Valencia. Un año después de la catástrofe, la investigación judicial por la DANA del 29 de octubre de 2024 ha tomado un rumbo contundente. La jueza Núria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha señalado la existencia de “indicios abrumadores de una conducta negligente” en la gestión de la emergencia, y mantiene imputados a dos altos cargos del Consell: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

En sus autos, la magistrada habla de una “palmaria ausencia de avisos a la población” y de un mensaje de alerta “tardío y erróneo” —el conocido ES-Alert, enviado a las 20:11 horas— cuando “ya se habían producido la práctica totalidad de las defunciones”. Su afirmación más contundente resume el espíritu de la causa: “Los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí.”

Una investigación penal sin precedentes

Con 52 años y reputada por su minuciosidad, Ruiz Tobarra lidera una de las causas penales más complejas en la historia reciente de la Comunitat Valenciana. Lo hace en un contexto insólito: el propio juzgado de Catarroja fue arrasado por la riada, y la instrucción comenzó en dependencias provisionales de Valencia.

Desde entonces, la magistrada ha emitido resoluciones casi diarias, apoyada por más de cuarenta acusaciones —entre ellas, asociaciones de víctimas, sindicatos, partidos políticos (todos salvo el PP) y colectivos ciudadanos—. La Asociación de Damnificados de l’Horta Sud representa a 174 afectados directos.

El proceso se centra en determinar si existió responsabilidad penal por omisión o negligencia en la gestión de la emergencia. Según la jueza, la Generalitat tenía “competencia exclusiva” en la respuesta a la catástrofe y actuó como “garante de la seguridad colectiva”. En consecuencia, atribuye a Pradas el “mando único” del dispositivo de emergencias.

Una cadena de decisiones cuestionadas

Ruiz reprocha a Pradas haber convocado el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) con “una gran demora” —a las 17:00 horas— pese a que desde el día anterior existía preemergencia, la Aemet había activado la alerta roja y ya se producían inundaciones en la Ribera Alta y Utiel-Requena. El Cecopi, según la jueza, funcionó en una “burbuja” ajena a la realidad que mostraban en directo los medios y las llamadas de auxilio que colapsaban el 112.

“El problema no fue la falta de información —había de sobra y en tiempo real—, sino que o bien se ignoró, o no se comprendió su alcance”, escribió la magistrada en el auto que justificó la imputación de Pradas y Argüeso. La jueza subraya que los organismos estatales —Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar— sí habían emitido advertencias suficientes.

El papel de los investigados

En su declaración judicial, Pradas alegó desconocimiento en materia de emergencias y trasladó la responsabilidad a los técnicos del 112 y a la supuesta falta de información de los organismos del Estado. Argüeso, por su parte, admitió que el mensaje de alerta tardó una hora en redactarse, aunque se defendió afirmando que la prioridad era coordinar el operativo.

Ambos mantienen la condición de imputados y sus solicitudes de archivo han sido rechazadas por la Audiencia de Valencia, que ha respaldado las decisiones de la magistrada. Ruiz Tobarra ha denunciado una “campaña difamatoria” en su contra, en la que ha señalado al abogado de Argüeso y a algunos medios de comunicación, entre ellos Ok Diario.

Una instrucción avalada por el TSJCV

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) también ha dado respaldo a la jueza frente a la acusación de prevaricación presentada por la plataforma Manos Limpias, expulsada del procedimiento por “fraude procesal” al actuar en defensa de los imputados.

En paralelo, el juzgado ha tomado declaración a más de 350 familiares de las víctimas y a una larga lista de técnicos y representantes públicos, entre ellos el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la CHJ, Miguel Polo; y el jefe de Aemet en Valencia, José Ángel Núñez. Todos coinciden en describir un Cecopi “caótico”, con debates interminables y sin decisiones efectivas.

El papel de Mazón y nuevas citaciones

La Audiencia de Valencia ha ordenado citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante más de tres horas en el restaurante El Ventorro la tarde del 29 de octubre. Su testimonio podría ser clave para aclarar los movimientos del presidente antes de acudir al Cecopi, donde llegó a última hora.

La jueza, que hasta ahora había evitado imputar a Mazón, ha pedido al Parlament autonómico el registro de sus llamadas de aquella jornada. La investigación pretende determinar si el presidente fue informado a tiempo y si dio instrucciones durante el desarrollo de la emergencia.

La vicepresidenta del Consell, próxima en declarar

Otra de las piezas clave será la declaración de la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, responsable de las residencias de mayores —donde fallecieron una decena de personas