Esta operación se enmarca dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social suscrito el pasado 30 de abril

 Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas por fraudes a la administración pública que superan los 17,2 millones de euros. Los arrestados son presuntos responsables de 35 delitos contra la Seguridad Social por el impago de cuotas sociales, 18 delitos de insolvencia punible y 5 falsificaciones y estafas. Las defraudaciones han sido descubiertas tras investigar 21 entramados empresariales con sede en Madrid, Barcelona, Granada, Alicante y Pontevedra.

Las investigaciones comenzaron hace varios meses al ser detectadas un importante número de empresas que podrían estar cometiendo fraudes. Estas actividades irregulares fueron comunicadas a la policía por del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Madrid, Barcelona, Granada Alicante y Pontevedra.

Tras recibirse esta comunicación, se requirió un informe detallado a los organismos competentes sobre la documentación relacionada con las defraudaciones y de las actuaciones administrativas llevadas a cabo, además de los soportes documentales relativos a las personas físicas o jurídicas a investigar, y otras circunstancias que pudieran contribuir a obtener la información completa de posibles actividades ilícitas. Con todo el material recopilado se iniciaron una serie de pesquisas para confirmar y ampliar la información recibida, así como para identificar y detener a los presuntos autores de los delitos investigados.

Una vez analizada toda la información, los agentes comprobaron el carácter fraudulento de las empresas investigadas, creadas con la finalidad de eludir el pago de las cuotas de seguros sociales.  Para evitar su obligaciones con la Seguridad Social, provocaban la descapitalización de la empresa deudora, trasladando los elementos de producción a otras sociedades, utilizando testaferros y empresas interpuestas para llevar a cabo sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes impidiendo o dificultando la localización y traba de los mismos.

Una vez comprobada la actividad ilícita, los agentes establecieron un dispositivo en el que se llevaron a cabo un total de 28 detenciones en Madrid (13), Barcelona (7), Pontevedra (3), Granada (4) y Alicante (1). Además han sido imputadas otras cuatro personas que están pendientes de localización. Las cantidades adeudadas por impagos a la Seguridad Social ascienden a 17.523.834 €.

Convenio para luchar contra el fraude al erario público

El incremento de este tipo de actividad fraudulenta, entre otras, contra la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, propició la firma  del “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social” el pasado 30 de abril.

La investigación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social adscrita a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEV central de la Comisaría General de Policía Judicial; jefaturas superiores de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Galicia