Los parados con prestación no tienen que temer (de momento) que les sancionen

sanciones a los parados¿Se te olvidó sellar el paro?
Sellar la demanda de empleo (la tarjeta del paro) es obligatorio y si no se hace, las sanciones eran  como mínimo  un mes sin recibir la prestación o el subsidio.

Ahora los parados con prestación no tienen que temer (de momento) que les sancionen si incumplen alguna de las obligaciones que tienen con los servicios públicos de empleo, como renovar la demanda de empleo cada tres meses o rechazar acudir a los cursos y acciones de orientación | El Tribunal Constitucional, en una sentencia publicada en el BOE el 23 de mayo, ha anulado el procedimiento sancionador por invadir competencias de las comunidades autónomas | El resultado: desde ese día, no se está sancionando a los infractores.

El Tribunal Constitucional dice que si las comunidades autónomas tienen la competencia en las políticas de empleo, también tienen que tener las de sanción, y declara nulos los artículos legales que atribuyen las sanciones al Servicio Público de Empleo Estatal, una sentencia que eliminaba el procedimiento sancionador por invadir las competencias de las autonomías, por lo que a partir de ese día dejaron de sancionarse a los infractores. En su sentencia, el Constitucional declaraba nulos los artículos legales donde se atribuían al SEPE las sanciones, ya que si las comunidades tienen las competencias en materia de empleo también son ellas las que tienen capacidad sancionadora.

Tanto el ministerio de Empleo como las oficinas del antiguo INEM confirman que desde que se publicó la resolución del Constitucional no se han cursado nuevas sanciones a los parados, y que las bajas cautelares que estaban en marcha a fecha de 23 de mayo se han retirado. A los que no afecta la resolución es a los parados que fueron sancionados antes de que el Constitucional emitiese la sentencia, que no anula las sanciones anteriores alegando “seguridad jurídica”.

Esta sentencia no quiere decir que las sanciones vayan a desaparecer, sino que ahora serán lascomunidades autónomas las que se encarguen de aplicarlas. Cada comunidad podría comenzar a aplicar sanciones ya, pero la falta de recursos o personal, además de la inexistencia de procedimientos, hacen que tengamos que esperar un poco para que vuelvan. Por su parte, el ministerio de Empleo quiere alcanzar un pacto con las 17 autonomías para garantizar que los ciudadanos de cada comunidad reciban el mismo trato a la hora de ser sancionados.

La sentencia del Constitucional llega casi una década después de que la Generalitat de Catalunya presentase, en el año 2004, un recurso de inconstitucionalidad ante una serie de perceptos legales que, según el gobierno presidido entonces por Pasqual Maragall, vulneraban sus competencias. La normativa anulada por el Constitucional establecía cuatro tipos de sanciones: a la primera infracción, el desempleado perdía un mes de prestación; a la segunda se quedaba sin tres meses de subsidio; la tercera infracción implicaba una mérdida de seis meses de prestación y a la cuarta infracción es cuando se le retiraba la prestación completa.

El Ministerio asegura que está en contacto con las Comunidades Autónomas para buscar una solución. De acuerdo con la sentencia, las autonomías serán las que se tengan que ocupar ahora de las sanciones; de hecho, podrían hacerlo ya, pero todavía no están los mecanismos en marcha para que puedan hacerlo: para ello hay que dedicar personal, recursos, elaborar procedimientos… La intención de Empleo es que el asunto se pacte con las comunidades para que se garantice un trato igual a los ciudadanos en los distintos territorios.
VLC Ciudad /Foto:gencat

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