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La Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Alicante

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Imagen de archivo de José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante. EFE

Agencias La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Alicante y del PP de esta provincia José Joaquín Ripoll en el marco del caso Brugal.

El Ministerio Público le acusa de seis delitos: cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Anticorrupción pide en su escrito de acusación provisional abrir igualmente juicio contra otros doce acusados por su implicación en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca de la Vega Baja.

Entre estos sospechosos destacan los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, así como técnicos, empresarios, la exalcaldesa de Orihuela (PP) Mónica Lorente y el exportavoz socialista en la Diputación Antonio Amorós.

La investigación del caso Brugal se inició en 2006

La investigación del caso Brugal se inició en 2006 después de que Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela que ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

Ripoll y los principales implicados en la rama del Plan Zonal fueron detenidos en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y dirigida por Anticorrupción y un juez de Orihuela en julio de 2010.

Esa operación incluyó un llamativo registro en la sede de la Diputación alicantina, así como en el domicilio particular del propio Ripoll, en el ayuntamiento de Orihuela y en numerosas empresas involucradas en el presunto amaño.

17 años para Ortiz y Fenoll

La Fiscalía ha solicitado inicialmente para los empresarios Ortiz y Fenoll, que se disputaban el contrato para tratar las basuras de la Vega Baja, sendas penas de 17 años de prisión, mientras que reclama para Amorós y Lorente 4 años y 9 meses de cárcel, en ambos casos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente Ripoll favoreció en parte al empresario Ángel Fenoll en el concurso para la gestión de residuos de la Vega Baja por el apoyo de éste último a la campaña electoral de los populares de Orihuela en 2007.

Según explica el ministerio público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, esos comicios permitieron a la popular Mónica Lorente, “muy próxima políticamente a Ripoll”, alcanzar la Alcaldía oriolana.

En definitiva, la Fiscalía concluye que Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes a la contrata de basuras tras prolongadas y arduas negociaciones entre 2008 y 2009, que pasaba por que Ortiz se hiciese con la adjudicación pero comprara una finca a Fenoll para compensarle.

De acuerdo con esta versión, el político llegó a paralizar el procedimiento administrativo, lo que provocó un perjuicio a las arcas públicas de 1,1 millones, por “tener un interés directo y personal en el buen término de las negociaciones, de las que esperaba obtener su correspondiente beneficio económico”.

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