La Unió de Llauradors pide al Ministerio que intervenga en la regulación de la mandarina Orri

Valencia Noticias | Ana Galarza.- La Unió de Llauradors ha pedido al Ministerio de Agricultura que medie e intervenga para resolver el proceso de regularización de la variedad de mandarina Orri, cuyo plazo de legalización finalizó el pasado viernes. Se trata de una variedad de la que se desconoce la superficie realmente plantada y la producción existente en el territorio español.

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Logo de La Unió. Foto: twitter.

Sus obtentores y explotadores están reclamando a los citricultores que quieran “legalizarla” por una cifra de 66 € por árbol plantado (IVA incluido) y 0,03 euros por kilo comercializado. La regularización podría suponer unos ingresos para sus explotadores de 31 millones de euros y unos ingresos anuales de entre 300.000 a 750.000 euros.

La Unió ha solicitado al Ministerio que “plantee sanciones para todas aquellas entidades que hayan podido cometer un delito de estafa al promover el proceso de legalización de una variedad que presenta serias irregularidades y, en muchos casos, ni siquiera coincide con la que los agricultores plantaron legalmente hace unos años”.

En este sentido, La Unió ha informado al Ministerio de Agricultura que no existe confirmación de que la mandarina plantada en muchos campos sea la variedad protegida Orri y traslada al Ministerio en su escrito que un agricultor puede haber llegado a pagar 66 euros (IVA incluido) por planta de un cítrico que, sin saberlo, puede que no sea efectivamente Orri. Además, ha solicitado a las entidades que están promoviendo la regularización a testar, antes de formalizar la efectiva regularización y cobrar las cantidades reclamadas, con los marcadores moleculares fijados para Orri su correspondencia con las plantaciones ahora legalizadas o contra las que en el futuro pudieran actuar.

La Unió ha aprovechado para denunciar la estrategia seguida por algunos operadores de cítricos que, según la organización, implantan y controlan la expansión de nuevas variedades protegidas de cítricos. “Antes de ser registradas y durante el llamado periodo provisional de protección regalan varetas de esas variedades a citricultores para así obtener un volumen de producción para, una vez consagrada la variedad en los mercados y obtenida la protección, pasar a reclamar una lucrativa regularización de una producción que pasa a ser ilegal pero que ellos mismos contribuyeron a hacer crecer. Este ha sido el caso de la variedad Orri, traída desde Israel con licencias para dos operadores”.

Para La Unió este tema debería estar regulado y considera idóneo el momento presente puesto que el Consejo de Ministros ha pasado a tramitación parlamentaria una reforma de la Ley de Patentes, donde esta organización trabajará para que se contemplen estas actuaciones y sean sancionadas fuertemente.

La Unió, junto con diversos agricultores afectados, está analizando las acciones a emprender para la defensa de sus intereses ante lo que consideran “un abuso brutal en la regularización de la variedad Orri, tanto desde el punto de vista económico, como en el de la seguridad jurídica de un contrato de regularización blindado y sin capacidad de aportar cláusulas que garanticen los derechos del agricultor”.

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