La ley ‘antipiratería’ ‘ley Lassalle’ de propiedad intelectual

AR_RuedaConsejo140214_07_tn579x385El Gobierno aprueba la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual

El Gobierno ha acometido una reforma “urgente” de  Ley de Propiedad Intelectual actual-que fue aprobada por el Real Decreto 1/1996- y de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Ley de Propiedad Intelectual y que recibe este nombre en alusión al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, encargado de su contenido. Busca velar por los derechos de autor y reforzar la lucha contra la piratería.

Pueden resumirse en tres bloques: “revisar el sistema de copia privada”, diseñar “mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual” y fortalecer los instrumentos de reacción “frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital”, según detalla en su exposición de motivos.

La capacidad de actuación administrativa frente a la piratería, a través de la vía civil, podrá aplicar multas a los infractores que oscilarán entre 30.000 a 300.000 euros.

El anteproyecto pretende mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet. El  anteproyecto pretende limitar la difusión de contenidos digitales que infringen los derechos de autor en las páginas que difunden contenidos protegidos a gran escala, como las webs con contenido protegido.

 

Para ello, el Gobierno propone que los proveedores de servicios de pago y de publicidad a páginas web actúen como intermediarios para impedir esta difusión.

Ya no se perseguirá solo a los servidores que alojen archivos con derechos de autor, sino también a las web con los enlaces que lleven a ellos (quedan excluidos motores de búsqueda como Google, blogs y redes sociales)

También se modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que el juez pueda exigir a empresas y operadoras que identifiquen a los supuestos infractores. Asimismo se podrá “forzar la prohibición de incluir publicidad” en páginas que no cumplan la ley con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, detalla Wert, y las universidades deberán pagar un canon por las obras que pongan a disposición de los alumnos.

Los agregadores de Internet como Google deberán pagar a los titulares de derechos de autor  por el uso que hagan de sus contenidos, según establece la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Consejo de Ministros.

El proyecto permitirá que los agregadores utilicen sin autorización fragmentos no significativos de contenidos generados por los periódicos siempre que, a cambio, satisfagan la correspondiente compensación equitativa.

Otra modificación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual es la introducción de unacompensación para los autores por parte de las universidades a través de las entidades de gestión. Asimismo, se limita la copia con fines educativos y de investigación científica, como por ejemplo, que solo se difunda un capítulo de un libro o un artículo de una revista

Las universidades tendrían que abonar a los autores una compensación por las obras “reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas públicamente” no directamente, sino “a través de las entidades de gestión”. Se trataría de un “derecho irrenunciable” de los autores y afectaría a manuales universitarios opublicaciones asimiladas y a  “pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico fotográfico figurativo” que cumplan las condiciones que refleja el texto.

Concepto de copia privada. La normativa actual permite hacer copias privadas de las obras siempre que se haya accedido a ellas de forma legal, pero el borrador de la ‘Ley Lassalle’ busca reducirlas a aquellas hechas a partir de un soporte original adquirido por compraventa comercial.

Cambia la definición de copia privada, ahora solo una persona a título individual puede hacer una copia para su uso privado de una obra que haya adquirido legalmente o al realizar una reproducción “individual y temporal” de obras de un “acto de comunicación pública”, como una emisión de televisión, por ejemplo.

En el Real Decreto de 1996 se permitía la copia privada “a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa”. En 2012 se aprobó otro Real Decreto por el que la compensación a los autores se pasaba a fijarse en los Presupuestos Generales del Estado. Ahora se contempla – borrador del anteproyecto– que la copia “se lleve a cabo por una persona física para su uso privado, no profesional ni empresarial” y que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente”.

Entidades de gestión.  En España existen en la actualidad ocho entidades de gestión.

 La Comisión de Propiedad Intelectual, en funcionamiento desde hace un año, tendrá un procedimiento para sancionar a las entidades que incumplan sus obligaciones legales. Las sanciones podrían alcanzar hasta el 2% de la cifra de negocio de la entidad de gestión y que las administraciones con competencias podrán inspeccionar la gestión de estas organizaciones. Por otra parte, se creará, ha anunciado el ministro, un “tablón de delitos electrónicos”.

En estos 12 meses ha recibido y tramitado 363 solicitudes. De las 115 solicitudes que prosperaron, 30 ya produjeron el acuerdo de inicio (20 retiraron las webs con “contenidos vulneradores” de forma voluntaria y en 4 casos la Comisión ha ordenado la retirada de la página);  4 fueron archivadas antes del mismo y las 81 restantes están en fase de investigación

También se introducen cambios respecto a la obligación de las entidades de gestión de presentar cuentas anuales y que se sometan a una auditoría, además de otras indicaciones respecto a su funcionamiento como la limitación a la imposición de tarifas “asimétricas”.

El anteproyecto, Directiva 2011/77/UE pasará ahora un trámite de información pública, durante el que se tendrá en cuenta las aportaciones de particulares e instituciones del Estado. Será objeto de un informe no vinculante del Consejo de Estado, y una vez cumplidos estos trámites, volverá al Consejo de Ministros para pasar después por su tramitación parlamentaria

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