Oltra destaca que el número de personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía ha alcanzado la cifra récord de 51.274 en 2017

Oltra denuncia que asumir la deuda que el antiguo gobierno dejó en dependencia copa el 43,8 por ciento de los pagos.La renta garantizada de ciudadanía alcanzó las 51.274 personas destinatarias el pasado año 2017, una cantidad que supone un crecimiento del 60,8 por ciento respecto a 2013, en plena crisis económica, cuando fueron 31.886, según ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

“Estas cifras demuestran -según Oltra- que el Consell del Botànic está cumpliendo su compromiso de rescatar personas”, tal y como lo confirman los números del año que acaba de finalizar, y que evidencian una “visible mejora” tanto en la gestión como en la implantación de una ley que “llevaba años en el olvido”, con el “perjuicio y menoscabo” que supuso para la ciudadanía cuando “la crisis era más fuerte y afectaba a más personas”.

Otro dato que refleja la mejora de la gestión, tal y como afirma la vicepresidenta del Consell, son las prestaciones concedidas, que han tenido un crecimiento en 2017 del 80,7 por cien respecto a 2013, puesto que el pasado año se llegó a conceder un total de 27.252 frente a las 15.075 de hace cuatro años.

Este aumento en el número de prestaciones concedidas se debe a que el ritmo de gestión de las renovaciones de las ayudas es “mucho más ágil que antes”, lo que permite que muchas personas puedan cobrar “2 o 3 prestaciones al año”, lo que favorece “una mayor continuidad de la prestación, proporcionando estabilidad a las personas”.

Al respecto, ha destacado los cerca de 58 millones de euros que la Conselleria ha pagado en prestaciones durante el pasado año, y también ha ponderado que la línea tuvo a lo largo del ejercicio 4 incrementos presupuestarios, lo que evidencia que el compromiso del Consell con la consideración de la partida de renta como crédito ampliable es una realidad, de manera que cuando el presupuesto destinado a este fin se agota se repone de forma automática.

Con los aumentos de créditos, el presupuesto destinado en 2017 a sufragar la renta garantizada de ciudadanía se incrementó hasta los 57,9 millones de euros, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en los años donde la crisis económica era más fuerte, como en 2008, donde la renta tenía un presupuesto asignado de 1,6 millones de euros.

Cabe recordar que el presupuesto inicial de la renta garantizada para este año 2017 alcanzaba los 41 millones de euros, cantidad totalmente comprometida o bien a través del pago directo a través de las direcciones territoriales o de los 86 ayuntamientos e instituciones municipales, que actúan como entidades colaboradoras.

Personas titulares y beneficiarias

Mónica Oltra ha incidido en que la gestión de estos dos años también está marcando un incremento en el número de titulares y personas beneficiarias, que en los doce meses del 2017 suman un total de 51.274, de las que 21.368 tienen la condición de titular de la ayuda, y 29.906 son beneficiarias.

Estas cifras, ha señalado, van en la misma línea de incremento del año anterior, cuando por primera vez se llegaron a las 50.198 personas destinatarias de ayudas (20.007 titulares y 30.191 beneficiarias), y que evidencian la efectividad de las “medidas urgentes que se adoptaron hace dos años ante la caótica y grave situación de emergencia social, heredada del anterior gobierno”.

En este sentido, ha querido agradecer al personal de la administración autonómica “el esfuerzo y la labor realizada a lo largo del pasado año para poder incluir más personas dentro del sistema de renta”.

Nueva ley de renta valenciana de inclusión

Paralelamente, Oltra ha indicado que la ley de renta valenciana de inclusión, aprobada el pasado mes de diciembre, y que se prevé esté vigente a en el primer semestre del año, incluye mejoras respecto a la actualmente vigente, como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

El objetivo de la nueva normativa, según ha explicado, es ofrecer una “respuesta digna y de justicia” a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización que, a su juicio, han producido “un alarmante incremento de la exclusión social y un debilitamiento de la cohesión social en la Comunitat Valenciana”.

Con la nueva ley el importe de la prestación será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 495,32 euros, en el caso de un titular, y 679,30 euros para una unidad familiar de cuatro personas, a lo que se sumaría un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y pobreza energética, con lo que la ayuda se elevaría a 619 euros y 849 euros respectivamente, frente a los 385 actuales.

Principales novedades

La normativa introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos.

Además, la renta valenciana de inclusión contempla dos modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta complementaria de ingresos que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional y la renta de garantía que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos .

Respecto a la renta de garantía, que entrará en vigor en abril de 2018, incluye a su vez dos modalidades una de garantía de ingresos mínimos y otra de inclusión social, mientras que la renta complementaria de inclusión comprende dos modalidades, una complementaria de ingresos por prestaciones que será efectiva en abril de 2019 y otra complementaria de ingresos del trabajo que será entrará en vigor en abril de 2020.

En esta línea, la norma simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la conselleria se encargarán de la gestión, logrando así que los equipos municipales puedan centrarse en hacer intervención sobre el terreno.

Entre las mejoras que recoge el texto, también se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, de manera que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.

Asimismo, la ley establece como novedad la eliminación de la distinción entre entidades municipales colaboradoras y no colaboradoras, apostando por la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la prestación de renta de garantía en sus dos modalidades.

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