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Un jurado ha declarado este jueves culpables de varios delitos de cohecho a diez guardias civiles destinados en la Aduana del Aeropuerto de Gran Canaria

descargaUn jurado ha declarado este jueves culpables de varios delitos de cohecho a diez guardias civiles destinados en la Aduana del Aeropuerto de Gran Canaria en 2008 tras considerar probado que exigían sobornos a pasajeros que llegaban con grandes cantidades de dinero a cambio de no verificarlas.

El veredicto, que se ha hecho público en la Audiencia de Las Palmas, declara acreditado que el sargento al mando de esa unidad, Salvador E.M., y nueve de sus agentes, se pusieron de acuerdo para repartirse los sobornos recaudados a pasajeros llegados a Gran Canaria en vuelos procedentes de Marruecos, el Sahara, Mauritania y otros países africanos por cuantías de hasta 1.500 euros.

La Fiscalía de Canarias ha solicitado para los procesados penas que oscilan entre los 240 euros de multa, que propone para los casos más leves, y los 17 años de cárcel, que exige para los dos agentes que cometieron más delitos, José Santiago A.S. y José Juan P.M..

Los hechos fueron destapados por la propia unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas, que consiguió que un juez autorizase la colocación de un cámara espía en la aduana del aeropuerto para comprobar lo que allí estaba pasando después de que un pasajero procedente de El Aaiún denunciase que le habían sacado en la aduana una “mordida” de 1.500 euros.

Grabados cuando recogían las “mordidas”

Los diez guardias procesados en esta causa, todos ellos en libertad y la mayoría todavía en servicio en otros destinos, negaban con rotundidad haber cobrado sobornos de los pasajeros.

Sin embargo, a lo largo de las sesiones de este juicio, los vídeos que la Fiscalía ha proyectado al Jurado han mostrado cómo exigían “dinero para café”, cómo recogían las dádivas en la gorra del uniforme e, incluso, cómo amenazaban con extremar su celo fiscalizador a aquellos pasajeros que se mostraban reacios a pagar.

Los afectados por el comportamiento de estos guardias civiles, que a juicio de la Fiscalía “nunca merecieron vestir el uniforme”, eran siempre pasajeros llegados de países africanos, a los que las normas contra el blanqueo de capitales obligan a declarar a su entrada en la Unión Europea cualquier cantidad de dinero que porten consigo si supera los 10.000 euros.

El procedimiento de aduanas establece que, si el pasajero declara llevar una cantidad mayor, se verifica en la aduana la suma y se le expide un documento oficial que fiscaliza ese dinero.

Sobornos “por las molestias” o “para café”

En los vídeos proyectados en el juicio se ha visto a pasajeros extranjeros que declaraban a su llegada a Gran Canaria sumas en algunos casos superiores al medio millón de euros y a los que los guardias civiles no les contaban el dinero. Simplemente obtenían el documento de verificación por la vía de entregar al guardia que les atendía 50, 100, 150 o más euros “por las molestias” o “para café”.

En otras ocasiones, los agentes se quedaban con una caja de pulpos o con una partida de carne por permitir otra irregularidad: la entrada en España de productos alimenticios que no se pueden introducir desde África por motivos de prevención sanitaria.

Las defensas alegaron durante el juicio que los agentes no verificaban esas sumas porque la máquina de contar billetes estaba rota. Pero, de nuevo, los vídeos demostraron que la hacían funcionar para contar billete por billete el dinero de aquellos viajeros que se negaban a aceptar sus peticiones de soborno, a veces subrayadas con frases como: “¿vas a pagar o quieres que lo contemos?”.

Los guardias declarados culpables en esta trama son el sargento Salvador E.M. y los agentes José Juan P.M., José Santiago A.S., José Antonio B.C., Miguel M.O., Alfonso R.P., Luis Manuel Q.M., José Manuel R.G., José Manuel S.P. y Eladio L.C.

El veredicto también considera culpables de cohecho a dos viajeros que pagaron soborno, Mahjob A.B. y Salem A.A., que se enfrentan ahora a una posible condena de un año de cárcel. Ambos alegaron durante el juicio que ellos eran simples correos que transportaban dinero de otros empresarios y comerciantes y que pensaban que los 50 euros que pagaban al guardia de turno eran una tasa. El jurado recomienda en su veredicto que sean indultados o que, al menos, se les suspenda la condena de prisión

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