 16 personas por delitos continuados de estafa, de falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
Así mismo, se condena a Carrión y a otra persona más como responsables civiles a que indemnicen, conjunta y solidariamente, a decenas de víctimas en las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia como cuotas de urbanización que correspondan. Y a pagar 1.418.358,3 euros a otras víctimas. En esta causa hay una persona, un constructor, en busca.
Los hechos se remontan a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L’Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
A los ciudadanos –hay unas 200 víctimas–, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.
Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Así mismo, se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de diversos reclamos como la construcción de un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.
Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.
Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado.
PAPEL DE CARRIÓN
Para la actividad delictiva se contó con la colaboración de Carrión, que “no solo era conocedor de la construcción de viviendas en suelo no urbanizable de su localidad, sino que además realizó trabajos de electricidad en las viviendas de una urbanización a través de una mercantil”.
Dio la apariencia de legalidad a la construcción de la promoción que se estaba llevando a cabo “no solo colaborando con la instalación eléctrica, sino también no ejecutando los expedientes de restauración de legalidad urbanística e, incluso, reuniéndose con los afectados para darles tranquilidad sobre el proceso de construcción”, recoge la sentencia.
Además, para obtener la reclasificación de terrenos ocupados por las edificaciones, promovió la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Montroi. Sin embargo, esta actuación se produjo sobre la base de un falseamiento de la realidad existente en el momento de la reclasificación.

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