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Un juzgado de Alicante ha condenado a un cirujano a indemnizar a una paciente por los daños en dos implantes PIP

Avda. Aguilera 53 alicante juzgado 3 alicante
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Un juzgado de Alicante ha condenado a un cirujano a indemnizar a una paciente por los daños y perjuicios provocados por la falta de consentimiento informado en una intervención de aumento de pecho a la que fue sometida en 2005 y en la que le implantaron prótesis de la marca Ply Implant Prothese (PIP), una de las cuales sufrió una rotura que obligó a una segunda operación en 2009, también con información insuficiente por parte del médico. El segundo implante fracasó igualmente y finalmente en 2012 la Sanidad pública se las retiró según la recomendación sanitaria.

Así lo ha decidido el juzgado en un caso defendido por la organización Defensor del Paciente. La sentencia deja para un pleito posterior la liquidación de las cantidades que le deban corresponder como indemnización. Según la entidad, el fallo es firme en estos momentos.

La asociación ha explicado que el caso se remonta a febrero de 2005, cuando la paciente, de 38 años, se sometió a una cirugía para mejorar la estética de sus senos y contrató los servicios de un cirujano que le implantó dos prótesis de silicona PIP. A los dos años, la mujer empezó a sufrir dolor y molestias en uno de sus pechos y además se percató de que tenía cerca de la axila un pequeño quiste. Tras las pruebas pertinentes se comprobó que una de las prótesis se había roto y la silicona se había esparcido por su cuerpo formando siliconomas o bultos.

En enero de 2009 el mismo doctor le retiró la prótesis rota y le volvió a colocar otra de la misma marca. Además, sufrió otra intervención adicional para extirparle los bultos del pecho. Tras el nuevo implante, la afectada volvió a sufrir molestias y se constató una nueva fractura intracapsular de las prótesis y la existencia de siliconomas por el cuerpo. Finalmente, la Sanidad pública procedió a la exéresis de las dos prótesis en 2012, según el protocolo acordado tras la decisión de la retirada preventiva de las PIP.

“VERDADERO CALVARIO”

Según la asociación, como consecuencia de las roturas y el exudado de las prótesis, la afectada tiene actualmente alojados en su cuerpo (axilas, clavícula y cadena yugular) una “cantidad importante” de siliconomas, además de que el proceso médico le ha supuesto un “verdadero calvario” y le ha afectado sensiblemente a nivel emocional.

En su demanda, en primer lugar, la paciente alegaba que el doctor no era cirujano plástico, aunque considera el juzgado que no se ha practicado ninguna prueba al respecto ni se ha acreditado que no estuviera habilitado para ello. Asimismo, considera que el uso en ese momento de las prótesis PIP no supone una indebida aplicación de la ‘lex artis’ médica dado que la implantación del producto fue “correcta” sin que en su evolución posterior haya tenido incidencia la intervención. Sanidad aconsejó la retirada posteriormente.

Por ello, sostiene que ni por la vía de la protección al usuario ni por razón del resultado “es posible exigir al cirujano demandado una responsabilidad distinta a la que pudiera derivar del ejerciio de la medicina propiamente dicha”, pero sí entiende que en este caso de medicina “satisfactiva”, se “acentúa la obligtación de informar sobre los riesgos y pormenores de la intervención” para que pueda prestar su consentimiento en una operación que es innecesaria.

Así, apunta a que el consentimiento informado debió recoger expresamente el “concreto riesgo” que se revelaba como “esencial” en la información de la rotura de la prótesis y posteriores complicaciones. Este hecho no se menciona en esa primera operación. En la segunda, sí que se introduce expresamente, pero como consecuencia de la probable rotura que había y, en todo caso, tampoco puede convalidar el anterior. Además, añade que ese riesgo no quedó contemplado en términos de porcentaje.

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