La Generalitat apelará al Constitucional si el Gobierno le impide implantar la jornada laboral de 35 horas en la Administración valenciana

La Generalitat recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno impide aplicar a los empleados y empleadas públicas valencianos algunas de las mejoras laborales que el Ministerio de Hacienda y Función Pública negocia para la plantilla pública estatal.

Así se lo ha anunciado la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Publica, Gabriela Bravo, a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez, durante la reunión que ambas han mantenido este martes en la sede del Ministerio de Hacienda.

La Comunitat Valenciana no podría aplicar al personal empleado público valenciano algunas de las mejoras pactadas por el Ejecutivo central con los sindicatos, como la jornada laboral de 35 horas semanales, porque el Ministerio quiere incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una clausula que lo impediría en el caso de aquellas comunidades autónomas que, como la valenciana, incumplen las reglas de gasto, deuda y déficit previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esa clausula limitaría también la tasa de reposición de vacantes de funcionarios a aplicar en la administración de la Generalitat.

Bravo ha transmitido a la secretaria de Estado su rechazo a la pretensión gubernamental a impedir que la Comunitat Valenciana aplique dos de las tres mejoras pactadas en el acuerdo alcanzado con los sindicatos, que incluyen el aumento del salario de los trabajadores públicos hasta un máximo del 8,79% hasta el año 2020 (incremento que sí podrá aplicar la Generalitat para sus plantillas), la jornada laboral de 35 horas semanales y que la tasa de reposición vuelva a ser del cien por cien de las bajas por jubilación.

El Ministerio de Hacienda pretende que los Presupuestos Generales del Estado imposibilite que aquellas autonomías que no hayan cumplido con la regla de gasto, deuda y déficit no puedan aplicar la jornada de 35 horas ni ofertar plazas de empleo público suficientes para cubrir las jubilaciones. Por ese motivo, Gabriela Bravo ha asegurado que “llevaremos al Tribunal Constitucional el proyecto de ley de Presupuestos si, una vez más, el Gobierno central castiga a la Comunitat Valenciana con un efecto colateral de la infrafinanciación, porque no podemos cumplir con el objetivo del déficit si no tenemos los recursos necesarios para ello”.

La consellera ha asegurado que la Generalitat no tiene un problema de gasto “sino de ingresos, debido a un sistema de financiación injusto que escamotea a los valencianos lo que les corresponde por población y actividad económica, tanto en transferencias corrientes como en inversiones”. “Es lamentable que el Gobierno central esté instrumentalizando el control del déficit en perjuicio de algunas autonomías”, ha añadido.

La pretensión gubernamental, según la consellera, sitúa a los funcionarios y funcionarias valencianos en una situación de “manifiesta desigualdad” por el hecho de trabajar en la Comunitat frente al resto de funcionarios del Estado y de otras autonomías. Lo cual se traduce, ha apuntado Bravo, “en una desigualdad que les perjudica para llevar a cabo jornadas laborales compatibles con la plena conciliación familiar”.

Respecto a reducción de las tasas de reposición de las vacantes, Gabriela Bravo recordó que esa medida frenará la necesaria regeneración de una administración pública. Una plantilla, la de funcionarios y funcionarias públicos valencianos que adolece de elevadas tasas de envejecimiento,  ya que más del 60% del personal tiene cincuenta o más años,  y  el 36% de la plantilla está en situación de precariedad laboral, “lo que nos impediría impulsar políticas públicas que necesita la ciudadanía”.

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