El bipartidismo se pliega al Generalato para restringir más derechos a los guardias civiles
AUGC anuncia movilizaciones para denunciar la precariedad de los agentes
Valencia noticias | Redacción El Partido Popular ha aprobado en solitario el martes en el Congreso que el Código Penal Militar sea aplicable a la Guardia Civil. El partido del Gobierno ha contado con la complicidad en este despropósito del PSOE, que se ha puesto de perfil acogiéndose a una calculada abstención, traicionando el espíritu de la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que los propios socialistas aprobaron con el Gobierno de Zapatero.
En la Ley Orgánica de 2007 se especifica claramente que el uso del Código Penal Militar en la Benemérita solo se ciñe a “situaciones extraordinarias” y siempre que se den las circunstancias de tiempo de guerra, estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar y/o la integración del personal del Cuerpo Policial en Unidades Militares.
La cerrazón de los dos grandes partidos en seguir aplicando a los guardias civiles este Código Penal Militar obedece, entre otras cuestiones, a poder seguir contando con una policía represaliada, privada de derechos laborales básicos, como el de sindicación, de manera que, además de salirles barata, carezca de cauces para reclamar los derechos de los que sí disfrutan el resto de policías españolas.
Se trata, por tanto, de una medida que busca la “obediencia debida” de los agentes, con intención, sobre todo, de frenar las críticas y las denuncias que desde dentro del propio Cuerpo reclaman con fuerza la democratización de la Guardia Civil.
Con esto ha quedado demostrado que aquella Ley Orgánica de 2007 no fue aprobada por convencimiento democrático por parte del PSOE, sino que éste más bien se vio obligado a ello tras la masiva manifestación que miles de guardias civiles uniformados y sus familias protagonizaron ese año en Madrid. Sin embargo, a la menor oportunidad, el Partido Socialista ha demostrado cuál es su verdadero ‘talante’ y se ha vuelto a poner del lado de los de siempre.
Y es que, pese a que el resto de grupos parlamentarios ha mostrado su rechazo a esta decisión, los dos grandes partidos que en casi todo el periodo democrático se han repartido el poder en España, continúan de la mano a la hora de pisotear los derechos de los trabajadores de la Guardia Civil, la institución más valorada por los españoles.
Con la aprobación de este Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, lo que el actual Gobierno hace es convertir en norma legal el cambio de doctrina que comenzaron a practicar los tribunales militares desde 2012, poco después del regreso al poder del PP, cuando comenzaron a retorcer el espíritu de aquella Ley para volver a aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones laborales corrientes. A partir de ese momento aumentaron los procesamientos en la Guardia Civil, de manera que una discusión verbal ordinaria puede desembocar en una condena de prisión militar. Además, las penas impuestas por un Tribunal Militar son de cumplimiento íntegro, aunque no se tengan antecedentes y la condena sea inferior a dos años.
Desde entonces, esta anacrónica circunstancia ya se ha hecho realidad en varios casos en los que honrados padres de familia han tenido que cumplir prisión en penales militares por simples cuestiones relacionadas con el día a día laboral.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles reiteramos nuestra protesta y manifestamos estar en contra de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles. Nos parece desproporcionado y propio de tiempos pretéritos castigar comportamientos que no son más que faltas disciplinarias en otros cuerpos policiales con la privación de libertad e ingreso en prisión de guardias civiles.
Por otro lado, con la remilitarización del Cuerpo se complace al Generalato, ese grupo que se aferra a sus privilegios casi medievales y que se llena los bolsillos con la partida destinada a Productividad en el Cuerpo, dejando las migajas para la mayor parte de los trabajadores. Y al que no le guste, ya sabe, ahí tiene la puerta, como vino a decir recientemente el Director General de la Guardia Civil, cuando en un acto conmemorativo del aniversario de la Institución soltó aquello de que “sabíais donde veníais”.
Así es como Fernández de Mesa se preocupa por los guardias civiles, unos trabajadores que, además, deben hacer cada día su trabajo con medios cada vez más precarios, con vehículos con 400.000 kilómetros, instalaciones cochambrosas o sin chalecos antibalas.
AUGC, asociación mayoritaria en la representación de los trabajadores de la Guardia Civil, quiere manifestar, una vez más, su rotundo rechazo a esta medida, y anuncia que seguirá peleando en los tribunales hasta que esta delirante norma, hoy descabelladamente aprobada por el PP, con el PSOE como compinche en la sombra, tenga un corto futuro en una sociedad democrática en la que los guardias civiles no pretendemos más que poder ejercer los mismos derechos que cualquier otro ciudadano amparado por la Ley.
Además, AUGC quiere anunciar que está decidida a convocar próximamente nuevas movilizaciones que saquen a la calle a los guardias civiles y sus allegados, hartos de la política represiva continuada del actual Gobierno en contra de los guardias civiles, de la que la aprobación ayer de este Proyecto de Ley ha sido la última muestra.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
