Pradas critica a Bernabé por no activar el SMS de alerta
La declaración de Salomé Pradas ha revelado detalles significativos sobre su comparecencia. En su testimonio, se destacó su falta de experiencia, la importancia del papel de los técnicos, la implicación de la delegada del Gobierno en la toma de decisiones, la carencia de información en el Cecopi sobre el barranco del Poyo y la poca fiabilidad del sistema Es-Alert, encargado de enviar mensajes de alerta a la población.
Pradas no solo defendió sus acciones, sino que también criticó a otros líderes. La Generalitat ha enfocado sus sospechas en Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y Pradas reforzó esta teoría en su declaración judicial. Una posible imputación de Polo podría intensificar esta narrativa por parte de la Generalitat, un escenario que aún no se descarta completamente.
La consellera criticó a Polo, un cargo socialista ausente de los medios desde el día del incidente. Polo participó de manera telemática en el Cecopi, mientras que Pradas afirma que debía haber estado presente físicamente, como exige el Plan Especial de Inundaciones activado a las 18 horas. En ese momento, Polo ya estaba conectado en línea. Además, se informó que el personal de la CHJ se redujo a la mitad durante la crisis, y Polo no comunicó ninguna incidencia sobre el barranco del Poyo a la delegada del Gobierno, continuando su agenda habitual. “Mientras observaba las primeras consecuencias de la dana, Polo estaba en unas jornadas en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV); no parecía muy preocupado”, relató Pradas a la jueza.
Asimismo, Pradas también había criticado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por no incluirla en la reunión de la mañana del día 29 con autoridades policiales y otros organismos responsables de la emergencia. “Esto hubiera mejorado la coordinación”, señaló. Pradas solo respondió a las preguntas de su abogado, lo que hizo que el interrogatorio fuera menos riguroso de lo que podría haber sido si hubiera aceptado cuestionamientos de todas las partes.
El centro de la investigación es el envío del mensaje Es-Alert, que para la jueza fue “tardío y erróneo”. Pradas no coincide con esta opinión, argumentando que se comenzó a considerar esta opción alrededor de las 19 horas, dos horas después de iniciada la reunión. Explicó que el proceso no es rápido: “Desde que los técnicos introducen el mensaje, se valida y se solicita su verificación por el Cenem, transcurre aproximadamente media hora”. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) es un organismo clave en la gestión y coordinación de alertas a nivel nacional en el ámbito de la protección civil.
Pradas mencionó que el sistema es novedoso y carece de marco normativo claro: “No está regulado por ninguna norma nacional; existe un protocolo del ministerio, un documento provisional aún pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de Protección Civil”. Continuó argumentando: “Es una especie de guía del usuario; no hay directrices técnicas, y en ese protocolo se indica que el ministerio podría lanzar el esalert”. Según Pradas, el Cenem es responsable de esto, estableciendo que es competencia de la Dirección General de Protección Civil del Estado emitir alertas a todo el territorio nacional si es necesario. Señaló a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien estaba en Brasil, y nuevamente criticó a Bernabé: “La delegada del gobierno tampoco lo propuso”.
Pradas insistió en que el Es-Alert era todavía un sistema provisional: “No está previsto en los planes de aviso a la población, ni para emergencias ni para inundaciones”. Destacó que, apenas tres semanas antes, la Generalitat había comenzado a “implementar el sistema en los planes de emergencias”. En las horas cruciales de aquel día, “no era un mecanismo de aviso a la población, estaba en fase de pruebas experimentales”. Agregó que “se habían realizado dos pruebas, una de las cuales falló”.
La comparecencia de Pradas se suma a la del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos son los únicos investigados en el caso, siendo altos cargos de la Generalitat. La jueza, por el momento, descarta implicaciones penales para Bernabé u otros líderes gubernamentales, aunque varias partes han recurrido estas decisiones iniciales. Ahora, la resolución está en manos del tribunal de la Audiencia.
