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Oltra afirma que el Gobierno central debe a la Comunitat Valenciana un año de ‘derechos sociales’

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La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado hoy que el Gobierno central “debe a la Comunitat Valenciana un año de derechos sociales” por un modelo de financiación autonómica insuficiente, que entre 2002 y 2012 hizo que se dejaran de ingresar en las arcas de la Generalitat más de 18.000 millones de euros, el equivalente a un ejercicio presupuestario.

Oltra ha realizado estas declaraciones en el Palau de la Generalitat durante su intervención en el acto de suscripción del manifiesto por un “Finançament just”, que en la jornada de hoy ha sido suscrito por 81 entidades de carácter social, que han estado representadas en la firma por la Plataforma en defensa de la ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana y el Consell Valencià de la Joventut.

Ha denunciado que la infrafinanciación autonómica generó a la Generalitat entre 2002 y 2012, “un incremento de deuda de 10.918 millones de euros, con un coste calculado en intereses de 2.531 millones de euros, lo que puede suponer, cuando se actualizan los datos, un endeudamiento generado por el infrafinanciación equivalente a todo un presupuesto consolidado de la Generalitat de 18.370 millones de euros en 2016”.

La vicepresidenta ha advertido de que, con el sistema de financiación autonómico actual, la Comunitat Valenciana ha ido recibiendo 258 euros menos por habitante y año con respecto a la media de las comunidades autónomas de régimen común, y ha explicado que esta infrafinanciación equivale a un año sin presupuesto en la Conselleria de Igualdad.
Según ha explicado, la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana es de más de 1.000 millones, una cantidad superior a todo el presupuesto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que en 2016 fue de 978 millones de euros.

Así, ha exigido de forma contundente la “reforma inmediata del sistema de financiación autonómico, el reconocimiento de los déficits acumulados y la ejecución de inversiones en infraestructuras”. En este sentido, ha recordado que “reclamar una financiación justa significa, también, reclamar más derechos sociales”.

Para “rescatar personas en situación de necesidad se debe continuar incrementando el presupuesto de la Generalitat destinado a las políticas inclusivas”, lo que pasa por “unas prioridades sociales”, que ya se ven reflejadas en los presupuestos de este año, y un cambio en el modelo de financiación autonómico, “con criterios de equidad y justicia social, que acabe con el maltrato y compense la discriminación histórica hacia la Comunitat Valenciana”, ha recalcado.

“No se trata de dinero, se trata de las personas a las que tenemos que defender desde el gobierno y desde las entidades sociales, codo con codo”, ha afirmado y ha insistido en que se está hablando de ciudadanos y ciudadanas “que pagan las consecuencias de un sistema de financiación que perjudica injustamente a nuestro territorio”, donde hay “menos recursos”, lo que aumenta “el riesgo de exclusión”, entre otras cuestiones.

Ha defendido que las diferencias de ingresos de las comunidades autónomas no se explican por sus diferentes necesidades, “sino por razones históricas y políticas, como la foralidad o la valoración inicial de las competencias transferidas, que se han mantenido como statu quo”.

Oltra ha querido poner “cara y alma” a esta falta de financiación ha recordado que son “46.000 personas dependientes sin cobrar, sin recibir el dinero que necesitan cada día, más de 17.000 solicitudes sin atender de la renta garantizada que es el último recurso de las personas que no tienen nada” o el hecho de que la promoción de la igualdad vea sus inversiones reducidas a cero.

La infrafinanciación autonómica “repercute negativamente sobre el gasto en servicios sociales y protección social, que continúa siendo inferior a la media estatal a pesar del importante esfuerzo del nuevo gobierno”, y los casos anteriores “son sólo tres situaciones injustas y escandalosas que nos encontramos hace un año y para las cuales necesitamos ese dinero”.

