La Guardia Civil realiza 15 registros en una operación por delitos de fraude y administración desleal

guardia civilSe han llevado a cabo en Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata (Girona) y la empresa investigada sería Aguas de Girona, Salt y Sarriá de Ter (AGISA)


La Guardia Civil está llevando a cabo esta mañana 15 registros en el marco de la “Operación Aquarium”, ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Girona.

Las investigaciones giran en torno a diversas actividades presuntamente ilícitas, entre las que se encuentran fraude y administración desleal en la gestión de la adjudicación del suministro de aguas.

En esta operación se están investigando actividades de la empresa Aguas de Girona, Salt y Sarriá del Ter (AGISSA).

Por parte del Juzgado encargado de la investigación se decreta secreto de sumario.

El juez del número 2 de esta localidad catalana, Manuel Marcelo, que está al frente de las investigaciones, ha firmado también un requerimiento dirigido al Consistorio gerundense y ha citado a declarar a varios concejales relacionados con las empresas investigadas o con las concesiones que éstas han recibido. Los registros, un total de 15, se están llevando a cabo en Gerona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata (Girona), en el marco de la operación denominada como ‘Aquarium’.

Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si fueron desviados más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Gerona Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría «serios indicios» de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular.

El origen de esta operación se encuentra en la investigación del caso del 3% sobre la financiación ilegal de Convergència i Unio llevada a cabo por el juez de El Vendrell. Determinados datos relacionados con la gestión de las Aguas de Gerona le llevaron a solicitar una investigación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que llegó a la conclusión de que los hechos presentados por el juez podrían dar lugar a varios ilícitos penales. Como quiera que el juez del número 2 de Gerona tenía abierta una investigación al respecto, el asunto ha acabado en sus manos.

Se han detectado partidas facturadas «por servicios presuntamente no prestados», se están investigando préstamos por parte de Girona SA a los ayuntamientos con intereses del 12%, habría autofacturaciones, partidas de unos 600.000 euros contabilizadas como gastos de estructura cuando se trataría de «dividendos encubiertos». Se habrán detectado gastos particulares que incluyen jamones, joyas, restaurantes de lujo, hoteles..; sueldos abonados a directores de la empresa privada cuyo trabajo era hecho por un trabajador de la empresa mixta Agissa y un procedimiento contable que, presuntamente, mantuvo a la empresa en un nivel deficitario cuando en realidad había recibido ingresos por parte de los ayuntamientos integrantes que no justificaban esta situación.

El juez investiga si son ciertos los indicios de que los responsables de los ayuntamientos involucrados, según como apuntó la Agencia Estatal de Administración Tributaria, habrían actuado vulnerando la legalidad al malgastar fondos para beneficiar intereses privados, despatrimonializando las arcas públicas con repartos de dividendos y beneficios inexistentes, anotando gastos que no han existido y alterando el precio de las cosas con el consiguiente encarecimiento de las tasas de agua al usuario final.

Hasta 2011, año en el que Puigdemont es nombrado alcalde, el Consistorio estaba gobernado por Joaquim Nadal, el dirigente del PSC. A partir de 2013, tras mediar una denuncia, siendo Puigdemont alcalde se produce la última renovación del contrato y se cambia el sistema. Pero según Hacienda y según algunos informes policiales lo único que se consiguió fue que los ciudadanos pagasen más por un servicio de menor calidad.

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