El diputado de EUPV en Las Cortes Valencianas, junto a compañeros de la PAH de Castellón, han denunciado hoy la situación de una familia del grupo 18 de Almassora, que está amenazada de desahucio por parte de la. “Una familia compuesta por 4 menores, una anciana discapacitada y un padre sin trabajo y con muy pocos recursos económicos”.
Tormo ha recriminado la conducta de Bonig, catalogando como más propia de un director de banco que de cargo público de la administración, “el deber de la Consejería de Vivienda es garantizar el derecho a una vivienda digna a la ciudadanía del País Valenciano, no lanzar a la calle por no poder pagar la hipoteca “, y añade,” estamos ante una situación tremendamente injusta, y lo peor de todo es que no estamos hablando de un banco sino de la propia administración pública “.
El parlamentario informa que el estado del edificio de protección es deplorable, “completamente abandonado por el Consejo que ha dejado que poco a poco se convirtiera en una auténtica ruina y que tiene la intención de derribarlo en diciembre. Exigimos que se realojo a esta familia, sería una auténtica barbaridad que después de estar pagando la hipoteca durante 14 años, de quedarse sin trabajo y no poder afrontar su pago, con una deuda total de solamente 2.800 euros, la propia Consejería de Vivienda los dejara en la calle “.
Tormo recuerda que estamos hablando de una Generalitat morosa que debe 240 millones de euros en ayudas a la vivienda a 50.000 familias valencianas, “pero no puede tolerar que una familia tenga una deuda de 2800 euros, no porque no quieran pagar, simplemente porque no pueden “, y añade,” no se puede esperar mucho de una persona que entiende que las familias no pagan porque Tienen Mucha cara y no por la grave situación económica. Usted si que tiene mucha cara, Consejera Bonig “.
Para terminar, el diputado, asegura que detrás de este desahucio se encuentra una concepción racista y clasista de la realidad, “como se trata de una familia con muy pocos recursos económicos y de origen magrebí, pues desde el gobierno han preferido la opción fácil, echarlos de su casa y desentenderse de ellos definitivamente, en una actuación que solo se puede definir como miseria moral “.
