València rechaza el proyecto de ley del Gobierno sobre pobreza energética

Valencia Noticias | Redacción.- El ayuntamiento de València, a través de la concejalía de Servicios Sociales que dirige Consol Castillo, ha presentado este miércoles, junto con otros siete ayuntamientos de las principales ciudades del Estado, sus alegaciones al proyecto de real decreto a través del cual el Ministerio de Energía del Gobierno regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable. Para Castillo, “el proyecto de ley que ha elaborado el ejecutivo del PP no resuelve la problemática de la pobreza energética ni da respuesta a las miles de familias que se encuentran en esta situación”.

Consol Castillo.

Consol Castillo.

En ese sentido, la concejala Castillo ha lamentado que el proyecto de real decreto antepone la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración Pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes, y porque además deja en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor.

Castillo también ha apuntado que la reforma contempla además diversos criterios cuestionables desde el punto de vista de diseño de las políticas sociales, como es el hecho que el Gobierno calcule de antemano que el bono social lo pedirán tan solo un 45% de las personas que podrían recibirlo. “Diseñar una ayuda sabiendo que el 55% de los potenciales beneficiarios no la recibirán nunca es el reflejo de una nula sensibilidad social”.

De hecho, los descuentos previstos en la factura energética que recoge el bono social oscilan entre un 25% y un 40% en función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, mientras que el Ayuntamiento de València considera que debería de ampliarse hasta el 50% y el 100%, según los casos.

Contra el principio de precaución

Tanto el consistorio valenciano como los otros ocho ayuntamientos ven igualmente en el proyecto de reforma del Gobierno del PP “un ataque al principio de precaución que debería primar en el corte de suministros, al entender que ésta es la manera más eficaz de evitar accidentes domésticos y eventuales tragedias”.

Esto es así porque, además de fijar un restrictivo criterio de renta, el proyecto de ley fija dos criterios  adicionales que no están vinculados con la situación económica familiar: estar atendido por los servicios sociales (solo un porcentaje pequeño de las familias que sufren pobreza energética están atendidas en estos servicios) y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras.

La arbitrariedad llega hasta el punto que el decreto incluye al conjunto de familias numerosas en la categoría de vulnerabilidad, automáticamente y sin tener en cuenta su renta, por lo que se podría dar el caso que una familia numerosa con una renta alta sea considerada vulnerable y se vea bonificada en sus recibos mensuales. Además, el bono social solo protege a unidades familiares, lo que deja fuera a todos aquellos hogares en los que solo vive una persona.

Adicionalmente, los ayuntamientos ven en esta última medida un nuevo ataque a su autonomía y una sobrecarga adicional a sus limitados recursos, sin ningún tipo de refuerzo económico o en forma de plantilla. “A estas alturas nuestro ayuntamiento no podría asumir esa carga de trabajo para la que necesitaríamos de unos efectivos humanos con los que no contamos ni podemos contar porque la ley nos lo impide. Por lo tanto la ley debería venir acompañada de dinero y de personal”, señala Castillo.

Más allá de eso, la gestión del bono social se centraliza en las grandes comercializadoras de energía y obvia a las pequeñas que se encuentran en el mercado libre, que sin embargo sí que tienen que contribuir a su financiación, lo que a todas luces constituye una limitación de la supuesta liberalización del mercado eléctrico y un ataque directo a la viabilidad de estas pequeñas comercializadoras de energía.

Por todas estas cuestiones, y porque la reforma supone también un retroceso respecto a las legislaciones autonómicas que ya habían regulado los casos de pobreza energética, como sucede con la ley 24/2015 aprobada en Cataluña, los ayuntamientos solicitan igualmente que sean las Comunidades Autónomas las encargadas de fijar en sus respectivos territorios los criterios que definan al consumidor vulnerable y las categorías y requisitos que deba cumplir en cada caso.

Hoy se ha celebrado un acto en Barcelona con el objetivo de visibilizar el rechazo municipalista del Estado español a este proyecto de ley del gobierno central, que ha elaborado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el ministro Álvaro Nadal.

Por último, la concejala Castillo ha recordado al Gobierno central del PP que para poder gestionar todo lo pretende el gobierno central tiene que cambiar la “marginación de recursos a la que nos tienen sometidos a los valencianos y la ley Montoro que ahoga a las administraciones locales con una gran falta de personal”.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.