El próximo miércoles 22 de noviembre, Cristina Moreno, directora general de Trabajo, ha convocado a todas las partes para mediar en el conflicto y evitar la huelga. CCOO y UGT realizarán ese día una concentración, de 10 a 11 horas, ante el Tribunal de Arbitraje Laboral, para reivindicar un convenio justo con salarios dignos.
Este lunes 20 de noviembre, CCOO de Construcción y Servicios PV ha realizado dos turnos de asambleas abiertas dirigidas a los profesionales empleados en el sector, para informar de las medidas de acción propuestas ante la situación de bloqueo en el Convenio de limpieza de edificios y locales en Valencia.
Ambas asambleas han contado con una gran asistencia de personal, debido a la preocupación que conlleva la negociación del convenio y a la convocatoria de huelga indefinida anunciada a partir del próximo viernes día 1 de diciembre.
Pedro Medina, responsable del sector en CCOO de Construcción y Servicios PV, ha explicado la situación actual del convenio, enfatizando el agravio comparativo que supone que la misma patronal haya firmado en otros territorios porcentajes superiores a los que ofrecen en Valencia.
Esta merma salarial, sumada a la actitud inmovilista en la negociación del marco regulador en el sector, es el detonante de la huelga indefinida a la que están convocadas más de 20.000 personas empleadas en la limpieza de edificios y locales de Valencia y Alicante.
Jaime Martínez, responsable de Acción Sindical de la federación, ha explicado la situación del convenio de Alicante, y el apoyo a la convocatoria de huelga a partir del próximo 1 de diciembre, que ha sido ratificada por medio de referéndum en todos los centros de trabajo, con más del 95% de apoyo, y que afectará a la limpieza de centros sanitarios de la provincia de Alicante.
El secretario general de CCOO de Construcción y Servicios PV, Josep Albors, ha recalcado la importancia del sector, ya que realiza un servicio esencial para la ciudadanía. Albors ha denunciado la devaluación salarial padecida con respecto a otros sectores, y ha condenado el aprovechamiento empresarial abusivo, que aumentan su margen de beneficios a costa del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del sector.
