Las concejalas y concejales de Compromís están presentando en todos los municipios, mociones para instar al Consell a reclamar al Gobierno de España mecanismo de cogestión del Ingreso Mínimo Vita, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto-Ley 20 / 2020 de 29 de mayo, para evitar duplicidades y el colapso de los servicios sociales, así como para garantizar la financiación necesaria que facilite las condiciones de contratación para poder hacer frente, desde los servicios sociales municipales, la gestión de la nueva renta sin perjuicio de los programas y subvenciones municipales y autonómicos ya existentes.
Compromís celebra la puesta en marcha, por parte del gobierno de España, del Ingreso Mínimo Vital, por ser un paso decidido en la lucha contra la desigualdad. Una apuesta que es necesario que en línea con los programas existentes en las diferentes autonomías, a fin de reforzar las políticas propias que desarrollan, en su marco competencial, los gobiernos autonómicos y municipales.
En este sentido, la coalición recuerda que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hace más de dos años que puso en marcha un ingreso mínimo autonómico, que se ha ido desarrollando progresivamente a nivel municipal, con formación del personal de Servicios Sociales, desarrollo de los trámites asociados a la solicitud y valoración, y el diseño de estos itinerarios de inclusión, en un proceso complejo que implica un cambio de paradigma y gestión, y que es prueba del carácter procesual de la implantación de este tipo de medidas. Ahora, con el sistema de gestión de la Renta Valenciana de Inclusión en pleno funcionamiento, este ingreso llega, en sus diferentes modalidades, a un total de 46.759 beneficiarias, y 12.113 personas o unidades de convivencia ha solicitado este ingreso a la espera de resolución.
Para Compromís, poner en marcha un nuevo mecanismo, desde cero, con los procedimientos, formación del personal y trámites que comporta, sin aprovechar las experiencia y recorriso de mecanismos que ya está en funcionamiento, supone renunciar a las enseñanzars precias de las propias administraciones, generando duplicidades inecesarias.
De esta forma, desde la coalición se recuerda que existe un claro precedente que se puede gestionar el IMV respetando las competencias de las administraciones, como demuestra la gestión de los servicios sociales en materia de dependencia, donde el Gobierno de España aprobó una ley que fija los mínimos y los criterios comunes, y luego las autonomías hacen el despliegue de la normal con personal, recursos, servicios y gestión cercana a la ciudadanía.