PGE 2018: El proyecto del Gobierno incluye subida de pensiones mínimas y de viudedad y reducción del porcentaje de gasto sanitario y educativo

Gobierno reunión Consejo de Ministros
Prevé alzas de entre 1% y 3% para las pensiones más bajas. También propone rebajar el IRPF para las rentas entre 12.000 y 18.000 euros/año. Recoge la prometida bajada del IVA para el cine del 21% al 10%. El porcentaje de gasto para Sanidad y Educación cae dos décimas en cada caso.

Agencias/.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en una reunión extraordinaria su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que incluyen una rebaja del IRPF para las rentas más bajas, una subida de las pensiones mínimas y de viudedad, una mejora de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios, la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de la partida para becas de estudio. El borrador de las cuentas públicas también reduce por debajo del 6%, por primera vez, el porcentaje de gasto dedicado a Sanidad, y recorta el gasto en Educación del 4% al 3,8%, tal y como ya se adelantó en el plan presupuestario enviado a Bruselas el pasado octubre.

Ese proyecto de presupuestos se enmarca en un cuadro macroeconómico que revisa las previsiones del pasado octubre, principalmente, la de crecimiento de la economía, que se eleva desde el 2,3% hasta al 2,7%, lo que el Ministerio de Economía relaciona con la menor incertidumbre política existente tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña.

El Ejecutivo ha mantenido sin cambios el techo de gasto aprobado en julio del año pasado (119.834 millones de euros, un 1,3% más que en 2017) y eso, a pesar de que desde entonces se ha comprometido varios aumentos de gasto mediante acuerdos con agentes sociales y políticos. Esto puede implicar recortes en otras partidas, algo que no se conocerá con detalle hasta la entrega del proyecto de PGE en el Congreso, el próximo 3 de abril.

Unas cuentas para lograr “un crecimiento integrador”

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado este proyecto de PGE como “realista” y “equilibrado”, unas cuentas que -ha insistido- “cumplen con los requisitos marcados por la Unión Europea”.

Estos presupuesto son la clave de lo que el Ejecutivo denomina “crecimiento integrador”, ya que fomentan el crecimiento y la creación de empleo, así como la mejora de la atención de los servicios públicos.

Según Méndez de Vigo, con estas cuentas, el Gobierno busca que todo lo conseguido por el esfuerzo de los últimos años “llegue a todo el mundo”.

El proyecto presupuestario debía haberse aprobado en septiembre del pasado año, pero la crisis secesionista en Cataluña y la retirada del apoyo de Ciudadanos y PNV lo han pospuesto hasta ahora, una fecha considerada límite por el Gobierno, ya que, de retrasarse más, se solaparía con el debate del techo de gasto para 2019.

Este proyecto de cuentas para 2018 -que ya cuentan con el respaldo de Ciudadanos- es el séptimo del Gobierno de Mariano Rajoy y llegará al Congreso de los Diputados con la incógnita de si finalmente será aprobado, dado que el PNV se ha negado a negociar los Presupuestos mientras siga en vigor en Cataluña el artículo 155.

“Aprobar las cuentas públicas beneficia a todos y no aprobarlas perjudica a todos”, ha advertido Méndez de Vigo, quien ha destacado que el Gobierno “apela a la responsabilidad de todos los grupos políticos” para que dejen al margen intereses partidistas y respalden su proyecto de PGE. “La aprobación de PGE es una responsabilidad compartida”, ha concluido el portavoz.

Subidas de entre 1% y 3% para las pensiones más bajas

Sobre los detalles adelantados por el Gobierno sobre este proyecto de cuentas, destaca la subida de entre el 1% y el 3% para las pensiones más bajas, un alza que beneficiaría a más de 5,7 millones de pensiones, incluidas las mínimas, las de viudedad y las no contributivas.

Esa subida tendrá carácter retroactivo, por lo que se aplicará a las pensiones afectadas desde el pasado 1 de enero.

En concreto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado en la rueda de prensa que la propuesta del Gobierno incrementaría las pensiones mínimas un 3% (2,4 millones de pensiones afectadas), igual porcentaje que aumentarán las no contributivas (450.000 pensiones).

El millón y medio de pensiones cuya cuantía es inferior a 700 euros al mes subirían un 1,5%, mientras que las 880.000 pensiones de entre 700 y 860 euros mensuales se elevarían un 1%.

En cuanto a las pensiones de viudedad (alrededor de medio millón de beneficiarios), el proyecto actualiza en parte su base reguladora tal y como se exigía ya en la reforma de 2011, por lo que se empieza a regular con seis años de retraso. Esa actualización ya se aprobó mediante un decreto del Gobierno el pasado mes de diciembre, pero ahora se incluye en los PGE.

