El juez del caso Nóos, José Castro, ha propuesto hoy al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que asuma la investigación que afecta al expresident de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existen indicios de delito.
En un auto hecho público hoy, el juez Castro entiende que hay indicios de que en los hechos de apariencia delictiva que se investigan en el caso Nóos han podido tener “decisiva e imputable intervención” tanto Camps como Barberá.
El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, recuerda en el auto que no es competente para encausar a Camps y Barberá por ser ambos aforados dada su condición de diputados de Les Corts Valencianes.
En concreto, Castro eleva al TSJCV una exposición razonada proponiendo que asuma la competencia para instruir y decidir acerca de los hechos relativos a tres cumbres Valencia Summit y al proyecto de los Juegos Europeos, por si se pudiera advertir alguna responsabilidad penal para dichas personas aforadas.
Castro propone que la narración de los hechos que realizó cuando impuso en enero una fianza de 8.189.448 euros a los dos principales imputados, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, sea reproducida y utilizada en lo que pueda afectar a los dos aforados, Camps y Barberá.
El juez recuerda en el auto notificado hoy que en su resolución de enero ya hacía referencia a “indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva”.
Además, el juez Castro señaló en su resolución de enero que en los convenios firmados por Nóos y las administraciones balear y valenciana figuran contratos amañados, facturas cruzadas y otras “transgresiones palmarias de la legalidad”.
El juez detalló que en esos convenios se prescindió “olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni negociado”, se los vistió de “ropaje jurídico” y se justificó su concesión a Nóos “en exclusiva atención” a que al frente de la entidad estaba “el yerno del rey”.
Del Valencia Summit se celebraron tres ediciones en la capital levantina en 2004, 2005 y 2006, que supusieron un coste para las arcas públicas de 3.132.000 euros, mediante convenios entre el Instituto Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.
En cuanto a los Juegos Europeos, que no llegaron a celebrarse, el Ejecutivo valenciano pagó 382.203 euros al Instituto Nóos en diciembre de 2005, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.
Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de los tres foros deportivos que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.
VLCCiudad/Redacción
