La Generalitat cierra el periodo de alegaciones y sugerencias al Anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda

La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha cerrado el plazo de presentación de alegaciones y sugerencias al texto del Anteproyecto de la Ley de la Función Social de la Vivienda, abierto a información pública durante un mes.

En el transcurso de este tiempo se han recibido un total de 167 alegaciones, número que en opinión de la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, es “razonable” e indica que “la Ley está bien trazada y cuenta con el apoyo mayoritario de los agentes económicos y sociales, así como de los organismos públicos y privados de la Comunitat Valenciana, participantes en este proceso”. De hecho, ha destacado que la mayoría de los 24 colectivos que han presentado alegaciones felicitan al Consell por haber dado este paso al preparar una ley tan innovadora.

Según Torró se trata de una ley de consenso, a la vanguardia del Estado español, que pone en valor el derecho constitucional de todas la personas a tener una vivienda digna. “La Ley, recoge una realidad social y protege al sector poblacional más desfavorecido de nuestra sociedad”, ha indicado.

Con el plazo cerrado, la Conselleria va a proceder al estudio y valoración de las alegaciones para incorporarlas si se consideran oportunas. La directora general entiende que las propuestas realizadas pueden servir para “mejorar al texto del Anteproyecto de Ley, atendiendo así a las sugerencias de la ciudadanía”.

En este sentido, una vez incorporadas las alegaciones, el anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda se remitirá al Consell Jurídic Consultiu, y una vez dictaminado su informe, el texto, con las aportaciones de este organismo, si las hubiera, se traslada al Consell para su aprobación y posterior envío a les Corts Valencianes para iniciar así el correspondiente trámite parlamentario.

Una ley abierta a la participación pública

La Ley por la Función Social de la Vivienda es una iniciativa del actual gobierno de la Generalitat y una de las prioridades de la consellera María José Salvador al asumir la cartera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

En este sentido, en menos de un año, el texto del anteproyecto de Ley ya está redactado y ha sido entregado al Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat, formado por amplio abanico de representantes de distintos organismos públicos, de colegios profesionales y de organizaciones sociales relacionados con este tema. Además el texto también se ha presentado a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de la Comunitat.

Paralelamente, y dentro del periodo de consultas y de participación pública, en la página web de la conselleria (www.habitatge.gva.es) se ha podido descargar el texto del anteproyecto y se ha habilitado un correo electrónico para que la ciudadanía pudiera hacer las aportaciones que creyeran oportunas a este texto legislativo.

Movilización de las viviendas vacías

La Ley prevé que la Administración actúe para evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada para poder satisfacer las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad. Hay que recordar que el 15% de las viviendas de toda la Comunidad Valenciana están vacías, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone unas 500.000.

Por ello, se establecerán diferentes registros como el Registro de Viviendas Vacías donde se inscribirán todas aquellas viviendas declaradas deshabitadas por la administración mediante una resolución. También se creará el registro de Oferta y de Demanda donde los particulares que podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.

Según el texto legislativo, se considerará una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitada durante un periodo superior a dos años, solo afectará a los considerados grandes propietarios que tengan más de 10 viviendas, en ningún caso a los particulares. Además, quedan excluidos las viviendas destinadas a usos de segunda residencia, turísticos o de usos profesionales.

Medidas de fomento para ocupación de las viviendas

Para procurar que se cumpla la función social de la vivienda, las administraciones desarrollarán diversas medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.

Además se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan en alquiler sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación habitacional.

De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios privados podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.

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