Entre el caos de la DANA en Valencia, la política se convierte en el verdadero temporal: denuncias y demoras en las alertas de emergencia
Valencia sigue inundada no solo por la tormenta, sino también por una ola de acusaciones. La lentitud en la gestión de las alertas ha dejado a muchos preguntándose: ¿quién debió reaccionar primero?
Los hechos: una tragedia anunciada y una respuesta tardía
En la tarde del 29 de octubre, la provincia de Valencia experimentaba el embate de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), un fenómeno meteorológico que ya había sido advertido días antes por la AEMET, el organismo estatal de meteorología. Sin embargo, en lo que parece una cadena de desinformación y malentendidos, las alertas a la población se retrasaron casi 12 horas después de que se activara el aviso de “riesgo extremo” por lluvias, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a uno de los fenómenos más devastadores de los últimos años en la región.
Entre los municipios más golpeados por la DANA, Paiporta se ha convertido en el centro del desastre con el mayor número de víctimas mortales, mientras los ciudadanos siguen enfrentando los daños y la pérdida de bienes y viviendas. La pregunta inevitable es: ¿por qué el mensaje de Protección Civil no llegó a tiempo?
La cadena de errores y su impacto en la población
A las 10:00 de la mañana del fatídico día, la AEMET activó la alerta roja para la Comunidad Valenciana, advirtiendo de lluvias torrenciales y condiciones extremadamente peligrosas. Para entonces, los servicios de emergencia ya debían haber preparado protocolos de contención y evacuación en las áreas más vulnerables. Sin embargo, la reacción institucional dejó mucho que desear. Las advertencias de Protección Civil no llegaron a los teléfonos móviles de la población hasta pasada las 20:00 horas. La mayoría de los afectados ya se encontraba atrapada en medio de la tormenta cuando, finalmente, el aviso indicaba: “evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia”. Para entonces, la situación estaba fuera de control.
¿Fallas en la tecnología o en la coordinación?
El debate sobre las demoras en las alertas se ha centrado en el uso del sistema de emergencias de Protección Civil. Este protocolo, que implica coordinación entre AEMET, el Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana, debería haber emitido el mensaje de riesgo extremo con suficiente antelación para evitar tragedias. Sin embargo, la coordinación y la toma de decisiones parecen haber sido insuficientes para enfrentar el temporal.
Las repercusiones de esta tardanza en la notificación no son meramente técnicas, sino humanas. Decenas de municipios ya estaban inundados y en situación de alto riesgo antes de recibir la advertencia formal. Mientras tanto, la población expresaba su desconcierto e indignación en redes sociales, preguntándose por qué no se había hecho más para prevenir una catástrofe de esta magnitud.
Política en medio del desastre: un juego de acusaciones cruzadas
Apenas 48 horas después de los primeros impactos de la DANA, la gestión de la emergencia ha escalado en un debate político, dejando a los ciudadanos en una especie de segundo plano mientras los líderes se lanzan acusaciones de incompetencia.
Por un lado, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y figura del Partido Popular, publicó un video inicial, luego borrado, donde declaraba que la intensidad de la tormenta disminuiría hacia las 18:00. Una afirmación que, en retrospectiva, parece haber subestimado la gravedad de la situación, lo que dejó a muchos ciudadanos sin la protección adecuada. Mazón también ha asegurado que todo se realizó “según el protocolo” de Protección Civil y el Ministerio del Interior, desligándose de responsabilidades y lanzando la responsabilidad hacia el gobierno central.
Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, también se ha sumado al debate con una visita a Valencia, donde cuestionó la fiabilidad de los pronósticos de la AEMET. “Las decisiones no pueden depender de una información que puede ser exacta, que puede ser inexacta”, afirmó Feijoo, sugiriendo que la falta de precisión en los pronósticos fue una causa directa de la respuesta tardía.
El Ministerio del Interior responde: “La responsabilidad es de las autonomías”
En respuesta a las declaraciones de Mazón y Feijoo, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado detallado aclarando que la gestión de los planes territoriales de Protección Civil recae en las autonomías. Citando la Norma Básica de Protección Civil, el ministerio recuerda que “los planes territoriales son competencia de las Comunidades Autónomas” y que estas deben gestionar la planificación y coordinación en casos de emergencia, como se establece en la legislación.
Este recordatorio del Ministerio, en medio de una catástrofe tan reciente, parece una indirecta a la Generalitat, insinuando que la responsabilidad de una planificación adecuada estaba en sus manos. Sin embargo, para los ciudadanos, esta disputa política parece alejada de la realidad devastadora que viven, donde la falta de coordinación y la lenta respuesta institucional parecen haber sido las verdaderas protagonistas.
El dolor de Paiporta: el municipio más afectado
Mientras el debate político ocupa las portadas, la tragedia en municipios como Paiporta, que registra el mayor número de víctimas mortales, sigue siendo una herida abierta. La localidad fue de las primeras en ver cómo las lluvias arrastraban coches, inundaban viviendas y dejaban a muchas personas incomunicadas y en peligro.
Familias enteras han perdido sus hogares, y la comunidad, en medio del dolor y la indignación, ha lanzado preguntas al aire que resuenan en toda la región: ¿podría haberse evitado tanta destrucción si las alertas hubieran llegado a tiempo? ¿Es justo que la tragedia se convierta en un campo de batalla política mientras cientos de familias lloran la pérdida de sus seres queridos?
