Nuevo desencuentro entre el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia y el grupo municipal de Esquerra Unida del País Valencià. Tras hacer entrega el concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, de ocho viviendas en calidad de alquiler social a familias de la ciudad con escasos recursos económicos, Rosa Albert (EUPV) ha arremetido contra el equipo de gobierno con aquello de “menos fotos de cara a la galería y más medidas para atender las necesidades de las familias que han perdido su vivienda”. Y dicho y hecho, la polémica servida en bandeja… de cemento.
Y dicho y hecho, la polémica servida en bandeja… de cemento.
Lo que el Ayuntamiento ha anunciado es sencillamente un capítulo más en la aplicación del Convenio para la creación de Fondos Sociales de Viviendas y la adhesión del Ayuntamiento de Valencia el pasado año. A esta cifra se suman las 11 entregadas el 19 de noviembre del 2013 y otras 11 el pasado 8 de abril. Con esta concesión son ya, recuerda el Ayuntamiento en su comunicado, una treintena de viviendas de alquiler social las que han sido entregadas en la ciudad (aunque finalmente fueran 37, puesto que tres de los beneficiarios no llegaron a firmar el contrato) desde que el consistorio firmase el convenio, suscrito entre los Ministerios de Fomento, Economía, Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias, y varias entidades de crédito.
Ha continuado el Ayuntamiento argumentando que si se tienen en cuenta las concesiones en toda la Comunidad Valenciana aprobadas hoy, son 28 las viviendas del Fondo Social de Bankia, de las cuales 14 pertenecen a la provincia de Valencia (Oliva; Paterna; Sagunto, Valencia ciudad, Villamarxant y Xirivella).
Este convenio tiene por objeto de promover la creación, por parte de las entidades de crédito, de fondos sociales de vivienda de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
Las acciones que desarrolla el acuerdo se encuentran especificadas en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (BOE núm, 60, de 10 de marzo) así como en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, cuyo objeto fundamental consiste precisamente en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.
Los beneficiarios de la concesión de viviendas deben cumplir tres requisitos: que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por impago del préstamo hipotecario iniciado por la misma entidad de crédito que forma parte del Fondo Social de Viviendas; que ese desalojo haya tenido lugar a partir del 1 de enero de 2008; y que en el momento de presentación de la solicitud de vivienda reúna las condiciones económicas y familiares exigidas o se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad.
Además, es necesario que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (fijado para 2013 en 532,51 €/mes. Es decir, el límite es 532,51 € x 3 = 1.597,53 €/mes).
En el caso de la ciudad de Valencia, hay un total de 106 viviendas, propiedad de 10 entidades de crédito, incluidas en el Fondo Social. El tamaño de estas viviendas es variado, oscilando entre los 49 m2 y los 114 m2. Los precios de arrendamiento oscilan entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar.
ESQUERRA UNIDA LE AFEA EL GESTO AL AYUNTAMIENTO: NADA DE FOTOS DE CARA A LA GALERÍA
Pero he aquí que, más allá del acto, la concejala de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha querido poner de relieve su visión sobre el Convenio en virtud del cual se realizan estas entregas, y ha querido aprovechar la oportunidad para recordar su disconformidad. Apoyándose supuestamente en datos facilitados por la propia concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert (PP), a una pregunta formulada por EUPV en el Pleno del pasado mes de julio, desde que se firmó dicho convenio, la edila de la formación de izquierdas asegura que se han tramitado un total de 16 contratos de alquiler social. “Estas cifras, lo que vienen a demostrar es la falta de interés del PP en poner los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y, por tanto, lo que han escenificado hoy tanto Novo como Bonig no es más que una foto de cara a la galería que se encuentra muy alejada de la verdadera política social que llevan a cabo los populares”.
Rosa Albert: “Estas cifras, lo que vienen a demostrar es la falta de interés del PP en poner los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna…”
“En el año 2013, cerca de 50.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas y el PP ha sido incapaz de ofrecer medidas que ofrezcan soluciones reales”, ha afirmado la edil, quien ha instado a la Concejalía de Bienestar Social a que revise el convenio que se firmó el pasado año y lo adapte “de manera que pueda dar respuesta a la problemática que supone que familias valencianas sean tiradas de sus casas sin que las administraciones correspondientes den una solución”.
La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar y ésta ha venido a través de la concejala aludida, Ana Albert, quien ha tirado de actas municipales para recordar que los datos puestos de relieve por la concejala de EUPV “son totalmente erróneos, pues son 38 viviendas y la respuesta es del pleno de abril” y no 16. Así pues, la polémica de las viviendas sociales acababa enfrentando a las dos ‘Albert’ (que por cierto ningún parentesco les une), que ha querido zanjar la concejala popular añadiendo que “EU debería dar la información completa de lo que se contesta a sus preguntas, dado que en total fueron 38 contratos de alquiler social los que el Ayuntamiento había puesto en marcha, gracias a los convenios que se han firmado para poder ofrecer esta solución a muchas familias necesitadas de la ciudad”.
Ana Albert: “EU debería dar la información completa de lo que se contesta a sus preguntas, dado que en total fueron 38 contratos de alquiler social…”
Albert ha apuntado que, a fecha de hoy, la cifra de contratos de alquiler social de viviendas que el Ayuntamiento ha gestionado alcanza un total de 48. “Aunque no les gusten los datos porque suponen que se está haciendo bien –ha continuado la edil- deben darlos completos, ya que se facilita a EU la información con total transparencia sería deseable que ellos también la facilitaran así”.
Asimismo, Rosa Albert ha recordado al equipo de gobierno del PP que, además de este convenio, el Ayuntamiento de Valencia tiene capacidad para poder ofrecer otras alternativas a las familias víctimas de un desahucio, dotando partidas presupuestarias suficientes en los presupuestos, en concreto en el de 2015 que se aprobó inicialmente el pasado viernes, y poniendo a disposición de la Concejalía de Bienestar Social todas las viviendas propiedad municipal que en estos momentos se encuentran vacías. “En definitiva, se trata de una cuestión de voluntad política, el PP debe decidir entre poner todos sus recursos a disposición de la ciudadanía, que en estos momentos no tiene garantizado el acceso a derechos constitucionales básicos, o seguir sin reconocer la realidad y dar la espalda a la situación tan grave por la que estamos pasando”, ha declarado.
Ana Albert, por su parte, ha resaltado asimismo que “más allá de los números lo que importa es dar solución a las familias que tienen un problema con su vivienda, por ello está en marcha también el servicio de intermediación hipotecaria mediante el cual se ha atendido a 842 personas, logrando un acuerdo en 101 de los casos de desahucios, y se han concedido 850.000 euros en ayudas de emergencia relacionadas con la vivienda sólo en el año 2013, además de que no nos paramos aquí, puesto que en el Presupuesto municipal para 2015 una de las líneas prioritarias de acción es precisamente incrementar los recursos destinados a las ayudas de vivienda, como así se informó en la presentación de los Presupuestos y se ha informado a EU en particular”.
VLC Noticias | Redacción
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