Así, ha desvelado algunas cifras como que entre 2009-2011, “en los peores momento de la crisis, la Comunitat Valenciana destinaba 140 euros por habitante al gasto social, muy lejos de Navarra (498), Castilla La Mancha (438) o Extremadura (390) y bastante inferior a la media estatal (253)”.

Y en 2014, ha continuado la vicepresidenta, la Comunitat Valenciana destinaba 146 euros por cápita, muy lejos también de Navarra (369), Cantabria (359) o Extremadura (328). Mientras que en 2016, ha demostrado Oltra, “con el cambio de gobierno, la Comunitat Valenciana ya destina 202 euros por habitante, aunque continúa por debajo de la media estatal (245)”.

“Necesitamos que nuestros impuestos se queden aquí para que quien paga impuestos, reciba los beneficios sociales donde vive y trabaja”, ha afirmado Oltra, quien ha explicado que lo único que quieren los valencianos es “vivir dignamente, sin tener que pedir lo que es nuestro”.

Hablar de financiación, a su juicio, es “hablar de justicia social, de derechos de la ciudadanía, una ciudadanía que nos ha pedido que encabecemos la exigencia básica de recibir lo que nos toca”, y por eso ha pedido a todos los presentes que den al Consell su apoyo público para tener “la fuerza del pueblo valenciano”.

Actos en Castellón y Alicante

De forma paralela a la firma en el Palau de la Generalitat, los titulares de los departamentos de Hacienda y Transparencia del Consell han presidido dos actos de adhesión al manifiesto en los municipios de Castellón y Alicante.

Por un lado, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, acompañado por el director territorial de Presidencia en Castellón, Adolf Sanmartín, ha presidido en la Casa de los Caracoles el acto en el que se ha certificado la firma del manifiesto a favor de una financiación justa en Castellón. En este encuentro han estado representadas más de una veintena de asociaciones y organizaciones del ámbito de la sanidad, la cultura, la economía y la empresa.

Soler ha agradecido a todos los presentes el esfuerzo realizado por reclamar “lo que es de justicia”. “Esta Comunitat se merece un mejor trato y no estar discriminada. Los valencianos no somos ni más ni menos que nadie y no podemos tolerar estar a la cola en una cuestión tan esencial como la financiación que recibimos del Estado, porque de ello depende la calidad de nuestros servicios públicos fundamentales. Nuestros hijos no tienen que estudiar en barracones, nuestros mayores tienen derecho a una plaza en una residencia y no tenemos porque padecer largas listas de espera en sanidad”, ha explicado el conseller.

“Por todo ello -ha añadido el titular de Hacienda- es esencial la unión de toda la sociedad civil, las asociaciones empresariales, los agentes económicos y sociales, y desde luego la administración, para reclamar a una sola voz un nuevo modelo de financiación”.

En Alicante, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha sido el encargado de recibir a las entidades y sociedad civil que han querido adherirse al Manifiesto por una Financiación Justa para la Comunitat Valenciana. Entre ellas, la Asociación Provincial de Hoteles, el Colegio de Médicos de Alicante, la Asociación de Mercados Municipales de Alicante, la Asociación de la Prensa, Diversitat LGTBI, APSA, la Comunidad de Labradores de Elche, Fundación Elche Acoge, Federación de Mediadores de la Comunitat Valenciana, La Cívica-Escola Valenciana de l’Alacantí, la Sociedad Unión Musical de Almoradí, así como diferentes asociaciones de vecinos.

También se han sumado a la campaña los ayuntamientos de Alicante y Elche, cuyos representantes municipales ?encabezados por el alcalde alicantino, Gabriel Echávarri, y la vicealcaldesa ilicitana Mireia Mollá ?, han acudido esta tarde acompañados por miembros de sus respectivas corporaciones.

El conseller Manuel Alcaraz ha destacado la alta participación y pluralidad de la sociedad alicantina que ha acudido a este llamamiento. Para Alcaraz, “esta movilización demuestra que la necesidad de una financiación justa va calando en todo el territorio de la Comunitat y en todos los sectores sociales”.

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