Desde la sección sindical SPPLB de Bomberos Forestales, queremos denunciar públicamente la coacción que están sufriendo los trabajadores por parte de la empresa concesionaria TRAGSA. Desde hace ya muchos años, esta empresa ha dejado de convertir en indefinidos a los trabajadores con derecho a ello, saltándose a la torera lo estipulado en el VI Convenio Colectivo y el propio Estatuto de los Trabajadores. Como consecuencia de todo ello, TRAGSA se está enfrentando a una avalancha de litigios por parte de los bomberos forestales que se encuentran en fraude de Ley.
Frente a este tsunami de reclamaciones, TRAGSA está impidiendo personarse a los trabajadores afectados en sus propias causas, denegando reiteradamente la asistencia a los actos para su defensa frente a la empresa. Esto supone un grave ataque contra el derecho de defensa de los bomberos forestales, aprovechando su posición de autoridad.
Estos hechos no son nuevos para el colectivo, que ya está acostumbrado a sufrir los continuos abusos de TRAGSA. Pero este asunto es más grave todavía cuando gracias a todo esto, TRAGSA está ganando dinero a través de esta contratación eventual en fraude de Ley, ya que le permite implementar unos salarios más bajos.
Con esta estrategia de doble martillo (mayor temporalidad y salarios más bajo) ya son más de un centenar de trabajadores afectados y en breve las cifras pueden alcanzar a la mitad de la plantilla.
Pese a la presente denuncia, la respuesta de la empresa es recurrir todas y cada una de las demandas planteadas por los trabajadores hasta llegar al TSJ. Recordamos que todo estos litigios son con cargo a fondos públicos, ya que Tragsa se nutre del dinero aportado por las administraciones públicas, mientras que los trabajadores tienen que afrontar el proceso con su escaso salario y desafiando las órdenes emitidas por sus superiores.
Por todo ello y ante esta situación insostenible, no vemos más remedio que hacernos eco públicamente para denunciar estas prácticas abusivas que pueden aumentar su intensidad en los próximos meses como consecuencia de la subrogación del servicios a la Agencia Valenciana de Emergencias aprobada por unanimidad en la Ley de Presupuestos de 2018.