La industria del rent-a-car advierte que no está lista para asumir las obligaciones de registro de datos del Real Decreto 933/2021, que entrará en vigor en diciembre y exige un nivel de inversión tecnológica para el que muchas pymes del sector no tienen recursos.
El sector del alquiler de vehículos exige cambios ante los requisitos del Real Decreto 933/2021
El sector de alquiler de vehículos en España, representado por la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval), está al borde de una crisis operativa. Con la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, que obliga a estas empresas a implementar nuevos protocolos de registro y tratamiento de datos personales de los usuarios, la patronal ha levantado la voz, advirtiendo que la mayoría de las empresas de alquiler no tienen la capacidad administrativa ni tecnológica para cumplir con estas exigencias en el plazo previsto, el próximo 2 de diciembre.
Nuevos requisitos de registro: un reto para las pymes del sector
El Real Decreto 933/2021 establece que, además de los hoteles y otras empresas turísticas, las compañías de alquiler de vehículos deberán registrar los datos personales de los usuarios y reportarlos a las autoridades. Este protocolo busca mejorar la seguridad y facilitar la supervisión en el sector turístico, sin embargo, desde Feneval señalan que para las pymes que constituyen la mayor parte del rent-a-car en España, cumplir con estas obligaciones significará una carga económica y operativa insostenible.
En una encuesta realizada por Feneval a sus miembros, el 60% de las empresas reportó tener problemas para acceder y usar la plataforma de registro de datos exigida por la normativa, indicando que, además de los costes, la falta de una interfaz adaptada al sector les impide cumplir con el reglamento de manera adecuada.
Inquietud tecnológica y costes elevados
El presidente de Feneval, Juan Luis Barahona, se ha mostrado crítico respecto a la falta de apoyo técnico y económico para implementar la normativa, señalando que la adaptación a estos requisitos conlleva altos costes de desarrollo y mantenimiento de sistemas que la mayoría de las pymes del sector no pueden afrontar. Barahona explicó que las empresas de alquiler de coches se enfrentan a crear y operar al menos tres interfaces diferentes para el reporte de datos, una para cada comunidad autónoma, lo que incrementa la carga de trabajo y el presupuesto necesario. Desde la federación se ha solicitado que se permita la creación de una única plataforma de uso común en todo el país, con el fin de respetar las competencias autonómicas, pero sin generar un gasto desmesurado para el sector.
Este aumento en los costes y recursos destinados al cumplimiento normativo puede tener repercusiones significativas para los clientes de rent-a-car. Para muchas pequeñas empresas, el coste de adaptar sus sistemas y contratar personal adicional puede traducirse en un alza de precios en el alquiler de vehículos, especialmente en temporadas de alta demanda como el verano y las festividades de fin de año.
Propuesta de Feneval y petición de moratoria al Gobierno
Feneval ha hecho un llamamiento al Gobierno para que reconsidere los plazos o permita una moratoria en la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, planteando que la falta de una plataforma adecuada y los altos costes operativos podrían poner en riesgo la supervivencia de muchas pequeñas empresas de alquiler. En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular presentó una Proposición No de Ley (PNL) que propone suspender la entrada en vigor del decreto, al menos hasta que se pueda garantizar que las empresas cuentan con los recursos y herramientas necesarios para cumplir con la normativa.
La PNL recibió el respaldo mayoritario de los parlamentarios, que aprobaron un punto en el que se insta al Gobierno a eximir temporalmente a las empresas de alquiler de vehículos de la normativa, debido a la baja viabilidad y la repercusión negativa que tendría en su capacidad operativa. Sin embargo, la decisión final sobre la aplicación de la norma depende del Ejecutivo, que deberá decidir si concede o no la moratoria solicitada.
El impacto en el turismo y en el consumidor final
La posible subida en los precios del alquiler de vehículos, derivada de los costes de implementación del Real Decreto, puede impactar en la experiencia del turista en España, especialmente en ciudades de alta demanda turística como Valencia. El encarecimiento de los servicios de rent-a-car no solo afectaría a los turistas que buscan medios de transporte flexibles y asequibles, sino que podría repercutir en otras actividades turísticas, como el alojamiento, la gastronomía y el comercio local, ya que muchos turistas dependen del alquiler de vehículos para desplazarse y explorar diversas zonas de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, las empresas de alquiler de vehículos temen que la reducción en la demanda generada por el aumento de precios obligue a muchas de ellas a reducir sus flotas, lo que tendría un impacto negativo tanto en el empleo en el sector como en la disponibilidad de vehículos de alquiler, afectando también a otros sectores relacionados con el turismo en Valencia.
El sector busca una solución conjunta con el Gobierno
La propuesta de Feneval de establecer una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas tiene como objetivo diseñar un modelo de reporte de datos que cumpla con las exigencias de seguridad, pero que también se adapte a la realidad económica y tecnológica de las pymes del sector. La federación sugiere que esta mesa de trabajo puede convertirse en un foro donde se evalúe el impacto económico y técnico de la norma y se desarrollen soluciones pragmáticas y sostenibles para que las empresas del rent-a-car puedan cumplir con las nuevas obligaciones sin ver comprometida su rentabilidad.
Para avanzar en esta línea, Feneval ha propuesto alternativas como la posibilidad de financiamiento parcial por parte del Gobierno para las empresas del sector, especialmente para las pymes, que enfrentan mayores dificultades. La patronal también sugiere la creación de una plataforma tecnológica única, desarrollada en colaboración con expertos en tecnología y la administración, que permita a las empresas de alquiler de vehículos registrar y reportar los datos de los usuarios sin duplicar los costes y esfuerzos en cada comunidad autónoma.
¿Qué sigue para el sector del rent-a-car?
Con la fecha límite de implementación a tan solo unas semanas, el sector de alquiler de vehículos en España se enfrenta a una etapa de alta incertidumbre. La posible moratoria o ajuste de la normativa por parte del Gobierno es vista como la única solución para que las empresas, en especial las pymes, puedan asumir los requisitos del Real Decreto 933/2021 de una manera gradual y con apoyo institucional.
Mientras el Gobierno no tome una decisión definitiva, el sector del rent-a-car se encuentra en un punto crítico, debatiendo entre la posibilidad de una reforma total en su estructura de registro y la alternativa de ajustes para hacer frente a una normativa que, en su estado actual, presenta desafíos que muchos consideran inalcanzables.
¿Crees que el Gobierno debería facilitar ayuda a estas empresas para cumplir con las nuevas obligaciones de registro de datos o que esta normativa es excesiva para un sector donde predominan las pymes?
