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La Generalitat Valenciana lanza un recurso judicial contra el Real Decreto 1312/2024, acusando al Gobierno central de invadir sus competencias exclusivas sobre turismo con la creación de un registro estatal de viviendas turísticas.

A nadie debería sorprender que, en España, la gestión del turismo se haya convertido en otro capítulo más del folletín político-administrativo que enfrenta a gobiernos autonómicos con la Moncloa. Pero en esta ocasión, la cosa no va de banderas, ni de lenguas, ni de financiación. No, esta vez el lío viene por algo tan glamuroso como… un registro digital de pisos turísticos.

Sí, señoras y señores: la Generalitat Valenciana se ha plantado y va a llevar al Gobierno central a los tribunales por el Real Decreto 1312/2024, ese que quiere implantar un registro único para todos los apartamentos turísticos del país y una ventanilla digital para centralizarlo todo. Algo así como decirle a todas las autonomías: “tranquilos, que ahora nosotros os organizamos las vacaciones”.

El Real Decreto que encendió la mecha

A mediados de mayo, el Consejo de Ministros aprobó lo que, sobre el papel, suena a sentido común: unificar los datos sobre arrendamientos turísticos en todo el Estado. Porque, admitámoslo, hasta ahora cada comunidad hacía la guerra por su cuenta: códigos diferentes, trámites distintos, y una maraña legal que ni Kafka en su peor día.

Con este Real Decreto, el Estado pretende que haya un solo registro, con información unificada, fácil de consultar, actualizada y con una ventanilla única digital —porque sin digital, ya no suena moderno. El objetivo declarado: frenar el descontrol de los alquileres turísticos, detectar fraudes y ayudar a que Hacienda no tenga que jugar al escondite con los ingresos no declarados.

Parece razonable, ¿no? Bueno, no para todos.

“Nos están invadiendo”, dice la Generalitat

Desde el gobierno valenciano han reaccionado como si el Estado hubiera intentado nacionalizar la paella. Según ellos, la nueva norma representa una clara invasión de competencias, ya que la gestión del turismo es un ámbito exclusivo de las comunidades autónomas, como bien recoge el artículo 49.1.31ª del Estatut d’Autonomia.

En otras palabras: “Gracias, Madrid, pero ya nos encargamos nosotros de gestionar nuestros propios líos turísticos”. El Consell no solo ve el decreto como un gesto autoritario, sino como una maniobra centralista que puede provocar duplicidades administrativas, confusión legal y, cómo no, malestar entre los actores del sector.

Por eso, el ejecutivo autonómico ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Porque si hay algo más español que pelearse por las competencias, es hacerlo en los tribunales.

Turismo: el verdadero oro valenciano

Y es que no hablamos de un tema menor. En la Comunitat Valenciana, el turismo no es solo un sector económico; es una industria estratégica, una fuente inagotable de ingresos y un eje central del modelo económico regional. Solo en 2023, más de 10 millones de turistas pasaron por nuestras costas, dejando una buena cantidad de euros por el camino.

¿Quién se atrevería a ceder el control de esa maquinaria a una base de datos nacional que, con suerte, no se caiga el primer lunes del mes? Exacto: nadie en su sano juicio político.

La duda: ¿quién gestiona mejor?

Claro que aquí entramos en terreno resbaladizo. Porque una cosa es defender las competencias y otra es hacerlo bien. La Comunitat Valenciana ya cuenta con su propio registro de viviendas turísticas —de hecho, lleva años funcionando—, pero los problemas persisten: pisos sin licencia, zonas tensionadas por la saturación turística, vecinos hartos del “turismo de balcón” y plataformas digitales haciendo lo que les da la gana.

¿Puede que un registro estatal sirva para coordinar esfuerzos y mejorar el control? Posiblemente. ¿Puede también que termine siendo un monstruo burocrático, inútil e ineficaz? Absolutamente.

Y en ese limbo estamos.

¿Quién más se queja?

Valencia no está sola en esto. Cataluña ya ha mostrado su rechazo, Baleares está “estudiando” la medida con cara de pocos amigos, y otras comunidades con mucho peso turístico —como Andalucía y Canarias— podrían sumarse al carro de los descontentos. A este paso, el decreto va a tener más opositores que fans.

Incluso dentro del propio sector turístico hay división. Las grandes plataformas digitales ven con buenos ojos la unificación de criterios —siempre que no les cueste dinero, claro—, pero los pequeños propietarios están que trinan. Más registros, más trámites, más normativas… y todo sin saber si realmente va a mejorar algo.

¿Y si Madrid tiene (un poco de) razón?

Porque, seamos sinceros, la idea de que cada comunidad gestione su turismo a su aire tampoco ha sido la panacea. Existen 17 normativas distintas para regular los arrendamientos turísticos. Algunos territorios exigen un número de registro, otros no. Algunos multan por no tener licencia, otros lo ignoran. Un caos.

El Gobierno central argumenta que un registro único ayudaría a detectar fraudes, mejorar la recaudación fiscal, proteger a los consumidores y, de paso, tener una visión real del fenómeno. Que sí, que suena bonito. Pero la pregunta es: ¿por qué ahora, y por qué sin consenso?

La clave: la política (cómo no)

Este conflicto no es solo técnico. Es político, como casi todo en España. El enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los gobiernos autonómicos del PP (como el de Mazón en Valencia) se intensifica en cada decisión. Y cualquier excusa es buena para marcar músculo y defender el “autogobierno” frente al “centralismo”.

En el fondo, da igual si el registro es útil o no. Lo que importa es quién lo controla. Porque en política, como en la vida, el poder no se comparte fácilmente. Y si hay que llevar a alguien al juzgado para demostrarlo, pues se hace.

¿A quién le importa el turista?

Entre tanto debate político, una pregunta queda flotando en el aire: ¿qué pasa con el usuario final? Es decir, el turista que llega a Valencia buscando sol, paella y una habitación con wifi. ¿Le mejora la vida este registro estatal? ¿Tendrá más garantías? ¿Encontrará más fácilmente ofertas legales?

Difícil saberlo. Por ahora, los turistas seguirán reservando por Booking o Airbnb sin saber si el piso tiene licencia autonómica, estatal o está bendecido por el papa. Mientras tanto, las administraciones seguirán peleando por ver quién manda más.

¿Y tú, qué opinas?

¿Estamos ante una medida necesaria para ordenar el caos turístico, o es otro ejemplo del “yo más” autonómico frente al Estado?
¿Debe cada comunidad regular a su manera, o necesitamos una visión nacional para un fenómeno global como el turismo?

El debate está abierto. Las reservas, también.