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València exige junto a otras grandes ciudades un trato justo del Gobierno central a los municipios

Valencia Noticias | Redacción.- Los Ayuntamientos de València, Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Valladolid y Terrassa han participado hoy en un acto municipalista en el Congreso de los Diputados para exigir al gobierno central un trato justo para los municipios y denunciar el ataque que suponen los Presupuestos Generales del Estado de este año a la autonomía municipal. En representación del Ayuntamiento de València, el teniente de alcalde y concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha defendido que los consistorios que están gestionando bien los recursos públicos dejan de ser constreñidos por las decisiones y los presupuestos del gobierno central. En el acto, donde se ha firmado el manifiesto ‘Los presupuestos del PP, un nuevo golpe a la autonomía local. Los municipios levantamos la voz’, han estado presentes la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; el alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello; el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, y el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

Campillo ha destacado la unión de los municipios de nuevo para defender los intereses de sus ciudadanías y ha reivindicado que los ayuntamientos también forman parte del Estado y no necesitan la tutela de nadie. “Hemos demostrado que sabemos gestionar y mucho mejor que el Partido Popular, por lo cual no necesitamos que nadie nos diga cómo hacerlo y mucho menos un partido que continúa teniendo a 9 de sus 10 concejales y concejalas en València imputados por presunta corrupción”.

Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Valladolid y Terrassa también han sido presentes en el acto municipalista.

Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Valladolid y Terrassa también han sido presentes en el acto municipalista.

El concejal ha explicado que ayuntamientos como el de València ya están recuperando derechos para la ciudadanía y también derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras de las instituciones públicas. Además, ha recordado la firma de la Declaración de València por parte de decenas de municipios que exigían una financiación justa para poder dotar a sus vecinos y vecinas de todos los servicios necesarios con las mejores condiciones posibles. “El municipalismo tiene voz propia y tiene que ser escuchada. Estamos tejiendo redes de resistencia y de propuestas frente a los ataques absolutamente desleales del gobierno del Partido Popular”, ha explicado. “Las ciudades que estamos gestionando correctamente los recursos públicos y que estamos generando superávits queremos disponer libremente de ellos para poder acometer las inversiones y las actuaciones que hacen falta en nuestras ciudades. ¿Quien mejor que los gobiernos que gestionamos bien para gestionar los recursos que ahorramos?”, ha cuestionado Campillo.

Además, ha reclamado la eliminación del corsé que comporta el bloqueo de la tasa de reposición impuesto por el ministro Montoro y ha denunciado el blindaje de las privatizaciones que el gobierno central hace en los presupuestos de este año para evitar que los ayuntamientos puedan recuperar la gestión de servicios externalizados. “Atentan contra la autonomía de los ayuntamientos para garantizar unas privatizaciones que sólo benefician a unos pocos que hacen negocio con los recursos públicos”. A esto, hay que sumar, según ha explicado el Plan de Ajuste impuesto al Ayuntamiento de Valencia “por culpa de la nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular a nuestra ciudad”, una circunstancia que ha explicado que ya se ha corregido pero que no ha comportado todavía la salida de ese plan. “Nos tienen secuestrados a pesar de que hemos reducido de 60 a poco más de dos los días del plazo de pago a proveedores y que este año dejamos la deuda municipal en menos de 600 millones de euros, cuando en 2014 superaban los 900 millones de deuda” y ha recordado que el alcalde de València, Joan Ribó, ya pidió por carta al gobierno central salir de ese plan para poder garantizar los servicios necesarios para la ciudadanía con la creación de las empresas y entidades públicas que haga falta. “Y no se conforma el PP con sólo esto, sino que además por carta nos pidió la supresión de la EMT. Es una locura”, ha afirmado Campillo.

El concejal además, ha recordado otras iniciativas derivadas del tejido de redes municipalistas, como por ejemplo la firma en Barcelona del manifiesto sobre la nueva ley de contratos del sector público.

El acto, después de las intervenciones de los representantes municipales a las puertas del Congreso, se ha trasladado a su interior, donde se ha producido una reunión con diputados y diputadas de varias formaciones y grupos: PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y Compromís.

El manifiesto

El manifiesto firmado por las siete ciudades denuncia “la ofensiva del gobierno del PP para socavar la autonomía municipal y la capacidad de actuación de los ayuntamientos y perseguir a la vez menos sido social”. Además, indica que con los Presupuestos Generales del Estado para este año “persigue continuar encorsetando las ciudades y los ayuntamientos”. Además, los firmantes afirman que “el golpe a la autonomía local es ineficiente, injusto y antidemocrático” y que sólo sirve para “perpetuar la intervención de facto de las administraciones locales, que son las más saneadas, porque financian el déficit de la menos saneada, la central”.

El manifiesto recuerda que las administraciones locales, según datos del propio Ministerio de Hacienda, generaron el año pasado un superávit de 7.083 millones de euros que “el gobierno central prohíbe destinar a atender la emergencia social, a mejorar servicios o a reactivar la economía local”. Además, denuncia que “el PP blinda las externalizaciones impidiendo la posibilidad de revertir la privatización de servicios públicos de competencia municipal”, motivo por el cual reclaman retirar las disposiciones que hacen ese blindaje en un “grave ataque a la autonomía municipal”, que el gobierno central dejo de limitar los presupuestos de las entidades locales, que permita la disposición de los superávits por parte de las administraciones locales que los han conseguido con su buena gestión y que aumentan las aportaciones estatales a la financiación local.

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