Tras la DANA que arrasó partes de la Comunidad Valenciana, el Gobierno de España valoró asumir el control de la emergencia mediante la declaración de “interés nacional”, pero optó por mantener el mando en la Generalitat Valenciana, que lidera Carlos Mazón, al considerar que la situación estaba bajo control autonómico.
La DANA que golpeó el martes la Comunidad Valenciana y otras regiones causó estragos sin precedentes, con inundaciones, cortes de comunicación y numerosas víctimas mortales. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno central, reunido en el Comité de Situación en La Moncloa, valoró la posibilidad de declarar la emergencia como “de interés nacional”. Esta medida, que corresponde al nivel 3 de emergencia, habría dado al Ministerio del Interior el mando sobre todos los operativos, pero finalmente se decidió mantener la autonomía en la Generalitat Valenciana, que había decretado el nivel 2.
Nivel 2 de emergencia: solicitud de ayuda estatal sin perder el mando
El nivel 2 de emergencia permite a una comunidad autónoma solicitar ayuda estatal, como los servicios de la Unidad Militar de Emergencias (UME), sin ceder el control de las operaciones. La Generalitat Valenciana, liderada por Mazón, declaró este nivel el martes a las 15:00 horas, cuando ya se conocían las “alertas rojas” de AEMET en el litoral y el interior de Valencia. A las 20:00 horas, se emitió un aviso masivo a la población en sus móviles y, minutos después, se solicitó formalmente la intervención de la UME, que estaba prealertada.
Este proceso de activación generó cierto debate sobre si el aviso y la solicitud de refuerzos llegaron a tiempo, ya que muchas localidades estaban ya inundadas y las carreteras, impracticables. No obstante, el Gobierno central decidió no intervenir en el mando y se limitó a coordinar recursos, respetando la gestión autonómica.
Por qué el Gobierno no declaró el nivel 3 de emergencia
Fuentes del Ejecutivo explicaron que, si bien la situación era crítica, la Generalitat Valenciana no había solicitado el nivel 3, y la Moncloa entendió que la administración autonómica estaba actuando de forma efectiva. Además, activar unilateralmente el nivel máximo podría percibirse como una interferencia en las competencias autonómicas, lo cual es un paso complejo, similar a aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de emergencia, algo que requiere de consenso y comunicación entre ambos niveles de gobierno.
Este nivel 3 de emergencia se reserva para situaciones excepcionales en las que el desastre abarca múltiples comunidades autónomas o la magnitud requiere una gestión centralizada. Sin embargo, al tratarse de zonas específicas dentro de la Comunidad Valenciana, se optó por mantener el mando autonómico, con el respaldo de medios estatales como la UME y la Guardia Civil.
Mazón señala al Gobierno central sobre el protocolo de alertas
En su comparecencia el miércoles, Mazón trasladó parte de la responsabilidad al Gobierno central, argumentando que las alertas enviadas desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) obedecían a protocolos establecidos y coordinados con Protección Civil. No obstante, el Ministerio del Interior aclaró en un comunicado que el sistema de avisos Es-Alert, activado en la Comunidad Valenciana a las 20:00 horas, era competencia exclusiva de la Generalitat y que no dependía del Gobierno central la decisión de cuándo emitir el aviso a la ciudadanía.
Despliegue de medios y apoyo intergubernamental
A pesar de la ausencia del nivel 3, el Gobierno central ha movilizado a 1.116 efectivos de la UME, 200 del Ejército de Tierra y cerca de 850 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las zonas más afectadas. Este refuerzo ha sido fundamental para asistir en el rescate de personas, evacuaciones y trabajos de limpieza y recuperación.
La decisión de no activar el nivel 3 muestra la disposición del Gobierno a coordinarse con las comunidades autónomas, pero también ha generado preguntas sobre si, en situaciones de crisis extrema, la centralización de la respuesta podría mejorar la eficacia y rapidez en la gestión de la emergencia.
¿Consideras que debería haberse activado el nivel 3 de emergencia en esta situación? ¿Crees que la coordinación entre los gobiernos autonómico y central es suficiente en casos como este?
Reflexión: ¿Aprenderemos algo de esta tragedia?
La DANA en Valencia no solo ha dejado destrucción material, sino también una profunda sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía. Los sistemas de protección y alerta, diseñados precisamente para evitar que desastres naturales se conviertan en tragedias humanas, parecen haber fallado en su propósito. Y, una vez más, la política entra en juego, desviando el foco de las verdaderas prioridades: mejorar la seguridad y la respuesta ante emergencias.
Al final, esta catástrofe plantea una serie de preguntas que aún esperan respuesta: ¿Se optimizarán los sistemas de alerta y coordinación para prevenir futuros desastres? ¿Se hará un análisis serio de la cadena de responsabilidades? ¿O todo quedará, una vez más, en el eterno juego de acusaciones y falta de acción que tanto caracterizan a los conflictos políticos en nuestro país?
Porque al final, la gran pregunta sigue ahí, como un eco de todas las tragedias pasadas: ¿quién pagará el precio de esta demora, y quién asumirá la responsabilidad de evitar la próxima?
