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La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes que apoyan el referéndum y detenerlos si no comparecen

4218770AGENCIAS El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) de todos los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de que no comparezcan, reclamen su detención.

Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

Además, el oficio, de cinco páginas recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña “exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal” e insiste en que cualquier conducta de las “autoridades” que facilite el 1-O puede constituir delito.

Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, “en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal”.

Sin embargo, al poco de conocerse esta orden la CUP ha respondido que sus alcaldes, una treintena en toda Cataluña, no acudirán a declarar e instan al resto de partidos que se sumen a esta desobediencia. Y después, los alcaldes prorreferéndum agrupados en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han convocado un acto de protesta el sábado en Barcelona.

Si no acude a declarar, pide que se les detenga

En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar “a los Mossos d’Esquadra como policía judicial” para que la lleven a cabo “en el plazo más breve posible”.

El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población.

La nota cita la dirección de la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia que incluye a 712 ayuntamientos catalanes que, según el ministerio público, han firmado un decreto para poner a disposición del Govern locales para celebrar el referéndum. Entre ellos, destacan Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.

Delitos penados con hasta ocho años de cárcel

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de “los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación” hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de “al menos” los delitos de desobediencia y prevaricación y también de malversación de fondos públicos.

Este último, según advierte Maza, está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años “en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.

Partidos catalanes y vascos piden que Maza comparezca en el Congreso

Ante esto, seis partidos, el PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, ERC y Bildu, han registrado esta tarde una petición de comparecencia del fiscal general del Estado para que explique su decisión. Y también piden que Maza informe en la Cámara baja de las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía “que atentan contra la libertad de expresión”.

El diputado del PDeCat Ferran Bel, que es también alcalde de Tortosa (Tarragona), ha advertido de que con esta medida Maza pretende actuar contra el 75% de los alcaldes catalanes, a los que pretende imputar, ha ironizado, el “grave delito” de “facilitar el voto” de sus ciudadanos.

Además, ha apuntado que hay alcaldes que son diputados -como es su caso- y, por tanto, aforados, y no puede ser llamados a declarar como imputados sin que se pida suplicatorio.

Por su parte, Ester Capella, de ERC, ha recriminado que el fiscal general ejercita con esta medida “el miedo generalizado” al poner su “dedo acusador” sobre estos alcaldes y sus concejales, en lo que ha considerado “una causa general” contra la ciudadanía catalana.

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