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La Fiscalía mantiene la petición de 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y 11 años para Alfonso Grau

Para todos los públicos3630418reproducir video01.00 AGENCIAS La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres en el caso Nóos, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública, según las conclusiones presentadas este viernes por las acusaciones ante el tribunal.

El representante del Ministerio Público, Pedro Horrach, según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press y Efe, ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.

Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron “una maraña de facturación ficticia” para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”.

El fiscal atribuye a Urdangarin delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento publico y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo. En el caso de Torres, el fiscal Anticorrupción ve presuntos delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

En cuanto a la petición de multa para el exduque de Palma, la rebaja de 1.011.431 euros a 980.777 euros (523.725 euros por el presunto delito fiscal de 2007 y de 457.052 por el de 2008), dado que la cuota presuntamente defraudada en 2007 y 2008 fue algo más baja de la estimada anteriormente por la Agencia Tributaria. También en el caso de Torres, debido a la rebaja de la cuota presuntamente defraudada según los informes de Hacienda, el fiscal rebaja la petición de multa del triple de la cuota, hasta 1.142.318 euros.

La Fiscalía mantiene la exculpación de la infanta

Con respecto a la infanta Cristina, Horrach mantiene su posición inicial, no pide ninguna condena aunque la considera responsable civil a título lucrativo y señala que ya ha aportado toda la cuantía que le fue solicitada: 587.413 euros.

Únicamente ha añadido un cambio respecto a la petición inicial al indicar que “ha consignado la cantidad total que se le solicitaba en concepto de responsabilidad como partícipe a título lucrativo”, según ha señalado Horrach.

Mientras, la Abogacía del Estado reclama a la infanta Cristina 163.462 euros de responsabilidad civil, como partícipe a título lucrativo de los bienes con los que se lucró su marido, Iñaki Urdangarin, al cometer presuntamente fraude fiscal en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007 y 2008.

La cantidad es algo inferior a los 168.571 euros solicitados en el escrito provisional de acusación antes del inicio de juicio, al haber rebajado la Agencia Tributaria el cálculo de la cuota presuntamente defraudada por Iñaki Urdangarin.

Rebaja la petición de cárcel para Jaume Matas

El fiscal rebaja de once a cinco años la petición de cárcel para el expresidente del Govern balear, quien este jueves entregó al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma 865.252 euros por la venta de su vivienda de Palma, como reparación del daño, en concepto de responsabilidades pecuniarias, a favor de los perjudicados en el caso Nóos.

Horrach tiene en cuenta para la reducción de la pena solicitada que ha prestado colaboración en relación con la acusación contra él por prevaricación y fraude a la administración, que “ha asumido su intervención en los mismos y ha revelado datos trascendentes relativos a otros imputados y ha ayudado a la Administración de Justicia”, ha dicho Horrach.

El fiscal pide para Matas cuatro años de prisión por delito continuado de malversación en concurso medial con delito continuado de prevaricación y continuado de falsedad en documento público y diez años de inhabilitación absoluta; además de un año de prisión por fraude a la administración e inhabilitación de un año.

Solicitud de penas para ex altos cargos 

Horrach también rebaja la petición de cárcel para otros ex altos cargos del Govern balear para los que pide penas de prisión sustituibles por multa: el exdirector general de Deportes del Govern, José Luis ‘Pepote’ Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Ángel Bonet.

Además, reduce la petición de cárcel para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen de 6 años y medio a cuatro años y medio.

En cuanto a los ex altos cargos valencianos procesados en el caso, Horrach mantiene su solicitud de ocho años de cárcel para cada uno de ellos por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. En concreto para el exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón; los exdirectores gerentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y para la exresponsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado.

El exteniente de alcalde de Valencia y expresidente de la Fundación Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, se sienta en el banquillo por la acusación del PSPV, que reclama 11 años de cárcel.

Por último, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

Manos Limpias mantiene la petición de ocho años para la infanta

Por su parte, el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la infanta Cristina, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido habría cometido.

Manos Limpias, según fuentes del caso recogidas por Europa Press, considera que no hay motivos para rebajar la solicitud de pena para la infanta puesto que la hermana del rey Felipe VI, a su juicio, no ha colaborado con las investigaciones y, además, se negó a responder durante su declaración en el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado.

Para justificar su solicitud de ocho años de cárcel para la infanta, cuatro por cada uno de los dos delitos contra Hacienda cometidos presuntamente por su esposo, a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50%, la letrada que representa a Manos Limpias en este proceso, Virginia López Negrete, apunta que la acusada incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

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La infanta Cristina asiste a la presentación de las conclusiones del juicio del caso Nóos

De hecho, sostiene que la infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

El sindicato reclama asimismo para la infanta el pago de 2.022.861 euros, y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años.

“Necesaria intervención” de la infanta

La letrada subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin, que asciende a un total de 337.138 euros, “nunca hubiera podido tener lugar” sin la “necesaria intervención” de Cristina de Borbón.

“La infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma”, abunda en su escrito de acusación provisional cuyo contenido mantiene inalterado.

Manos Limpias sostiene que Aizoon fue creada “con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación como entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás el Instituto Nóos”, además de utilizarse para facturar los “hipotéticos servicios personalísimos” prestados por Urdangarin a diversas entidades privadas, “sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre el IRPF estaba obligado a realizar”.

Conclusiones de las acusaciones y las defensas

El proceso judicial del caso Nóos, que comenzó el pasado 11 de enero con las cuestiones previas, ha alcanzado su quincuagésimo quinta sesión con esta presentación de conclusiones de las seis acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, las abogacías de Baleares y la Comunidad Valenciana, el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia).

El próximo martes se retoma el juicio con la conclusiones que presentarán las defensas. Este juicio se encuentra en su recta final y se prevé que antes del 30 de junio quede visto para sentencia, después de que todas las partes expongan sus informes.

Los días posteriores, a partir del 15 de junio, todas las partes expondrán sus informes, se celebrará el trámite de última palabra de los acusados y el juicio quedará visto para sentencia, en una fecha que dependerá del tiempo que se prolonguen los informes pero que en cualquier caso será antes del 30 de junio, según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los acusados, que han estado exentos de asistir al juicio durante las fases testifical y pericial, deberán estar presentes en la sala los días de las conclusiones, además de este viernes el próximo martes, así como durante la última palabra, que será en fecha aún por determinar.

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Los acusados en el ‘caso Nóos’ asisten a la presentación de las conclusiones del juicio

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