Polémica en el Cabanyal

Un vídeo subido a youtube reaviva la polémica.

Los vecinos de Ca la Barraca, al 146 de la misma calle, en el Cabanyal, han facilitado estas imágenes. Donde se muestra una casa, propiedad del Ayuntamiento ,totalmente abandonada y deteriorada que fue ocupada hace una semana y cómo unidades de la policía Local,siete agentes en concreto han intentado irrumpir en la misma, forzando y tumbando la puerta.

Según comenta Sergi Tarín, al cual pertenece el canal donde se ha subido el vídeo. El pasado viernes, a las 11.30;

Se han presentado dos unidades de policía con siete agentes. Sin orden judicial de desalojo e incumpliendo el reglamento, han intentado romper y tumbar la puerta. También han vulnerado el derecho a la información de los ciudadanos presentes. En las imágenes se siente como uno de los policías acusa a una vecina de “provocar” sólo por el hecho de grabar la escena. La noticia se ha difundido con rapidez por las redes sociales ya los pocos minutos se han reunido una veintena de personas. Esto ha disuadido a los agentes, que se han marchado sin acceder a la vivienda. Los jóvenes ocupantes pretenden rehabilitar este inmueble y frenar así la degradación impulsada por el ayuntamiento, con la alcaldesa Rita Barberá a la cabeza, empeñada en derribar 1600 viviendas y prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Un plan urbanístico polémico que el Tribunal Constitucional paralizó en 2010. Desde 2006, el ayuntamiento ha ido comprando casas y destrozándole las por dentro para que la sensación de pauperización en el barrio sea bien elocuente.

 

Según la Ley, toda persona con obligación de obtener el Documento Nacional de Identidad, obligatorio a partir de los catorce años, lo tiene también de exhibirlo cuando sea requerido por un Agente de la Autoridad pero no lo está de portarlo, con lo cual, estará obligado a exhibirlo si dice que lo lleva consigo, pero si no es así, no habrá manera de identificarla ni estará obligada a ello.

La Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992, conocida como la Ley “Corcuera”, determina que el DNI tendrá, por sí sólo, suficiente valor para la acreditación de la identidad de las personas y que es obligatorio a partir de los 14 años. Un decreto de 1976 establecía además la obligación de llevarlo permanentemente consigo y a exhibirlo cuando fueren debidamente requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes. Este Decreto fue modificado para anular la obligación de portar el DNI, siendo finalmente derogado en 2005. Por lo tanto con la legislación actual, nadie puede ser denunciado por no llevar el DNI ya que no es obligatorio llevarlo permanentemente.

Es un poco contradictorio porque la ley exige que nos identifiquemos y que exhibamos el DNI, pero no que lo llevemos encima. Al final, si no podemos ser identificados  podríamos terminar en Comisaría.

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la “Ley Corcuera”, las únicas infracciones que pueden ser sancionadas en materia de documentación personal son por incumplimiento de la obligación de obtenerla a partir de los catorce años y la negativa a entregarla cuando hubiere sido acordada su retirada o retención; supuesto que, respecto al DNI, sólo puede ocurrir cuando haya de ser sustituido por otro. El incumplimiento del requerimiento de identificación mencionado por la Ley, sólo en supuestos extremos –cuando se de una resistencia “infundada” a identificarse- podría dar lugar a responsabilidad penal o administrativa.

El agente de la autoridad podría cometer una detención ilegal, en caso de producirse, según la Ley 1/92, que dice que se puede trasladar a una persona a efectos de identificación cuando se encuentre indocumentado y haya cometido una infracción administrativa (consumada) al objeto de proceder a su sanción.

Aunque el Artículo 26 de dicha ley marca como  infracciones leves de la seguridad ciudadana algunas como:

Las irregularidades en la cumplimentaron de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.

La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.

Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción penal.

Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.

Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en Leyes especiales relativas a la Seguridad Ciudadana.

 

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