El concejal del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Sarrià, ha denunciado hoy, sabádo 14 de julio, que “sólo el 5 % de las 83.000 viviendas con más de 50 años ha pasado la revisión obligatoria, por lo que ha acusado a la Delegación de Urbanismo de desentenderse de la inspección técnica obligatoria desde 1994”.
Sarrià, que ha anunciado que presentará una moción a la próxima comisión para que “se encargue de notificar de oficio a los propietarios que tienen que pasar la revisión. Hace unas semanas, los vecinos de un edificio de la Avenida de Peris y Valero tuvieron que ser desalojados. Pudo haber ocurrido una tragedia. Los expertos han alertado de que numerosas construcciones de los 1900 y 1950 fueron ejecutadas con pilares de ladrillo y vigas metálicas y podrían acabar como el citado edificio sin no se revisan, tal como exigía la LRAU aprobada en 1994 y mantiene la LUV de 2005”.
Además, ha enfatizado que esta Inspección Periódica de Construcciones (IPC) es “obligatoria y tienen que pasarla cada cinco años, todos los edificios con más de 50 años de antigüedad o protegidos. En Valencia hay 83.000 viviendas con más de 50 años, que deberían haber pasado entre tres y cuatro de estas inspecciones pero apenas han pasado una única revisión en torno al 5 % de estas viviendas”.
“Recientemente el Presidente del Colegio de Arquitectos de Valencia insistía en la necesidad de llevarlas a cabo para prevenir riesgos, que es en definitiva el objetivo fundamental de la ley aprobada por los socialistas en noviembre de 1994”, ha aseverado.
En su opinión, “si los diferentes delegados de Urbanismo hubieran estado más diligentes desde la entrada en vigor de este requisito legal se hubieran evitado muchos desprendimientos en la ciudad o derrumbes, principalmente en la Ciutat Vella, como el ocurrido en noviembre de 2007 en la calle de Salinas, 5, que pudo costar la vida a su inquilina si en ese momento se hubiera encontrado en la vivienda. La respuesta a esto, no es como suele argumentarse un accidente fruto de la casualidad, sino consecuencia de la desidia municipal”, ha afirmado.
Seguridad
Además, ha remarcado que el Grupo Municipal Socialista “insiste desde la entrada en vigor de esta obligación legal en la necesidad, por los efectos positivos que tiene para la seguridad de los edificios y por tanto de las personas, para que el Ayuntamiento notifique de oficio a los titulares de las viviendas la obligación de pasar esta IPC, pero sorprendentemente el Gobierno Municipal del PP se niega y se limita a notificar únicamente a los propietarios cuando ha habido una intervención de los bomberos por desprendimientos o causas similares”.
“Todo ello a pesar de haberse firmado un convenio, que continua vigente, con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos Técnicos, que tienen medios suficientes para realizar estas visitas y emitir el correspondiente informe vinculante para que la administración realice la orden de ejecución de las obras y garantizar la habitabilidad del edificio y su mantenimiento en condiciones de salubridad e higiene”, ha argumentado.
Vicent Sarrià ha criticado la “obcecación” del delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, quien se “ha negado reiteradamente a notificar a los propietarios que deben pasar una revisión que evitaría males mayores en sus edificios, a pesar de nuestras múltiples propuestas. No sabemos si es desidia o una más de las malas prácticas urbanísticas de este ayuntamiento, pero en la próxima Comisión de Urbanismo, volveremos a insistir para intentar que la racionalidad en la gestión de los asuntos públicos forme parte del quehacer diario de la Delegación de Urbanismo”, ha concluido.
VLCCiudad/Redacción
