Forcadell cambia de estrategia y responde a las preguntas de la Fiscalía del Tribunal Supremo

4296592AGENCIAS La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al menos dos de los miembros de la Mesa que han declarado hasta el momento ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena han acatado este jueves la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre tenía “carácter simbólico”.

Fuentes jurídicas han informado del contenido de las declaraciones prestadas como investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación por la DUI ante el juez Llarena por Forcadell, Lluis Corominas y Lluis Guinó, quienes han respondido a las preguntas de todas las partes, incluida la Fiscalía, un evidente cambio de estrategia de defensa respecto a la que han mantenido en el pasado.

Forcadell ha declarado primero durante unas dos horas. Tras ella, han declarado Lluís María Corominas y Lluís Guinó (PDeCAT). Después ha sido el turno de Anna Simó (ERC), que ha declarado por espacio de una hora antes de que el juez haya acordado un receso para comer. Los interrogatorios se reanudarán a las 16.30 horas con las declaraciones de Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (CSQP).

Es la segunda vez que todos los miembros de la Mesa acuden al Tribunal Supremo a declarar ante el juez Llarena, que les concedió una semana para preparar su defensa, tal y como habían pedido. Además, les impuso vigilancia policial como medida cautelar, en contraste con la decisión de la juez de la Audiencia, Carmen Lamela.

Cambio de estrategia

Con su declaración, Forcadell ha cambiado de estrategia con respecto a otras comparecencias anteriores en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde se negó a responder a juez y a fiscal y solo lo hizo a su abogado.

También sigue una estrategia distinta a la seguida por la mayoría de exmiembros del Govern que se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público durante el interrogatorio ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien acordó prisión preventiva sin fianza para todos menos para el exconseller de Empresa Santi Vila.

Precisamente Vila, que fue el único al que se le impuso una fianza y fue excarcelado tras depositarla, sí había respondido al fiscal, y es posible que con la presidenta del Parlament pueda ocurrir lo mismo.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración y, respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 “a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”.

Por otra parte, Nuet -que es el único no aforado actualmente de los seis investigados por no estar en la Diputación Permanente del Parlament- ha pedido que se archive su imputación alegando que, en contra de lo que dice la querella, se abstuvo en la ley de transitoriedad y votó en contra de la resolución de independencia.

Actuó para permitir el debate

Según han explicado fuentes presentes en la declaración, Forcadell ha defendido que siempre ha permitido el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y el debate libre.

A su juicio, evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlamento, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático.

Por ello, ha defendido que en todo momento ha cumplido con sus funciones como presidenta defendiendo la soberanía del Parlament y los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y que no tiene libertad para impedir votaciones.

Sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha defendido que este órgano a su juicio no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo hace a posterior.

Finalmente, y sobre sobre los incidentes ocurridos en Barcelona a raíz del denominado ‘procés’, Forcadell ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos. Que la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos.

Los miebros de la Mesa están siendo preguntados por los actos que realizaron para facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral de independencia por los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. Las tres declaraciones restantes serán llevadas por los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han apuntado fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía podría solicitar medidas cautelares

Sobre posibles medidas cautelares -que pueden ir de la mera retirada de pasaporte a la imposición de fianza e incluso el ingreso en prisión-, la Fiscalía aún no se ha pronunciado pues lo hará al término de las declaraciones de todos ellos.

Así lo han señalado fuentes de la Fiscalía, que han recordado que la adopción de medidas cautelares de carácter personal ya había sido solicitada en la querella presentada contra todos ellos “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”.

La presidenta del Parlament y los cinco miembros de la Mesa están siendo investigados a raíz de una querella de la Fiscalía que les acusa de acordar admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6-7 de septiembre) y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 27 de octubre

La Fiscalía acusa a los seis investigados de persistir “en su conducta de radical oposición a la Constitución” y de desoír las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara para admitir a trámite las leyes “siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad”. Y cree que el “fin último de todos sus actos” era la declaración secesionista.

Dentro del Ministerio Público del alto tribunal hay criterios distintos, si bien lo más probable es que la petición de medidas cautelares no diste mucho de la prisión preventiva que la Fiscalía solicitó en la Audiencia Nacional para los exmiembros del Govern.

El juez Pablo Llarena tendrá que decidir si toma la misma decisión que la Audiencia Nacional la semana pasada que envió a prisión a nueve exconsellers acusados también de rebelión.

Arropados por diputados y senadores independentistas

La llegada de los miembros de la Mesa Parlament al Tribunal Supremo se ha producido ante alrededor de un centenar de periodistas y un grupo de diputados y senadores, dirigentes y militantes de base de ERC, la CUP y el PDeCAT que se han acercado acercado para apoyarles.

La número dos del PDeCAT, Marta Pascal, y los diputados nacionales Jordi Xuclá, Carles Campuzano (portavoz en el Congreso), Ferran Bel (alcalde de Tortosa) y Lourdes Ciuró, encabezan la representación de este partido, junto a su portavoz en el Senado, Josep Lluis Cleries.

También entre los congregados se encuentra el portavoz de En Comù Podem y recién designado candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier Doménech, así como el dimitido secretario general de Podem Albano Dante Fachin. Otros políticos concentrados ante el Supremo son la senadora Esther Capella, de ERC; el senador de Bildu Jon Iñarritu, o la diputada autonómica de la CUP Mireia Boya.

Además de diputados y senadores apoyándoles, también había un grupo de personas con banderas españolas coreando “fascistas a prisión”, “Puigdemont a prisión” y “no nos engañan, Cataluña es España”.

Esas personas han sido posteriormente desalojada por la Policía, en tanto que otro grupo apoyaba a los investigados con ánimos y gritos de “no estáis solos” y un tercero -con una bandera republicana- expresaba el apoyo de Madrid al “pueblo catalán”.

El Supremo podría reclamar para sí el caso de los exconsellers

Además, el juez del Tribunal Supremo valorará la posibilidad de reclamar para sí parte o todo este caso en el auto en el que asumía la competencia para investigar y, en su caso, enjuiciar, a los seis miembros de la Mesa del Parlament por rebelión, sedición y malversación.

Así, la Sala de Admisión señalaba en ese auto que hacía extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados.

De este modo, el instructor podría considerar que son de competencia del Supremo, por ejemplo, las acusaciones por desobediencia al Constitucional y delitos conexos presentadas contra Forcadell y otros miembros de la Mesa ante el TSJC. O también la causa abierta en la Audiencia Nacional que ha llevado a prisión a políticos catalanes en vísperas de la campaña electoral para el 21D en Cataluña.

En caso de que el criterio de Llarena respecto a las medidas cautelares fuera diferente del ejercido por Lamela, y si el Supremo asume la caus en su conjunto, acercaría, aparentemente, la libertad provisional de los miembros del Govern.

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