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La subida salarial, ligada por primera vez al crecimiento y el déficit público

Hacienda2InteriorRTV El acuerdo firmado el pasado viernes entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos garantiza que todos los empleados públicos tengan una subida salarial mínima acumulada del 6,12% al finalizar el periodo 2018-2020, pero liga el resto del aumento salarial pactado al crecimiento económico y otras medidas, a que las diferentes administraciones tengan las cuentas saneadas. Es decir, que cumplan con los objetivos de déficit y deuda y con la regla de gasto.

Esto significa que aquellas comunidades autónomas, corporaciones locales -o la propia administración general del Estado- que no cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no podrán aprobar, previa negociación colectiva, que sus empleados tengan una jornada semanal de 35 horas y no de 37,5 como ocurre ahora. Tampoco tendrán una tasa de reposición del 100% todos los sectores: solo en los prioritarios.

Una parte del aumento salarial, mientras, está ligado a lo que crezca el PIB y a que España cumpla con su objetivo de déficit en 2020. Todas estas medidas, según han subrayado fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública a RTVE.es, se incluirán en los próximos Presupuestos Generales del Estado. El ministro Cristóbal Montoro ya ha afirmado que se apobarán vía decreto ley si no salieran adelante las cuentas públicas.

Se abre la puerta a las 35 horas, pero solo para las cumplidoras

El acuerdo firmado no deroga la jornada semanal de 37,5 horas, pero abre la puerta a que cada Administración Pública, dentro de la negociación colectiva, fije la jornada de 35 horas, algo que fuentes sindicales esperan que -una vez tenga el acuerdo rango de ley- ocurra pronto en algunas regiones como Andalucía, Castilla y León o Extremadura.

Sin embargo, esto tiene dos condiciones: la primera, que cada administración debe cumplir con los objetivos de déficit y deuda y con la regla de gasto en el ejercicio anterior; la segunda, que la temporalidad no puede aumentar y no debe superar el 8%.

Según los últimos datos disponibles, recopilados por RTVE.es, solo nueve de las 17 comunidades autónomas podrían haber aplicado esta medida -de haber estado aprobada- el año pasado porque fueron las que cumplieron con los objetivos de déficit y deuda en 2016. Tampoco lo habría puesto en marcha la Administración General del Estado.

Antes de que acabe el mes de abril se conocerán los datos del año 2017, que sí serán determinantes para establecer qué administraciones podrán poner en marcha la medida.

El descuento por incapacidad temporal también se negociará

Como en el caso de las 37,5 horas, del acuerdo no saldrá la derogación del real decreto ley de 2012, que establece la obligatoria reducción de la nómina cuando un trabajador público se encuentra de baja por enfermedad común en un 50% los tres primeros días y en un 25% del cuarto al vigésimo.

Cuando se formalice el acuerdo, cuando este tenga rango de ley, cada administración podrá negociar y determinar el complemento retributivo a percibir por los funcionarios, que podrán volver a cobrar el 100% de sus retribuciones fijas.

Eso sí, para ello antes la región, ayuntamiento o empresa correspondiente deberá diseñar un plan de control del absentismo y regular la forma de justificación de estas ausencias.

Medidas de conciliación: bolsa de horas reembolsables

El acuerdo prevé también medidas para mejorar la conciliación, como la aprobación de planes de igualdad y estudio de medidas. Una de ellas es que cada administración podrá regular, previa negociación colectiva, la creación de una bolsa de hasta un 5% de jornada anual que serviría para el cuidado y atención de “mayores, discapacitados, e hijos menores”.

Según cálculos del sindicato CSIF, esto supondría unos once días laborables. “No son en ningún caso una libranza”, han subrayado fuentes del Ministerio de Hacienda a RTVE.es. De hecho, estas horas se tienen que recuperar de acuerdo con la administración correspondiente y en ningún caso podrán ser libradas, ni a cargo de días de asuntos propios ni a cargo de vacaciones.

Además, “en el caso de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua“, algo que también deberá salir de una negociación.

Más oferta de empleo público si se cumple con déficit, deuda y gasto

La oferta de empleo público será más elevada en las administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit y de deuda y la regla de gasto. En concreto, estas tendrán un 100% de tasa de reposición en todos los sectores.

Además podrán incorporar un 8% adicional de efectivos en aquellos sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional siempre que mantengan la estabilidad presupuestaria y financiera. Ese porcentaje podría ser del 10% en el caso de las corporaciones locales que, además, tuvieran amortizada su deuda financiera al finalizar el ejercicio anterior.

Las que no logren alcanzar las metas presupuestarias tendrán una tasa de reposición del 75% en los sectores no prioritarios y del 100% en los prioritarios. Como en el caso anterior, habrá una bolsa adicional del 5% para los sectores que necesiten reforzarse.

