Los vecinos califican de ¨desahucio ciudadano¨ la nueva ley de tasas judiciales

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana( CAVE-COVA) tilda de ¨desahucio ciudadano ¨ la nueva ley de tasas judiciales que el Gobierno pretende aplicar, según ha afirmado el presidente de la confederación, Juan Antonio Caballero. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia pertenece a éste colectivo mayoritario en el sector en la Comunidad.

Juan Antonio Caballero, a la izquierda, en la jornada dedicada al programa Entrevecinos/cavecova
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Juan Antonio Caballero, a la izquierda, en la jornada dedicada al programa Entrevecinos/cavecova

Para el movimiento vecinal la nueva norma ¨supone invitar a los ciudadanos con escasos recursos económicos a abandonar cualquier iniciativa de acudir a la justicia. Los recursos por consumo supondrán el doble de lo que se abona actualmente. Esto invita a que otros nos machaquen con la ley en la mano y eso el movimiento vecinal no lo puede consentir y se opone frontalmente a esa medida¨, explicó el presidente

Caballero agregó que es como ¨ comprar un derecho que la propia Constitución nos da. La ley más bien parece poner en las vías del AVE la justicia para los ricos y en la vía lenta a los vecinos con escasos recursos. O sea justicia para quien tenga dinero y se podría abrir la vía  a violaciones de los derechos de los ciudadanos como consumidores que somos, según nuestros abogados¨

Con la nueva ley de tasas la confederación vecinal considera que gran parte de las familias no podrán iniciar acciones legales en defensa no ya de otros intereses sino de los suyos por carecer de recursos. La nueva ley perjudica a familias con rentas inferiores a los 15.000 euros y, en estos momentos, hay muchas en estos casos.

Más mediación con programas e iniciativas

Desde la confederación sí se está de acuerdo en imponer tasas disuasorias para impedir litigios por litigar y de potenciar las medidas y programas de mediación como se ha puesto en marcha en distintos ayuntamientos para alcanzar acuerdos y evitar llegar casos innecesariamente a la vía judicial. Sin embargo, la ley impone medidas extremas que limitan el acceso de la justicia a miles de vecinos y estos también son los profesionales de la justicia a los que la nueva norma podría obligarles a cerrar sus despachos.

Otro ejemplo que expuso Caballero es el de un siniestro de tráfico en el que si primero se recurre en apelación habrá que pagar más de 6.000 euros y otra idéntica cantidad en casación con lo cual las tasas podrían llegar hasta los 20.000

VLCCiudad/Redacción

 

 
 

 

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