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La Justicia europea multa a España con tres millones por el retraso en la liberalización de la estiba

descargaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a España una multa de tres millones de euros por retrasarse en liberalizar el sector de la estiba, según una sentencia hecha pública este jueves. La Comisión Europea solicitaba una sanción de unos 24 millones de euros por este mismo motivo.

El TJUE ha asegurado en su sentencia que el país “ha demostrado su buena fe” al cooperar con la Comisión Europea en el procedimiento administrativo, pero que la multa responde a que el incumplimiento persistió durante un “tiempo significativo”.

En concreto, ha señalado el tribunal, transcurrieron “29 meses desde que se dictó la sentencia del 11 de diciembre de 2014 hasta que entró en vigor la nueva normativa por la que se adaptaba la legislación nacional a lo dispuesto en dicha sentencia”.

La reforma fue finalmente aprobada el pasado mayo, cuando el Congreso de los Diputados convalidó -tras un rechazo inicial- el decreto ley aprobado por el Gobierno, y contaba con el aval del Ejecutivo comunitario.

El TJUE estima, además, que el incumplimiento debe considerarse grave, puesto que afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior.

La primera condena a España tuvo lugar en 2014

El caso se remonta a 2011, cuando Bruselas abrió un expediente a España por el régimen de trabajo portuario vigente. Ante la falta de reformas, Bruselas llevó a España ante la Justicia europea en junio de 2013. En diciembre de 2014 el país fue condenado por no reformar su legislación para adaptarla a la normativa europea.

La Comisión Europea presentó un recurso ante el tribunal con sede en Luxemburgo al no cumplir España con esa sentencia y propuso una multa diaria al país de 27.522 euros hasta el momento en el que se aprobara la reforma (esos 24 millones).

Además, Bruselas pedía una segunda sanción de 134.122 euros diarios por cada día de retraso desde que el TJUE hiciese pública su segunda sentencia, solicitud que retiró tras convalidar el Congreso, tras un rechazo inicial, el decreto ley aprobado por el Gobierno.

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