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La Policía registra domicilios y empresas de tres hijos de Jordi Pujol

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AGENCIAS 
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra desde primera hora de este martes varios domicilios y sedes de empresas relacionadas con tres de los hijos de Jordi Pujol: Jordi, Pere y Josep. Los agentes han acudido también a la casa del expresidente de Cataluña para registrar la habitación que utiliza su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que vive allí de forma temporal tras una operación, según han señalado fuentes de la investigación.

La operación ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironés, por presunto blanqueo y fraude fiscal por el supuesto cobro de comisiones ilegales a empresarios a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos, después de recibir de Andorra nueva información de la fortuna de los Pujol.

No está prevista ninguna detención, pero sí la imputación de delitos de corrupción, en concreto blanqueo de capitales, delito fiscal, estafa y contra el patrimonio del Estado. La operación ha sido bautizada como Operación Hades, el dios griego del inframundo o dios de los muertos, señala Europa Press.

15 registros de domicilios y empresas

Unos 200 agentes están llevando a cabo 15 registros, entre ellos los domicilios de Josep, Pere y Jordi, así como de la exposa de este último. En los registros también figuran sedes en Barcelona de empresas de los tres -en el caso de Jordi figuran dos naves industriales-, así como otros dos inmuebles en Madrid.

Entre los objetivos de los registros figura una oficina situada en el número 5 de la calle Ganduxer de Barcelona, sede de las empresas Iniciatives, Marketing e Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation, donde Jordi Pujol Ferrusola camuflaba presuntamente los fondos que recibía, informa Efe.

La operación ha incluido registros en la casa del empresario y vicepresidente segundo del Barça Carles Vilarrubí. Además, en Madrid se ha registrado la sede de la empresa Isolux y la casa de su presidente, Luis Delso.

La operación se ha producido a partir de que la Policía Nacional haya recibido por fin la comisión rogatoria procedente de Andorra que ha arrojado numerosa información sobre los movimientos de dinero del clan Pujol.

Una investigación abierta hace tres años

El juez de la Audiencia Nacional investiga el origen de la fortuna de Jordi Pujol hijo en una causa abierta en 2012 a raíz de una denuncia de su expareja, María Victoria Álvarez, que asegura que acompañó a este a Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros.

El magistrado indaga una serie de cobros millonarios de empresarios a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de trabajos que no se han demostrado y que se sospecha que pudieron responder a comisiones a la familia Pujol por obras públicas adjudicadas.

De la Mata está además pendiente de recibir de una jueza de Barcelona la causa contra el matrimonio Pujol Ferrusola y tres de sus hijos -Marta, Mireia y Pere-, al haber encontrado la Fiscalía conexión entre los dos casos.

Una juez de Barcelona investiga la fortuna familiar

Esta causa abierta en la ciudad condal comenzó por la carta que en julio de 2014 envió a la prensa el expresidente catalán confesando que su familia había tenido fondos en Andorra durante más de 30 años.

A juicio del ministerio público, ambas las debería llevar De la Mata porque Jordi Pujol hijo dirigió y gestionó “durante décadas” numerosos “negocios económicos” de la familia, “así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos”.

Otro de los hijos del matrimonio, Oleguer, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, a raíz de unas operaciones millonarias sospechosas con fondos cuya procedencia se desconoce, una causa que podría acabar también en manos de De la Mata.

También su otro hijo Oriol, el único que se dedicó a la política, permanece imputado por un juzgado de Barcelona por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el llamado “caso ITV”, que provocó su dimisión como número dos de CDC.

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