Así, la base reguladora de la pensión de viudedad debe subir de 52% al 60% antes de 2019, fecha límite fijada en la ley de 2011. Este año, según ha señalado Montoro, se prevé realizar el alza del 52% al 54%, equivalente a un aumento del 2% en la cuantía de cada pensión de viudedad.

Rebaja del IRPF para más de 3,5 millones de contribuyentes

A esas mejoras de las pensiones se sumaría una rebaja del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para las rentas de 12.000 a 18.000 euros al año, lo que afectaría a un millón de pensionistas, algunos de ellos ya beneficiados por las subidas descritas más arriba.

Esa reducción del IRPF no beneficiaría sólo a pensionistas sino que se aplicará a otros 3,5 millones de contribuyentes, según los cálculos presentados por Montoro en la rueda de prensa.

Además de la rebaja ya explicada, también se ha incluido una subida del umbral de tributación desde los 12.000 euros brutos anuales actuales a los 14.000 euros.

Se permitirá también una deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales y otra deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad.

Además, la deducción aplicable a familias numerosas se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido. Con carácter general se aplicará a partir del cuarto hijo inclusive.

El coste total de esas modificaciones en el Impuesto de la Renta será de 2.000 millones de euros.

Un 4% más de fondos para las autonomías

Montoro, que también es ministro de Administraciones Públicas, también ha indicado que se destinarán 105.041 millones de euros a financiación autonómica, 4.300 millones de euros más que en 2017 (un 4% más).

Para los ayuntamientos, el proyecto de presupuestos reserva 18.205 millones de euros, un 1,2% más que en 2017. A esto se unirán los 6.800 millones de euros que las corporaciones locales lograron de superávit el año pasado y que el Ejecutivo ya les ha autorizado a reinvertir entre 2018 y 2019.

El ministro ha insistido en que las comunidades deben destinar esos fondos a financiar servicios fundamentales, como la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, un grupo de políticas que -ha destacado- es el que “históricamente” absorbe más gasto.

Reducción del porcentaje de gasto dedicado a Sanidad y Educación

Sin embargo, en los gastos de la Administración central, precisamente esas áreas de gasto han sufrido un retroceso en el porcentaje de PIB que se destinará a ellas, tal y como recogió el plan presupuestario de octubre.

El gasto en Sanidad supondrá en estas cuentas un 5,8% del PIB, dos décimas menos que en 2017 y, por primera vez, por debajo del 6% que se le había dedicado históricamente. Esta proporción está muy alejada del 7% que las organizaciones profesionales sanitarias consideran el mínimo imprescindible para poder mantener un servicio público de calidad.

En protección social, la reducción del porcentaje de gasto sería del 16,5% de 2017 al 16,2%. Tanto en este capítulo como en Sanidad, las cifras absolutas de gasto sí crecen ligeramente respecto a 2017, pero esos aumentos no son suficientes para mantener el porcentaje de PIB.

Por su parte, Educación también ve recortado dos décimas su porcentaje sobre el PIB -del 4% baja al 3,8%-, que no se compensa con el aumento de las becas y ayudas al estudio (un 2,11% más que el año anterior).

La inversión sanitaria y educativa también reducen su proporción sobre el gasto total de los presupuestos, ya que la primera pasa a ser el 14,4% (14,6% en 2017) y la segunda, el 9,5% del total (9,6% en 2017).

Previsión de récord en los ingresos por impuestos

Para financiar esos gastos, el Gobierno ha planificado también sus ingresos. Así, el proyecto prevé obtener unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros este año, un 6% más de lo recaudado en 2017.

De conseguirse efectivamente esos ingresos vía impuestos, esa cantidad supondría un máximo histórico y permitiría cumplir el objetivo de déficit público, según el Gobierno.

El ministro de Hacienda ha subrayado que se prevén mejoras en la recaudación de los principales impuestos.

Así, los ingresos previstos por el IRPF ascienden a 82.056 millones, un 6,5% más de lo efectivamente recaudado en 2017; por el Impuesto de Sociedades se calculan 24.258 millones, un 4,8% más; por el IVA se esperan 71.575 millones, un 5,6% más, y por los impuestos especiales se estiman unos 21.612 millones, un 6,4% más.

Montoro ha defendido que estas previsiones van en línea con la previsión de crecimiento económico y con la evolución de los salarios, ya que se espera que suban a medida que se consolida la recuperación y se reduce la tasa de desempleo.

Los ingresos tributarios ascendieron en 2017 a 198.100 millones de euros, un 6,4% más que en 2016, aunque quedaron por debajo del objetivo de superar el récord de 2007.

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