Oltra: ‘El Consell vela por la calidad asistencial de los niños y niñas que viven en centros de acogida y presta asesoramiento a las entidades que lo necesitan’

Mónica Oltra.La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el Consell vela por “la calidad asistencial de los niños y niñas que viven en centros de acogida” y presta asesoramiento a “las entidades que lo necesitan”.

Oltra ha defendido la labor realizada por su departamento para poner en orden un sistema que el anterior Gobierno “tenía totalmente olvidado” y que, según ha lamentado, “sometía a los niños, niñas y adolescentes a un continuado menosprecio”. Ahora, ha precisado, “empiezan a ser el centro de las políticas de infancia y adolescencia y se reconocen como personas ciudadanas de pleno derecho”.

La vicepresidenta del Consell lo ha manifestado en Les Corts en respuesta a la interpelación sobre la política general del Consell en relación con la gestión de centros de niños, niñas y adolescentes, donde también ha destacado el presupuesto dedicado a las políticas de infancia que ha alcanzado este año los 144,8 millones de euros, lo que supone un 47,5% más de lo que se destinaba en 2015.

Inspección y supervisión

Durante su intervención, Oltra ha acusado al anterior Gobierno de “dejadez” en la inspección de los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes y ha precisado que solo en el último año se han realizado 18 inspecciones frente a las 6 que se hicieron entre 2012 y 2015.

En esta línea, ha avanzado que “el programa de la inspección de centros y servicios para este año incluye tanto a los centros públicos de gestión directa como a los de gestión integral, así como a los centros privados acogidos en el contrato de las 602 plazas, y con prioridad para los que no han estado inspeccionados en los últimos dos años”.

Además, ha señalado que, para reforzar la supervisión de los centros, la Conselleria dictó el pasado mes de octubre una instrucción para que las direcciones territoriales también visiten los centros, comprobando el correcto funcionamiento, asegurándose de que se mejora la calidad asistencial y prestando asesoramiento técnico cuando sea necesario. Así, desde el 14 de noviembre en que se notificó la Instrucción, se han hecho ya 13 visitas de supervisión a los centros de acogida.

Al respecto, ha subrayado que ahora “constan informes de todo, que antes ni existían”, porque el nuevo protocolo que clarifica el procedimiento de supervisión establece que el personal técnico debe emitir informe de cada visita y entrevistarse con los niños, niñas y adolescentes que residen en los centros, “para conocer de primera mano su situación”.

Nuevo modelo residencial

En referencia a la gestión de los centros de acogida, Mónica Oltra ha asegurado que el nuevo modelo residencial que ya está implantado significa una “importante mejora” de la atención a los niños, niñas y adolescentes “tanto en términos cuantitativos como, sobre todo cualitativos”.

Este nuevo modelo, según ha concretado, se sustenta en la desinstitucionalización, la participación, el ocio educativo, la emancipación y la vida independiente, y establece una bajada de ratios, un aumento de los perfiles profesionales y una diversificación de programas.

De acuerdo con este modelo, Oltra ha explicado que se ha ampliado la red residencial concertada, con la incorporación de 6 centros más pasando de 60 a 66, se han incrementado plazas concertadas, por lo tanto se han reducido la ratio de plazas, y se han incorporado nuevos perfiles profesionales de forma que todos los centros disponen de un equipo técnico formado por profesionales de la psicología y el trabajo social.

En la licitación de las 602 plazas de acuerdo con el nuevo modelo de atención residencial, se ha incrementado la plantilla y la ratio de profesionales por persona menor de edad pasa de 1,05 a 1,70, es decir, más del 61% en el cómputo global.

Pagos

Por lo que respecta al pago a en los centros de acogida de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección, Mónica Oltra ha confirmado que “están todos al día”, lo que a su juicio contrasta con “la situación de impagos generalizados que, con el gobierno anterior, llegó a acumular retrasos de más de un año”.

Así, ha indicado que en 2011, 2012 y 2013, el primer pago que se realizaba a las entidades se hacía en agosto, mientras que los datos definitivos de 2017 indican que la ejecución del programa presupuestario de Infancia y Adolescencia ha sido muy alta, por encima del 90%.

Finalmente, la vicepresidenta del Consell ha explicado que a fecha 31 de diciembre de 2017, el número de personas menores de edad que se encontraban en situación de desamparo y tuteladas por la Generalitat era de 3.832, de las que más del 70% están en acogida familiar, 2.064 en familia extensa y 653 en familia educadora.

Aunque el objetivo de la Conselleria es su desinstitucionalización, ha aclarado que mientras deban continuar viviendo en centros, porque sus características así lo requieren, “debemos garantizar a que sean atendidos en las mejores condiciones, con todos los recursos y el cariño que merecen”.

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