El pasado 11 de octubre el grupo municipal de Esquerra Unida solicitó que la empresa municipal AUMSA fuera la encargada de finalizar todos aquellos Programas de Actuación Integrada que se encuentran sin acabar al considerar que la gestión urbanística llevada a cabo durante años por el PP no es la más adecuada. Entonces la petición se debía a que una sentencia amonestaba al Ayuntamiento debido al retraso en la construcción del PAI Quatre Carreres. “Tan sólo nueve días después hemos sido conocedores de un nuevo ejemplo de este fracaso de los populares tras saber que el Ayuntamiento ha aceptado la renuncia solicitada por la Promotora de Viviendas de Levante S.A., tras tres prórrogas, a la licencia de obras concedida en 2009 para la construcción de un edificio de 91 viviendas de protección oficial en La Torre y, por tanto, una vez más constatamos como en nuestra ciudad ha sido ineficaz la política de descansar en agentes urbanizadores privados el planeamiento urbanístico”, ha afirmado el portavoz del grupo municipal, Amadeu Sanchis.
En noviembre de 2012 y, posteriormente, en septiembre de este mismo año, el Servicio de Licencias del Ayuntamiento realizó un informe en el que ponía de relieve que el solar donde estaba previsto dicho edificio se encontraba sucio, lleno de vegetación y escombros, así como sin vallado perimetral, concluyendo, por tanto, que no reunía las condiciones de seguridad necesarias, como indica la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana. Tan sólo ocho meses después, el 12 de julio de 2013, el agente urbanizador solicita la anulación de la licencia de construcción, petición que ha sido aceptada el 4 de octubre por el equipo de gobierno del PP. Asimismo, también reclama la anulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la devolución del aval.
Este edificio está incluido en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución única del Plan Especial del Sector La Torre, promovido por la Generalitat Valenciana a través del IVVSA y aprobado en 2006. Estaba previsto que uso dominante fuera residencial, con tres plantas de sótano y 21 alturas, con un total de 91 viviendas de protección oficial, 6 de ellas para minusválidos.
Para el edil de la formación de izquierdas, “en un momento como el actual nos parece muy grave que se renuncie a la construcción de estas viviendas públicas porque, según aduce el agente urbanizador, no se ve el final de la crisis”. Por ello, -ha añadido- “esperamos que sea la propia empresa municipal AUMSA la que se encargue de la construcción de estas viviendas y que son tan necesarias en un momento como el actual en el que cada día muchas familias son desahuciadas de sus casas”.
VLC Noticias / Redacción
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