Juicio ERE: Chaves sabía que se daban ayudas sociolaborales  pero “cómo se daban yo no lo sabía

Citan como investigados a declarar por los ERE andaluces a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán.
Juicio de los ERE de Andalucía, Chaves sabía que se daban ayudas sociolaborales  pero “cómo se daban yo no lo sabía, “no correspondía a su ámbito de decisión”. Le era difícil pensar que “se pudiera establecer un procedimiento ilegal”. El expresidente andaluz se enfrenta a diez años de inhabilitación.

Agencias/.- El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha afirmado que en virtud de su cargo “conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales” pero “cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión”.

Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación, acusado de un delito de prevaricación, en el juicio de la denominada pieza política de los ERE, ha contestado al fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga en varias ocasiones que sabía que se daban ayudas sociolaborales, pero “cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios no entraba en mi ámbito político de decisión”.

Ha explicado que “en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno” existía la convicción de que “cualquier ayuda” que se daba estaba conforme a ley. “Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley”, ha contestado a preguntas del fiscal.

Chaves ha defendido que durante sus años de presidente se reunió con muchos comités de empresa y sindicatos ante grandes crisis laborales porque “era mi responsabilidad” y “lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi” ha ejemplificado, tras subrayar que dichas reuniones eran “un acto de normalidad democrática”.

Ha subrayado que la directriz política era que ante estas crisis se creara una mesa de negociación para tratar de salvar a la empresa y paliar los efectos en los trabajadores pero ha insistido en que los acuerdos concretos a los que se llegaba en esa mesa, que seguía las líneas de los acuerdos de Concertación Social con los agentes sociales, no formaban parte de su competencia.

Más de 850 millones en ayudas

Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009 y que cuando estalló este caso, en 2011, era vicepresidente del Gobierno central, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por haber creado o mantenido un “procedimiento específico” con el que se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre 2001 y 2011, de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ese sistema se implantó en 2001, siendo Chaves presidente, mediante un convenio suscrito entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA (luego IDEA) por el que este ente pagaba las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo, con fondos que Empleo le remitía mediante transferencias de financiación, un mecanismo que el fiscal y las acusaciones populares (PP-A y Manos Limpias) sostienen que se utilizó para eludir la fiscalización previa.

Ello permitió, según las acusaciones, repartir ayudas de forma discrecional, muchas a personas cercanas al PSOE e “intrusos” que se prejubilaron en ERE de empresas para las que no trabajaron, así como prescindiendo del procedimiento legal, pese a las alertas emitidas por la Intervención sobre lo “inadecuado” de este sistema.

No se enfrenta a la cárcel

Chaves es uno de los siete acusados en el juicio de los ERE que no afronta penas de cárcel, porque la Fiscalía sólo le acusa de prevaricación y no de malversación como a los otros 15, entre ellos su sucesor en la Presidencia andaluza, José Antonio Griñán, quien antes fue consejero de Economía, departamento destinatario de los informes de la Intervención.

Septuagenario, al igual que Griñán, Chaves está retirado de la vida política pues ambos abandonaron sus escaños en las Cortes en 2015, y entregaron su carnet del PSOE, tras ser formalmente imputados por el Tribunal Supremo.

La primera instructora del caso, Mercedes Alaya, vio indicios de delito contra ellos en el 2013, pero al ser Chaves diputado y Griñán, senador, ambos estaban aforados, por lo que la causa se tuvo que elevar al Supremo, en el 2014, tribunal que los imputó un año más tarde.

“Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos será la Justicia la que determine si esas actuaciones individuales provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o grande”, dijo Chaves tras declarar en el Supremo, el 14 de abril del 2015, horas después de que Griñán señalase a los periodistas, tras su declaración judicial, que en este caso “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude”.

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