Ismael Arráez  La ley del taxi del gobierno valenciano arruinara al sector

En el punto que solicitaron las cuatro asociaciones mayoritarias del taxi.Si nadie lo remedia, el próximo miércoles se consumará la aprobación de la nueva Ley del taxi, que va a provocar centenares de despidos de trabajadores y una gravísima limitación de derechos al autónomo taxista.

El Partido socialista, que en el reparto de consellerias controla la de Vertebración del Territorio, competente en este tema, en  un diálogo de sordos con las  asociaciones mayoritarias del sector a las que ha ninguneado hasta extremos jamás vistos desde la democracia, con mas de doscientas enmiendas presentadas por grupos parlamentarios y asociaciones , sin estudios previos de necesidad, ,   en contra del informe del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana va a consumar con la complicidad de los partidos políticos que le dan soporte al Gobierno una conflictiva ley que pretende, entre otros puntos:

–     Que  los taxistas  que tienen contratado un conductor asalariado los despidan.

–     Que  los  taxistas     no  puedan  mantener  su  licencia  después  de  la jubilación o teniendo una incapacidad permanente tal y como si reconoce la ley de la Seguridad Social.

–     Que    los    hijos    e    hijas    de    los    taxistas    que    fallezcan    quedan completamente desprotegidos ante esta ley.

–     Que quien tenga más de una licencia adquirida y otorgada legalmente por herencia o compra, no pueda explotarla con conductores creando empleo.

–     Desaparece  la  garantía  jurídica  de  que  la  licencia  tenga  carácter

indefinido.

–     Se nos limita la capacidad de competir con las VTCs en igualdad de condiciones.

Mientras  que  la  anterior  ley  fue  consensuada  por  todos  los  interesados  (taxistas, usuarios y administración) y no era polémica porque reconocía los derechos de todos y fomentaba el trabajo autónomo,   nadie puede comprender la cruzada emprendida por Ximo Puig (dado que es un empeño personal) en generar conflicto donde no lo había e imponer un modelo de taxi sobre el  que los tribunales ya se han pronunciado en contra en otras comunidades, provocando la movilización del sector,  conflictividad social y un enorme perjuicio para los taxistas autónomos.

Los centenares de enmiendas presentadas, de nada sirven, el valor del diálogo no está en su agenda, los informes económicos y sociales emitidos por órganos independientes como el Comité Económico y Social son para él papel mojado.

Cuando los problemas del taxi son muy graves y se centran en la proliferación de vehículos que les quitan el trabajo en manos de multinacionales no españolas, como UBER, lo que el presidente pretende es atomizar el sector para debilitarlo aun más si cabe y que no pueda hacer frente a los retos de la sociedad actual. Mientras la ley del transporte nacional fomenta LUCHAR contra la atomización del sector para hacer frente a los retos, aquí en la Comunidad se consagra  en una política incomprensible en contra del interés general.

s taxistas, profundamente dolidos  anuncian movilizaciones  y largo recorrido judicial si al final se consuma este atropello.

El presidente:

Ismael Arráez Bañón.

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