A todo ello hay que sumar que en todos los casos habrá una tasa adicional del 5% en los municipios que, entre 2013 y 2017, hayan tenido la obligación jurídica de prestar un mayor número de servicios públicos como consecuencia del incremento de su población.

En el caso de las diferentes policías autonómicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, la tasa de reposición será del 115%. Según fuentes conocedoras de la situación, este punto es importante en el caso de los agentes locales ya que en breve se aprobará la nueva ley de jubilación, lo que provocará un elevado número de vacantes.

Los sindicatos firmantes aseguran que el pacto firmado con Hacienda hará que se cree empleo público de nuevo y que se rebaje la temporalidad.

Esto es así porque otro de los puntos del acuerdo es que haya una oferta pública extraordinaria para que las plazas cubiertas por interinos que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 y que respondan a necesidades estructurales se transformen en empleo estable. Es el caso, entre otros, del personal de las Universidades, el personal de servicios de administración y el de investigación.

Es el mismo proceso que se estableció en sanidad, justicia y educación no universitaria en el acuerdo alcanzado hace ahora un año.

Subida salarial mínima del 6,12% entre 2018 y 2020

Todos los empleados públicos tienen garantizada una subida salarial durante el trienio 2018-2020 ocurra lo que ocurra con el resto de factores como la evolución del IPC, del PIB o del déficit público.

En 2018 será, en cualquier caso, del 1,75% (1,5% fijo y un 0,25% variable por la subida del PIB de 2017) y se aplicará a partir del 1 de julio de este año, según han confirmado fuentes de la negociación a RTVE.es. Además, se cobrarán los atrasos correspondientes del primer semestre de la parte fija (ese 1,5%).

Las subidas de 2019 y 2020 se harán efectivas el 1 de enero de cada año.

2018 2019 2020 Acumulado
Incremento salarial 1,75% 2,25% 2% 6,12%

Los funcionarios pueden ver aumentadas sus retribuciones durante los años 2019 y 2020, dependiendo de la evolución del Producto Interior Bruto durante este periodo. De producirse, estos incrementos tendrán efectos desde el 1 de julio de cada año.

2019 2020
Si el PIB crece un 2% o menos 2,25% 2,00%
Si el PIB crece un 2,1% 2,30% 2,20%
Si el PIB crece un 2,2% 2,35% 2,40%
Si el PIB crece un 2,3% 2,40% 2,60%
Si el PIB crece un 2,4% 2,45% 2,80%
Si el PIB crece un 2,5% o más 2,50% 3,00%

El incremento salarial también va a estar vinculado al cumplimiento del déficit público. Si España logra cerrar el año 2020 en el objetivo que se fije en su momento o por debajo, entonces los funcionarios tendrán un aumento del 0,55%. Esta subida no está ligada al cumplimiento del déficit en 2018 o 2019.

De cumplirse con las mejores expectativas, el aumento acumulado será del 7,97% al final del periodo, según datos ofrecidos por el sindicato CSIF.

2018 2019 2020 Acumulado
Incremento salarial 1,75% 2,50% 3,55% 7,97%

Hacienda eleva el aumento salarial acumulado al 8,79% porque incluye los fondos adicionales de los que dispone cada administración y que pueden estar destinados a mejorar la competitividad, algunos complementos, situaciones de mayor penosidad o aportación a fondos de pensiones. Pero no tienen por qué afectar a todos los trabajadores. Estos fondos equivaldrán al 0,2% de la masa salarial en 2018, del 0,25% en 2019 y del 0,3% en 2020, si bien podrán ser del 0,3% todos los años en el caso de aquellas administraciones con superávit presupuestario.

CSIF: “Es una muy lenta recuperación del poder adquisitivo”

Miguel Borra, presidente de CSIF, uno de los firmantes del acuerdo, subraya que esta subida no compensa ni los recortes de 2010 ni las continuas pérdidas de poder adquisitivo que han sufrido los funcionarios en los últimos años, cuando han visto congelado su sueldo o subido por debajo de la inflación.

Eso sí, Borra valora de forma positiva el pacto. “Llevábamos 13 años sin tener estas subidas garantizadas. Tenemos que remontarnos a 2005, cuando los salarios crecieron un 3%, para ver un incremento parecido”, ha señalado a RTVE.es. Lo pactado, asegura, “es muy lenta recuperación del poder adquisitivo”.

Para CCOO y UGT, también firmantes del pacto, el acuerdo “representa el comienzo de la recuperación salarial y de la reparación de derechos” de los funcionarios. La central que lidera Unai Sordo cifra la pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la crisis en 13,1%.

Otras centrales sindicales, sin embargo, critican lo firmado. USO cree que “en ningún modo se reparan ni se mejoran los derechos salaraiales y laborales”, recoge Europa Press, y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) califica el acuerdo de “tomadura de pelo” que no tiene en cuenta la inflación prevista, según señala Efe.

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